La eclosión de Brasil como potencia económica y política en el escenario global, su ingreso en una sedicente «modernidad», el «milagro» económico (incluido el «boom» de la construcción que acompaña a mundial de fútbol en 2014 y a las olimpiadas de 2016), la presencia de transnacionales que operan en nuevos sectores y el ensanchamiento de […]
La eclosión de Brasil como potencia económica y política en el escenario global, su ingreso en una sedicente «modernidad», el «milagro» económico (incluido el «boom» de la construcción que acompaña a mundial de fútbol en 2014 y a las olimpiadas de 2016), la presencia de transnacionales que operan en nuevos sectores y el ensanchamiento de las clases medias, enfrentan al país a nuevos retos. Un nuevo escenario en el que también ha de lidiar el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Uno de sus portavoces, Augusto Juncal, ha reflexionado sobre estos desafíos -que se abordarán en el VI Congreso Nacional del MST, en enero de 2014- en un acto organizado en Valencia por CEDSALA.
Los tiempos cambian. Brasil se exhibía, hasta no hace mucho, como la sexta economía mundial y ha pasado de país deudor a acreedor del FMI. ¿Cómo afecta esto al MST? En los últimos 20 años, el movimiento social ha implementado sus luchas contra los latifundios «atrasados» y «violentos», contra los antiguos terratenientes, explica Augusto Juncal. Hoy, por el contrario, «el enemigo son las transnacionales», añade. El problema reside en que a las nuevas fuentes de acumulación (semillas transgénicas, telecomunicaciones, red eléctrica, banca, entre otras) se las considera «modernas» y con una influencia positiva. Y así, «es muy difícil movilizar a la gente para que luche contra algo que se considera «progreso» y «modernidad», como ocurre con el agronegocio», subraya el portavoz del MST.
El contexto tiene consecuencias decisivas en las políticas de los gobiernos y en la agenda de los movimientos sociales. Brasil dispone actualmente de las mayores reservas petrolíferas del mundo (El Presal), que el gobierno tiene intención de privatizar. Frente a este propósito, el MST ha impulsado una campaña para defender la condición pública de estos recursos y frenar su entrega a las transnacionales. «Estas corporaciones son las que realmente gobiernan el mundo; otra cosa es el poder político formal; enfrente, sólo encuentran una izquierda fragmentada y muchas veces con poca formación», explica Augusto Juncal.
¿Para qué una reforma agraria hoy?, cuestionan los discursos preñados de «progreso». Y en un ambiente muy favorable, de «desarrollo» y «modernidad», se sitúa a los movimientos sociales en una coyuntura de lucha muy difícil. Pasaron las últimas dos décadas de movilizaciones en un contexto de crisis. «Igual que en Europa -compara- parte de la clase trabajadora ha pasado a considerarse clase media y renuncia a la lucha de clases». Según Juncal, «ahora vivimos una fase de resistencia sin avances; estamos debilitados; la balanza se está desequilibrando a favor de nuestros enemigos, aunque trabajamos como «locos» para mantener el equilibrio de fuerzas». La cuestión es cómo ganarse a la sociedad brasileña con una economía en pleno crecimiento.
Para los nuevos tiempos, el MST propone una «reforma agraria popular», frente a la de tipo «clásico». Después de 30 años de experiencias de lucha y reflexión, el movimiento social apuesta en el presente por la agroecología, la soberanía alimentaria, la democratización de la tierra o la construcción de escuelas que difundan la agricultura ecológica frente al agronegocio. «Hoy es más difícil la lucha por la potencia del agronegocio», insiste Juncal (incluso personajes tan populares como Pelé publicitan sus intereses). Se agotó el modelo de latifundio atrasado, sin tecnología y con tierras ociosas para la especulación. También hay que repensar, añade, los métodos tradicionales de protesta: corte de rutas, ocupaciones de tierras, marchas… «Hace falta algo más». El portavoz del MST opina que entonces «era más fácil convencer a la población de la necesidad de una reforma agraria». Sin embargo, matiza, «hay elementos como la soberanía alimentaria y la necesidad de comida sana a los que la población puede ser hoy receptiva».
Otra cuestión esencial es entender la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos del PT durante una década (entre 2003 y 2010, con Lula da Silva y después con Dilma Rousseff). En líneas generales, afirma Augusto Juncal, «defienden los intereses de la burguesía y la hegemonía del agronegocio, no a la clase trabajadora». Ahora bien, «no da igual un gobierno del PT que del derechista Cardoso», matiza. Tras muchos años de derrotas (el PT fue fundado en 1980), Lula accedió al ejecutivo en 2003, tras una victoria electoral. «Su llegada al gobierno no fue una conquista de la clase trabajadora», apunta. Una vez en la presidencia, recuerda el portavoz del MST, Dilma y Lula han formado gobiernos «con clases heterogéneas y antagónicas, que incluyen los intereses del capital transnacional, la gran burguesía industrial brasileña, los grandes terratenientes, la clase media y trabajadora».
Pero en el balance final pesa más el «debe». La malgama de intereses no ha beneficiado a las clases populares. «Los ministerios de agricultura han estado en manos de los grandes intereses rurales. En el reparto, a los movimientos sociales nos ha «tocado» Medio Ambiente y Desarrollo Agrario, unos departamentos con muy poco dinero e influencia política». Juncal resume la correlación de fuerzas en la división de la «tarta» presupuestaria: el 70% corresponde al agronegocio mientras que el restante 30% se destina al agricultura familiar, y eso que la propiedad familiar produce el 80% de los alimentos que consumen los brasileños. A ello se añade, subraya el portavoz del MST, «una gran campaña para señalar que la agricultura familiar no es rentable, pero sí que lo es, según nos dicen, el «moderno» agronegocio».
A los gobiernos del PT se les achaca la falta de fuerza pero, sobre todo, de voluntad política. La necesaria para impedir, por ejemplo, la aprobación del nuevo código forestal que abre la puerta a una mayor deforestación de la amazonía. O la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. También se reclama una mayor implicación gubernamental en la persecución de la esclavitud, que todavía aflora en fábricas y haciendas; o se achaca al gobierno su incapacidad para proteger los territorios indígenas de los intereses de la minería. O que se mantengan siderales diferencias de renta entre los estratos superiores e inferiores, al tiempo que 17 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Tampoco se ha impulsado una reforma tributaria que compense el predominio de la imposición indirecta.
El portavoz del MST reconoce algunos avances que, en todo caso, resultan «poco significativos para un cambio global; se basan en políticas asistencialistas, no estructurales». Es el caso del programa «Bolsa-Familia», que consiste en ayudas para las familias muy pobres. Un efecto «muy positivo» para el campo brasileño han tenido, según Augusto Juncal, el programa «luz para todos» y, para los asentamientos y las pequeñas propiedades rurales, la iniciativa según la cual escuelas y hospitales han de comprar el 30% de los alimentos producidos por la agricultura familiar. Por lo demás, frente al discurso catastrofista de la economía ortodoxa, Dilma Rousseff logró que conviviera una inflación baja con subidas salariales.
Pero la reforma agraria continúa siendo la cuestión batallona para el MST. «Dilma es una tecnócrata con poco discurso político, y la reforma agraria está a años luz de los objetivos de su gobierno; nos dice que resulta muy cara», asegura Juncal (el expresidente Cardoso, representante del liberalismo y de la gran burguesía, «asentó» a más familias que Lula; en 2012, el ejecutivo de Dilma Rousseff no «asentó» a ninguna). «Hay familias que llevan una década acampadas y que no aguantan más; también hay muchas familias acogidas a programas asistenciales que desisten de movilizarse». Pero lo que supondría «un golpe muy fuerte contra nuestras luchas», explica Juncal, es la «emancipación de los asentamientos», una política impulsada por el gobierno de Dilma Roussef «que se mantiene en la lógica de la competitividad capitalista». Consiste en que las familias puedan acceder a la propiedad privada de las tierras y, en consecuencia, poder vender y comprar las mismas. El MST defiende la propiedad pública de la tierra (y las políticas públicas de créditos y ayudas) que además evitarían la acumulación de patrimonios por el agronegocio.
La falta de voluntad política para la reforma agraria se pone de manifiesto, asegura el portavoz del MST, en que «la Constitución permite la expropiación de tierras, es decir, el gobierno cuenta con instrumentos». Lula, recuerda, siempre hablaba de la reforma agraria en los asentamientos, cuando los visitaba durante las campañas electorales. «En un primer momento el MST apoyó a Lula. Durante los dos primeros años de su gobierno no promovimos ninguna ocupación; después ya dijimos que libertad de voto, siempre que fuera a un partido de izquierdas y defendiera la reforma agraria». Insiste, a pesar de las críticas, en que el PT no es la derecha: «Con Lula hubo espacios para el diálogo pero también presión». «Palo y prosa», dicen en Brasil. «Siempre preferimos gobiernos progresistas». «Una de las grandes diferencias es la violencia de la policía donde manda la derecha». Y, además, «buena parte de nuestras bases siente aprecio por el PT y las críticas han de hacerse con cuidado». Pero «defendemos nuestra autonomía», concluye el portavoz del MST.
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