El golpe parlamentario-judicial producido en Brasil tendrá repercusiones en la vida social y política del país difíciles de prever, a pesar de que, según la versión oficial y la de Estados Unidos, todo se ha desarrollado dentro de la normalidad democrática. Aunque también son de prever repercusiones internacionales, no solo porque Brasil es la séptima […]
El golpe parlamentario-judicial producido en Brasil tendrá repercusiones en la vida social y política del país difíciles de prever, a pesar de que, según la versión oficial y la de Estados Unidos, todo se ha desarrollado dentro de la normalidad democrática.
Aunque también son de prever repercusiones internacionales, no solo porque Brasil es la séptima economía mundial y ha asumido en los últimos años una política internacional relativamente autónoma, tanto en el plano regional como en el mundial, a través de la participación en la construcción del bloque de los BRICS, sino también porque el modelo de desarrollo adoptado en los últimos trece años parecía indicar que son posibles alternativas parciales al neoliberalismo puro y duro, siempre que no se toque su vanguardia avanzada, el capital financiero global (es cierto que los BRICS pretendían tocarlo con el tiempo -banco de desarrollo, transacciones con divisas propias-, por lo que se volvió urgente neutralizarlos).
Para reflexionar de manera informada sobre las posibles repercusiones, es necesario determinar la naturaleza política y constitucional del régimen político posterior al golpe. Hubo golpe porque no fue aprobado el crimen de responsabilidad que la oposición le atribuye a Dilma Rousseff, el único hecho que en un régimen presidencial puede justificar la destitución. Siendo así, es fácil concluir que hubo una interrupción constitucional, pero su naturaleza es difícil de tipificar. No hubo declaración de guerra, no fue declarado el estado de sitio o estado de emergencia. Fue una interrupción anómala que resultó del hinchamiento excesivo de uno de los órganos de soberanía, el poder legislativo, con el consentimiento e incluso la cooperación activa del único órgano de soberanía que podía impedir la interrupción constitucional, el poder judicial.
Visto a la luz de los influyentes debates de los años veinte del siglo pasado, lo que ha ocurrido en Brasil ha sido el triunfo de Carl Schmitt (primacía del soberano) sobre Hans Kelsen (control judicial de la Constitución). Y lo curioso es que esta victoria estuvo asegurada por el Supremo Tribunal Federal (STF) al consentir, por acción u omisión, las anomalías constitucionales y las extravagantes interpretaciones que se han acumulado a lo largo del proceso. Hubo, por tanto, rendición de uno de los órganos de soberanía al poder soberano. Por eso, en sentido estricto, el golpe fue parlamentario-judicial y no sólo parlamentario. ¿Cuál fue en este caso el poder soberano? Ciertamente, no fue el pueblo brasileño, pues poco antes había expresado su voluntad en las urnas y elegido a la presidenta Dilma. Fue un soberano de varias cabezas constituido por la mayoría parlamentaria, los grandes medios de comunicación, el capital financiero, las élites capitalistas vinculadas a él y Estados Unidos, cuya participación por ahora está poco documentada, aunque se manifestó de diversas formas, de las cuales las más evidentes fueron, por un lado, la visita de John Kerry a Brasil y la declaración a la prensa junto a José Serra (que entonces ni siquiera era un ministro con plenos poderes, pues el proceso de destitución, si bien en marcha, todavía no había alcanzado su fase final) para destacar las buenas condiciones que se abrían para el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.
El siguiente fragmento con algunas de las declaraciones de la reunión de John Kerry mantenida el pasado 5 de agosto con José Serra resulta sorprendentemente esclarecedor: «Me parece honesto decir que en el transcurso de los últimos años las discusiones políticas en Brasil no habían permitido el pleno florecimiento del potencial de nuestra relación» (http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/08/260893.htm).
Por otro lado, igualmente esclarecedora es la visita a Washington del senador Aloysio Nunes, el día después de la aprobación del proceso de destitución en la Cámara de Diputados, para mantener conversaciones con el número tres del Departamento de Estado y exembajador en Brasil, Thomas Shannon, la figura más influyente en la definición de la política estadounidense para el continente.
En este contexto es importante responder a tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del régimen político de Brasil tras el golpe parlamentario-judicial? ¿Cuál es el significado del acto de rendición judicial? ¿Cuáles son los desafíos para las fuerzas democráticas? En este texto respondo a las dos primeras. Naturaleza del régimen político. Es un régimen que se define más fácilmente de manera negativa que positiva. No es una dictadura como la que existió hasta 1985; tampoco es una democracia como la que existía hasta el golpe; no es una dictablanda o una democradura, designaciones en boga para caracterizar los regímenes de transición de la dictadura a la democracia. Se trata de un régimen anómalo nítidamente transicional sin dirección definida hacia la cual transitar. En los términos de la teoría de sistemas, es un sistema político altamente desequilibrado, en una situación de bifurcación: la alteración más pequeña puede provocar grandes cambios sin que su sentido sea predecible.
Puede resultar en más democracia o en menos, pero en cualquier caso es de prever que ocurra con alguna turbulencia social y política. El desequilibrio resultó de la ruptura institucional forzada por el sector mayoritario de las élites económicas y políticas, que sintió amenazado su régimen de acumulación capitalista, y de la lógica social del señor/esclavo (en Brasil, la lógica de separación entre la casa grande y la senzala [1]), que legitima muchas de las jerarquías sociales de las sociedades capitalistas con fuerte componente oligárquico de raíz colonial. Fue una ruptura que no tenía como objetivo alterar el sistema político (este, de hecho, se reveló muy funcional), sino tan solo alterar un resultado electoral y restaurar el estado de cosas vigente antes de la intrusión del Partido de los Trabajadores (PT).
Las élites ahora en el gobierno harán todo lo que esté a su alcance para reparar esta ruptura lo más rápidamente posible. No pueden hacerlo a través del gobierno y con medidas que agraden a las mayorías, dado que la restauración capitalista-oligárquica exige medidas antipopulares. Además, es de prever que la destrucción de las políticas sociales e instituciones del período anterior se lleve a cabo de forma rápida y sin disfraces de reconciliación social. Es de prever otra versión de la doctrina del shock similar a la austeridad impuesta por el FMI y la UE a los países del sur de Europa o a la que está aplicando el presidente Macri en Argentina, con la salvedad de que Macri ganó las elecciones. Remendar la ruptura por vía electoral tampoco es viable porque no es seguro que ganen las elecciones. Les resta, por tanto, usar de nuevo el poder judicial, ahora para reponer cuanto antes la idea de la normalidad institucional. Esto será posible a través de algunas decisiones judiciales compensatorias que creen la idea, tal vez ilusoria, pero creíble, de que las instituciones no perdieron por completo la capacidad de limitar la arbitrariedad del poder político y la arrogancia del poder social y económico. La probabilidad de que esto ocurra depende de las fracturas que puedan surgir dentro del poder judicial, como sucedió en tiempos recientes. Y si ocurriera, ¿sería esto suficiente para reconstruir la normalidad institucional sin la cual la gobernabilidad será muy difícil? Nadie puede predecirlo.
Además, el contexto del golpe parlamentario-judicial hace que este no haya podido concluir con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Debe continuar hasta que las élites tengan la certeza de que la democracia no supone ningún riesgo para ellas. Y para que el golpe continúe todavía seguirá siendo necesaria mucha intervención del poder judicial.
El sistema judicial: dos pesos, dos medidas. El papel central del sistema judicial en los equilibrios y desequilibrios del periodo posterior a 1985 debe ser analizado en detalle, ya que esto puede ayudarnos a comprender comportamientos futuros. La operación Lava Jato [2] presenta grandes ambivalencias. Si, por un lado, hizo que grandes empresarios, políticos y contratistas fueran procesados penalmente, rompiendo, de algún modo, con la sensación de impunidad; por otro, su gran base de apoyo es la involucración de personajes de la izquierda brasileña, sobre todo del PT. Es decir, el gran apoyo social y mediático que la operación Lava Jato recibe es por perseguir a la izquierda. Esto resulta evidente cuando comparamos la operación Lava Jato con la operación Satyagraha, que investigó casos de corrupción y blanqueo de capitales que involucraban, principalmente, al banquero Daniel Dantas con las privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esta última fue dirigida por el juez federal Fausto de Sanctis y por el delegado de la Policía Federal Protógenes Queiroz. La reacción por parte del SFT a esta operación fue grande y muy diferente a la actual: el delegado Protógenes Queiroz fue condenado penalmente y expulsado de la Policía Federal; el juez federal Fausto de Sanctis sufrió la persecución del entonces presidente del SFT, Gilmar Mendes, que ofició el Consejo Nacional de Justicia (del que también era presidente) para determinar la conducta del juez. Fue un gran envite de la Justicia Federal de primera instancia contra el SFT. Por su parte, el arresto del banquero Daniel Dantas, que llegó a ser esposado, fue, en el fondo, el origen real de la Súmula [3] Vinculante 11 del SFT, que establece: «Solo es lícito el uso de esposas en casos de resistencia y de riesgo fundado de fuga o peligro para la integridad física propia o ajena, por parte del preso o de terceros, justificada la excepcionalidad por escrito, bajo pena de responsabilidad disciplinar, civil y penal del agente o de la autoridad y de la nulidad de la prisión o del acto procesal al que se refiere, sin perjuicio de la responsabilidad civil del Estado».
Tal vez esto baste para concluir que en Brasil (y ciertamente el caso no es único) el éxito de la justicia criminal contra ricos y poderosos parece estar fuertemente relacionado con la orientación político-partidaria de los investigados. Pero hay más. La nominación del expresidente Lula como ministro llevó al juez Sérgio Moro a cometer uno de los actos más flagrantemente ilegales de la justicia brasileña contemporánea: permitir la divulgación del audio entre la presidenta Dilma y el expresidente Lula cuando ya sabía que él no era competente para el procesamiento. El ministro del STF, Teori Zavascki, escribió en su despacho: «Fue también precoz y, al menos parcialmente, equivocada la decisión que anticipó juicio de validez de las interceptaciones, obtenidas, en parte importante, sin abrigo judicial, cuando ya había determinación de interrumpir las escuchas». Esa divulgación dio un nuevo impulso al movimiento a favor del impeachment de la presidenta Dilma. A propósito, el hecho de que la presidenta Dilma haya nominado a Lula da Silva como ministro, incluso si la motivación exclusiva fuese la alteración del foro competente para el juzgamiento, no constituye por sí sola una obstrucción de la justicia. En efecto, en la época en que era presidente, Fernando Henrique Cardoso (FHC) atribuyó el estatus de ministro al entonces Abogado General de la Unión (AGU), Gilmar Mendes, con un objetivo semejante.
De hecho, a fines de la década de los noventa del siglo pasado e inicio del siglo XX, por cuenta de las privatizaciones y el aumento de la carga tributaria, varios jueces federales comenzaron a pronunciar decisiones preventivas (que interrumpen acciones en curso) y a intervenir en el programa económico neoliberal del gobierno de FHC. El ministro Gilmar Mendes era entonces Abogado General de la Unión y criticaba fuertemente la postura de los jueces federales. Hubo varias acciones de improbidad y acciones populares en contra del gobierno de FHC y del propio Mendes. Ante el peligro de que Gilmar Mendes tenga que responder a procesos en primera instancia (sobre todo acciones de improbidad administrativa), fue decretada la Medida Provisoria N° 2.049-22, de 28 de agosto de 2000, que le garantizó un fuero de privilegio y lo preservó. En su artículo 13 parágrafo único, dispuso: «Son ministros de Estado los titulares de los ministerios, el jefe de la Casa Civil, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el jefe de la Secretaría General y el jefe de la Secretaría de Comunicación de Gobierno de la Presidencia de la República, y el Abogado General de la Unión». En ese momento no hubo ningún tipo de cuestionamiento, ninguna alegación de inconstitucionalidad o «criminalización» del presidente Henrique Cardoso por obstrucción de justicia.
La idea de que en la justicia brasileña hay dos pesos y dos medidas parece confirmada y es altamente probable que pronto surjan más pruebas en ese sentido. A título de ejemplo merecerá la pena observar la discrepancia entre el ritmo de la operación Lava Jato centrada en Curitiba y el ritmo de la misma operación centrada en Río de Janeiro -la que investiga a los empresarios ligados más a la derecha, al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al exgobernador Sergio Cabral y al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD). Pese a todo, es necesario no perder de vista dos hechos importantes. Por un lado, el sistema judicial continúa teniendo un papel central en la institucionalidad democrática brasileña, sobre todo mientras prevalezca el actual sistema político. Por otro lado, como vimos, hubo fracturas al interior del sistema judicial y, dependiendo de las circunstancias, estas pueden ser una contribución importante para renovar la credibilidad de la democracia brasileña. En el momento en que el sistema judicial parece apostado en criminalizar a todo coste una personalidad de la talla nacional e internacional del expresidente Lula, talvez sea bueno recordar a los jueces que en la época de gobierno de FHC fueron objeto de vigilancia y persecución cuando intervenían con medidas preventivas contra la política económica neoliberal adoptada por el gobierno. La política económica que viene de ahí no será menos dura y llega poseída por un fuerte impulso revanchista. También la derecha tiene su «¡Nunca Más!». La mayor incógnita es saber si las condiciones, que en el pasado construyeron la credibilidad del STF y dieron alguna verosimilitud a la idea de un sistema judicial relativamente independiente del poder político de turno, desaparecerán para siempre después de esta lamentable trama político-judicial. El letargo del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) es verdaderamente preocupante.
Luchas institucionales y extrainstitucionales. En vista de lo que ha sido dicho, lo más probable es que el acto de ruptura institucional provocado de arriba hacia abajo (de las elites contra las clases populares), tendrá que confrontarse en el futuro con actos de ruptura institucional de abajo hacia arriba, esto es, de las clases populares contra las elites. En ese caso, el sistema político funcionará durante algún tiempo con una mezcla inestable de acciones políticas institucionales y extrainstitucionales, dividido entre luchas partidarias y decisiones del Congreso o de los tribunales, por un lado, y acción política directa, protestas en las calles o acciones ilegales contra la propiedad privada o pública, por otro. Estas últimas serán combatidas con elevados niveles de represión y su eficacia es una cuestión abierta.
Con el golpe parlamentario-judicial, el régimen político brasileño ha pasado de ser una democracia de baja intensidad (eran bien conocidos los límites del sistema político y del sistema electoral, en particular, para expresar la voluntad de las mayorías sin manipulación por parte de los medios de comunicación y del financiamiento de las campañas electorales) a una democracia de bajísima intensidad (mayor distancia entre el sistema político y los ciudadanos, mayor agresividad de los poderes fácticos, menos confianza en la intervención moderadora de los tribunales). Siendo este el régimen político, ¿cuál será la mejor estrategia por parte de las fuerzas democráticas para llevar a cabo las luchas políticas que frenen la deriva autoritaria y refuercen la democracia? De las fuerzas democráticas de derecha no es posible esperar una acción vigorosa. Las diferentes fuerzas de derecha se unen más entre sí cuando están en el gobierno de lo que lo hacen las fuerzas de izquierda. La razón es esta: cuando las fuerzas de derecha están en el gobierno, tienen el control del gobierno y el control reforzado del poder económico que siempre ejercen en las sociedades capitalistas; cuando las fuerzas de izquierda están en el gobierno, en cambio, tienen el control del gobierno, pero no tienen el control del poder económico. Las fuerzas democráticas de derecha son importantes, pero tenderán a ser relativamente pasivas en la defensa de la democracia todavía existente. Por ello, guste o no, es en las fuerzas democráticas de izquierda donde reside la defensa activa de la democracia y la lucha por su refuerzo. Las fuerzas de izquierda en la encrucijada. Las fuerzas de izquierda de Brasil están en un dilema que se puede definir así: todo lo que tienen que hacer a medio y largo plazo para fortalecer la democracia está en contradicción con lo que tienen que hacer a corto plazo para disputar el poder. Como sabemos, este no es un dilema específico de la izquierda brasileña, pero asume aquí y ahora una intensidad muy especial. Si la política fuese una rama de la lógica, este dilema no tendría solución, pero como no lo es, todo es posible. Analizaré sus posibilidades en un próximo artículo.
Notas:
[1] Casa-Grande e Senzala (1933), traducido al castellano como Los maestros y los esclavos, es una obra del antropólogo Gilberto Freyre que trata sobre la formación de la moderna sociedad brasileña bajo el régimen del monocultivo colonial de la caña de azúcar. La Casa Grande alude al lugar donde vivían los señores explotadores de esclavos que cultivaban el azúcar y la senzala se refiere a las habitaciones de los esclavos negros [N. de los T.].
[2] Operación que investiga una red de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras. [N. de los T.]. [3] En el derecho brasileño, resumen o sumario de las decisiones judiciales que determinan la comprensión de un mismo tema. [N. de los T.].
Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Boaventura de Sousa Santos es académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Artículo enviado a Other News por el autor.