Entre 1945 y 1949 se desarrollaron en la ciudad alemana de Nüremberg una serie de procesos judiciales contra los líderes del Nazismo y sus subordinados, responsables de todo tipo de crímenes ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial. En estos procesos, los jueces designados por las potencias vencedoras condenaron a muerte a muchos de esos jerarcas […]
Entre 1945 y 1949 se desarrollaron en la ciudad alemana de Nüremberg una serie de procesos judiciales contra los líderes del Nazismo y sus subordinados, responsables de todo tipo de crímenes ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial.
En estos procesos, los jueces designados por las potencias vencedoras condenaron a muerte a muchos de esos jerarcas nazis y a otros a largas penas de prisión, algunas perpetuas.
Lo más destacable de esos juicios es que se hicieron violando un principio básico del derecho penal expresado en la locución latina «nullum crimen nulla poena sine praevia lege», que significa que no es conducta criminal ni merece castigo toda acción que no haya sido previamente tipificada como un delito.
Y, si bien nadie discute la validez de ese principio del derecho, las circunstancias y la enormidad de las salvajadas cometidas por el nazismo justificaron la violación de este razonable criterio jurídico conocido también como el «principio de la irretroactividad de las normas penales».
Porque es cierto que en tiempo de los juicios de Nüremberg había un vacío legal que impedía procesar a los gobiernos de países soberanos que declaraban una guerra al mundo sin justificación alguna. Y por ello, teóricamente, los nazis sólo debieron haber sido juzgados por tribunales alemanes y únicamente por delitos tipificados previamente como tales.
Pero no es menos cierto que el nazismo ejerció un control absoluto sobre los legisladores y los jueces de Alemania convirtiendo en una quimera cualquier intento de persecución penal de los crímenes nazis si se respetaban los tradicionales principios del derecho.
De manera parecida hay que considerar las conductas de las autoridades de organismos internacionales y las de los propietarios, los directivos y las gerencias de las entidades bancarias y financieras cuyo afán de lucro ha generado la burbuja especulativa que ahora ha estallado de manera global.
Este estallido perjudica hoy a los habitantes de los países desarrollados, pero anteriormente había provocado alzas insoportables en los alimentos, condenando a la muerte por inanición o por enfermedades derivadas de la desnutrición a millones de habitantes de los países más pobres del mundo, generando además guerras en todo el planeta para apropiarse de esos recursos.
Se dirá, por supuesto, que las conductas de esos dirigentes de las finanzas mundiales no están tipificadas por ninguna normativa penal y que, a lo sumo, podría tratarse de incumplimiento de normativas bancarias o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en otros casos.
Sin embargo, el neoliberalismo y las finanzas globales organizaron cuidadosamente la devastación de la estructura productiva del planeta por medio de organismos como el FMI, el BM y la OMC, imponiendo en todo el mundo leyes que fomentaban la especulación descontrolada y destruían legalmente la seguridad alimentaria de los pueblos.
Esto fue realizado de manera muy parecida a la que el Nazismo utilizó para organizar, incluso jurídicamente, la devastación de Europa.
Por ello, las muertes y las graves enfermedades con sus consecuencias irreversibles para los más pobres del planeta, junto con el empobrecimiento creciente en los países desarrollados y el aumento de la violencia asociada a ese empobrecimiento, deben ser consideradas un genocidio en el sentido más estricto de la palabra.
Aunque antijurídico, fue legítimo juzgar y condenar a los responsables de los crímenes nazis.
Por ello, aunque antijurídico, también es legítimo juzgar y condenar a quienes se enriquecieron extraordinariamente con las políticas económicas neoliberales que empobrecieron, enfermaron y están llevando a la muerte a decenas de millones de seres humanos.
Porque, como en el caso del nazismo, estos banqueros y financieros criminales controlan el poder político de la mayoría de los países y se encargaron cuidadosamente de que, mediante la desregulación, sus conductas criminales no fueran tipificadas como delitos. Ellos, mejor que nadie, sabían que las leyes «ex post facto» son antijurídicas.
Por tal razón, como en los Juicios de Nüremeberg, no debe aplicarse el principio de «nullum crimen nulla poena sine praevia lege» a los responsables de esta crisis financiera global.
Los autores intelectuales de una normativa que permitió depredar legalmente el planeta y los que se enriquecieron inadmisiblemente con esa depredación deben ser juzgados y condenados.