Alguna cosa ha cambiado radicalmente en el ámbito de los movimientos sociales en Brasil a partir de 2003, el año en que asumía el Gobierno Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), arrastrado por una población ávida de cambios. En todo el país, la máxima era que la esperanza había por […]
Alguna cosa ha cambiado radicalmente en el ámbito de los movimientos sociales en Brasil a partir de 2003, el año en que asumía el Gobierno Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), arrastrado por una población ávida de cambios. En todo el país, la máxima era que la esperanza había por fin vencido al miedo; y mucha gente confiaba alternativas para la vida de todos aquellos que, por largos años, habían luchado para garantizar un gobierno de izquierda en Brasil. Esa esperanza traía el deseo por transformaciones que diesen salida a toda una demanda popular construida a lo largo de los gobiernos anteriores
Pero pocos meses después, el presidente Lula dio inicio a un proceso de división y desagregación de los movimientos sociales que hoy, pasados ocho años, se configura en un cuadro de completa desmovilización, apatía y cooptación. Al iniciarse el tercer mandato petista, en 2011, con Dilma Roussef a la cabeza, lo que queda del movimiento social combativo en Brasil no pasa de luchas puntuales, no articuladas y casi sin posibilidad de victoria.
Uno de los primeros actos de Lula cuando llegó al poder fue la llamada contrarreforma de las pensiones. Pese a que a lo largo del mandato de Fernando Henrique Cardoso el PT fuera el partido más importante en la lucha contra las medidas de alteración en la Seguridad Social, fue Lula quien consiguió poner en práctica casi todo lo que las grandes corporaciones privadas de pensiones deseaban desde hace tiempo. La propuesta de reforma incluía el aumento de la edad de jubilación, el fin de la jubilación por tiempo de servicio, el fin de la jubilación integral y la entrada del seguro privado en la vida de la población brasileña como única forma de garantizar un sueldo viable a la hora de retirarse. Un duro golpe a las y los trabajadores.
Ahí fue cuando empezó la división. Parte de los sindicatos y partidos de izquierdas decidió apoyar al Gobierno y su propuesta de reforma. Algunos de ellos, de buena fe, creyendo que sería imposible que el PT presentara cualquier propuesta que pudiese traer perjuicios a las y los trabajadores. Otra parte ya estaba cooptada con cargos en el Gobierno. Apenas una pequeña parcela del mundo sindical se alzó contra la medida.
Se desató entonces una huelga, en la que participó la mayoría de los trabajadores del servicio público (los más afectados por aquella reforma). Pero en las mismas organizaciones de los trabajadores del servicio público hubo división, lo que debilitó el movimiento. La huelga contra la reforma de las pensiones duró tres meses y terminó con poca fuerza. El Gobierno del PT, nacido de las luchas sindicales y populares, sabía muy bien cómo hacer para destruir la unidad de las y los trabajadores y decidió ofrecer ganancias salariales separadamente para las categorías en lucha. El resultado fue la división.
Debilitamiento de las organizaciones
Al final la reforma fue aprobada y algunas categorías lograron aumentos significativos. De lo que muchos líderes sindicales no consiguieron informar a lo largo de ese proceso fue de que la reforma aniquilaría esos aumentos cuando la edad de jubilación llegara. La huelga que se había iniciado como una lucha contra la reforma terminó con la presentación de tablas de reajustes salariales. Por si con esto no bastara, la reforma garantizó la entrada de los fondos de pensiones, obligando a las y los trabajadores que ganaban más de 2 300 reales (cerca de mil euros) a optar por esa alternativa de riesgo.
Más tarde, en 2005, toda esa operación para aprobar la reforma estalló con el escándalo del mensalão [1], que demostró que el Gobierno había comprado el voto de gran parte de las y los parlamentarios para que fuesen favorables al proyecto. También más tarde, fueron los socios políticos de Lula los que asumieron la dirección de las empresas de fondos de pensiones, como ha denunciado el periodista Ranier Bragon [2]: «El ADN político de los 43 directivos de los grandes fondos de pensión estatales brasileños muestra una fuerte relación con partidos políticos, notablemente el PT. (…) Siete de los diez directores de los mayores fondos son del PT».
Necesidad de articulación
Las entidades que operaran en la huelga contra la reforma de la Seguridad Social entendieron que era necesaria una forma de articulación nacional para dar salida a las luchas. Empezó entonces un proceso de construcción de lo que se conoció como Coordinación Nacional de Luchas, la Conlutas. Esta coordinación realizó encuentros nacionales y apuntó nuevas estrategias para la defensa de las y los trabajadores. Durante la huelga todo funcionó muy bien, pero, tan pronto terminó el movimiento, incluso esa coordinación empezó a dar señales de desintegración. La dirección, hegemonizada por el Partido Socialista de los Trabajadores de Brasil (PSTU), encontraba oposición por parte de otras fuerzas, e incluso dentro de ese incipiente espacio de lucha creado con la huelga la división estalló.
El Gobierno atacó la lucha sindical con otro golpe certero. Creó el Foro Nacional del Trabajo y Empleo (FNTE), un espacio que reunió trabajadores, gobierno y patrones, al mejor estilo de la conciliación de clases. La idea era discutir conjuntamente las estrategias para una convivencia pacifica entre capital y trabajo, forzando la creación de una reforma sindical. La propuesta de reforma que se gestionó en el FNTE acabó enlazando fuertemente el mundo sindical al Estado y las centrales sindicales fueron legalizadas, teniendo que cumplir con una serie de requisitos para garantizar la representación de las y los trabajadores. Es decir, el Estado y los patrones definieron juntos las reglas para la organización de los trabajadores, cosa que en gobiernos anteriores habría puesto al movimiento sindical entero en las calles. Apenas algunas entidades ligadas a la Conlutas clamaron contra ello.
La universidad
Aún en el seno de las reformas (o contrarreformas) el Gobierno decidió atacar a la universidad y, con eso, disparar mortalmente a uno de los movimientos más fuertes en el país: el de las personas docentes y técnicos-administrativos de las universidades. El gobierno creó el Programa Universidad para Todos (Prouni), una propuesta que garantizaba la renuncia fiscal para las universidades privadas, en caso que ellas ofrecieran becas a jóvenes provenientes del sistema público.
Esta política sirvió como propulsor de propaganda del Gobierno, que ganó las mentes de las familias empobrecidas. Para hacernos una idea, sólo en 2010, según el Ministerio de Educación, el Prouni concedió 241 273 becas de estudio para estudiantes empobrecidos, y apenas la mitad de ellas fueron integrales, lo que significa que más de 100 mil estudiantes aún tuvieron que encontrar formas de asumir el pago de las mensualidades.
Con esas becas, el Gobierno dejó de recaudar en impuestos (renuncia fiscal de las universidades privadas) unos 105 millones de reales, «un coste muy bajo», según el Ejecutivo. Sin embargo, con ese monto para la iniciativa privada, las universidades públicas habrían podido suplir una demanda de más de 400 mil plazas, todas públicas, sin costes para las y los estudiantes. Pero no se logró. El Gobierno debilitó las instituciones federales de enseñanza y salvó de la ruina a las universidades privadas. Además, el sindicato nacional del profesorado terminó dividido en dos instituciones distintas, y el de los técnicos y administrativos gravemente desintegrado.
El conflicto agrario
En el campo popular esa división también acabó por explicitarse. El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), por ejemplo, se quedó en silencio largo tiempo, en defensa de Lula. Durante las primeras reformas no hubo mucho apoyo, apenas algunos líderes aislados. Sólo más tarde, ya en el segundo mandato, el MST empezó a hacer críticas porque el Gobierno avanzó poco en la reforma agraria. En el campo de las desapropiaciones de tierra para los trabajadores el número fue menor que durante el Gobierno de Cardoso. El Gobierno dice que aumentaron las desapropiaciones en un 120 por ciento, pero conforme al estudio de Ariovaldo Umbelino de Oliveira [3], apenas un tercio de ese total sería de asentamientos nuevos.
Lo que sí continuó de forma sistemática fue la violencia en el campo. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), los intentos de asesinato pasaron de 44 en 2008 a 62 en 2009; las amenazas de muerte de 90 a 143; y el número de personas presas en los conflictos de tierra aumentó de 168 a 204. En el año 2008 se registraron 9 077 familias desalojadas, subiendo a 12 388 en 2009. También aumentó el número de familias amenazadas por pistoleros, de 6.963 a 9 031. Esos datos provocaron que el MST empezara a bosquejar una reacción.
Otras batallas
Las demás batallas del país, como la que exigía la no transposición del Río San Francisco, o la construcción de la presa de Belo Monte, fueron y siguen siendo luchas aisladas, poco difundidas y sin articulación nacional. Como las centrales sindicales están desintegradas y, en su mayoría, enlazadas con el Gobierno, no existe un movimiento que informe y organice la resistencia. Todo queda desagregado, sin fuerza. En el norte, el movimiento indígena intenta avanzar en sus demandas contra la presa de Belo Monte, por la demarcación de las tierras y contra la invasión de tierras ya demarcadas, pero, igualmente, acaba haciendo una lucha sin resonancia.
En lugares como São Paulo, el movimiento de familias sin-techo fue bastante fuerte durante el Gobierno de Lula, con muchas acciones y grandes resistencias. También el movimiento por el transporte público movilizó multitudes, pero sin la articulación necesaria para incendiar el país entero. La Central de Movimientos Populares, que tuvo una importancia capital en la articulación de las luchas durante el Gobierno de Cardoso y que, junto con el Jubileu Sul (Jubileo Sur), organizó nacionalmente la lucha contra la deuda externa, tampoco consiguió aunar los movimientos en luchas nacionales a lo largo del Gobierno Lula.
Según un informe del Ministerio de Hacienda [4], el país tiene una deuda interna de un trillón y 628 billones de reales (cerca de 708 billones de euros). Pocas son las entidades que hablan sobre eso y proponen luchas contra esa sangría de la economía nacional. Tampoco se consigue llegar a la opinión pública pues las informaciones apenas circulan en algunos foros.
Dilma y sus retos
Ahora, en 2011, la presidenta Dilma Roussef, también del PT, inicia su mandato con la restructuración ortodoxa de todo el personal del área de economía. Ya ha anunciado un recorte de 50 billones en el presupuesto del país y todos saben de donde saldrá: salud, educación, seguridad, vivienda, cultura, ciencia y tecnología. Proyectos como la Bolsa Familiar, que garantiza una renta mínima (140 reales, cerca de 60 euros) a casi 12 millones de familias, son importantes, pero no dejan de ser paliativos. No existen en el Gobierno propuestas de emancipación real para las personas más pobres. Aun así, en el inicio de este año, con tantas medidas de recesión, todavía son pocos los movimientos de lucha. Si algo se mueve en Brasil, esos son los pequeños y puntuales movimientos que no han conquistado aún una articulación capaz de dar cuenta de una lucha unificada en el país.
Para algunos analistas, como el profesor de Economía Nildo Ouriques, será preciso que la crisis se instale con más concreción para que los movimientos sociales den inicio a un proceso unificado de lucha efectiva en las calles. Pero, aunque eso suceda, sin una propuesta nacional y revolucionaria que pueda organizar esas luchas, las acciones seguirán siendo puntuales e inocuas del punto de vista de la transformación. Por ahora no se vislumbra en el horizonte la posibilidad de una acción coordinada. Falta preparación de las y los líderes y un proyecto unificador para que trabajadores, movimientos sociales y sindicatos puedan entrar, finalmente, en el rol de las grandes transformaciones que ya se construyen en otros países de Latinoamérica.
Elaine Tavares es periodista e investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Federal de Santa Catarina (IELA ), Brasil.
Traducido para Pueblos por Laura Daudén, periodista y colaboradora de Pueblos.
Este artículo ha sido publicado en el nº 46 de la Revista Pueblos, segundo trimestre de 2011.
Notas
[1] El esquema de compra de votos de congresista quedó conocido como «mensalão» porque hace referencia a las mensualidades que se pagaban para la aprobación de proyectos.
[2] «Maioria dos diretores de fundos de pensão é ligada ao PT», 08/03/2009. Ver en: www.conjur.com.br.
[3] «Incra infla números de reforma agrária», 28/02/2011. Ver en: www.istoedinheiro.com.br.
[4] Relatório Mensal da Dívida Pública Federal . Pueden consultarse en www.tesouro.fazenda.gov.br.