La desigualdad social es «el principal» problema para la libertad de expresión en América Latina, advirtió Frank La Rue Lewy, quien es desde el 1 de agosto Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión. «Hay medios importantes que se manejan con mucha libertad, pero hay porciones de pobreza en […]
La desigualdad social es «el principal» problema para la libertad de expresión en América Latina, advirtió Frank La Rue Lewy, quien es desde el 1 de agosto Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión.
«Hay medios importantes que se manejan con mucha libertad, pero hay porciones de pobreza en nuestra población que no tienen acceso a ningún medio, ni a expresarse y ni siquiera a comprar los medios que circulan», apuntó.
El guatemalteco La Rue Lewy considera que el acceso a la información y la comunicación, especialmente la electrónica, debe ser «una de las prioridades de los gobiernos latinoamericanos» para que las generaciones actuales de niños y niñas, y por ende sus países, no queden «atrasadas y fraccionadas del mundo».
El relator fue uno de los ponentes en la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en la caribeña ciudad colombiana de Cartagena de Indias por los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El disfraz de periodistas usado por militares en la operación que rescató en Colombia a la dirigente política Ingrid Betancourt y a otros 14 cautivos de la guerrilla «es equivocado y sí es una violación al derecho humanitario», opinó La Rue Lewy, quien es columnista del diario Prensa Libre de su país. Por tres años y hasta noviembre pasado dirigió el programa radial titulado «El derecho a conocer tus derechos», con una cobertura de casi 85 por ciento del territorio guatemalteco, y con teléfono abierto.
IPS: –¿La gente conoce sus derechos en Guatemala?
Frank La Rue Lewy: –No, qué va a ser. Si por eso teníamos un programa educativo con teléfono abierto. Las llamadas nos llegaban de todos lados. Era bonito, porque además hacíamos debate político sobre los derechos humanos.
–¿Cuáles eran los derechos que más interesaban a los oyentes?
–Casi siempre los de participación ciudadana. Les interesaba mucho la libertad de expresión. Los más difíciles eran los de seguridad ciudadana. Era donde la gente era mucho más crítica. Hay todavía un debate en el país sobre si sacar el ejército a las calles o no. Nosotros reivindicamos que no, porque la seguridad ciudadana debe ser un asunto civil.
–Siendo muy francos, ¿a la gente le interesa realmente la libertad de expresión?
–Yo creo que sí le interesa, pero es un tema no tan conocido. Por ejemplo, en Guatemala la gente es muy vociferante por sus demandas, pero es un país muy conservador.
Si uno sometiera el tema de la censura a consulta de la población, todo el mundo estaría de acuerdo en que tiene que haber censura. Les encantaría que hubiera censura. Es una posición equivocada, pero se da porque somos un país muy reprimido, digamos, en nuestras emociones.
–¿La misión periodística tiene protección del derecho internacional humanitario como la tiene la médica?
–La misión periodística la tiene, en el sentido de la cobertura, efectivamente, en las zonas de conflicto. Y la obligación de las partes en conflicto es respetar esa cobertura.
De acuerdo al derecho humanitario internacional, lo primero son las misiones médicas y de rescate, que son las primeras que deben entrar. Pero el segundo factor inmediatamente después es la garantía que ambas partes en conflicto deben a la cobertura periodística.
–¿Qué implicaciones tiene que se use la misión periodística en operaciones militares y de seguridad? ¿Concretamente que los agentes de seguridad se disfracen de periodistas?
–Creo que no es válido, en el derecho humanitario, disfrazarse ni de médicos ni de ambulancias ni de Cruz Roja ni de periodistas.
La idea del derecho humanitario es que las partes en conflicto respeten la misión. La misión no es la identificación física, sino la misión de las personas ejerciendo estas profesiones, la misión de rescate, socorro o médica, y la profesión de la cobertura noticiosa.
–¿Qué hacer para que los periodistas sean reconocidos como observadores neutrales en un conflicto armado?
–Creo que no importa si la posición de un periodista es neutral o no. Todo periodista refleja una posición, vinculada a su medio. Lo que importa es que ejerza objetivamente su labor, o sea, que no esté en funciones operativas que no sean de periodista.
Cuál es su opinión, eso es parte de la libertad de expresión. Pero lo importante es el profesionalismo: que en la cobertura de un lugar de actividad se dedique a eso exclusivamente y no a participar operativamente en las acciones de ninguno de los bandos.
–Hay una tendencia mundial a despenalizar la calumnia e injuria y volverla un delito civil.
–Sí, y con sanción civil, y a aquietar los delitos de desacato, especialmente contra funcionarios públicos. Este es el balance más complicado. La libertad de expresión no debe tener cortapisas, especialmente en cuanto a la función pública.
Uno puede o no calificar el desempeño de un funcionario sin que esto constituya ningún tipo de delito, ni el de desacato ni de calumnia e injuria. Lo importante, y esto es más bien el ámbito ético que no le corresponde al Estado controlarlo, es manejarse con los principios del respeto mutuo.
Nadie debe limitar las opiniones de nadie ni de los medios. Pero también los medios deben ejercer un autocontrol en cuanto a la ética de sus planteamientos, en la forma de dirigirse a cualquier persona, a cualquier fenómeno o a cualquier situación.
–¿La opinión necesita pruebas, en el caso de los columnistas?
–No. En el caso de los columnistas, no. El columnista está expresando su opinión personal y su análisis. De hecho, la opinión nunca necesita pruebas. Esa es la diferencia entre ejercer la libertad de opinión y ejercer la verdad de un proceso. Los hechos que uno documenta en un proceso legal tienen que ser probados.
El principio de la libertad de expresión es que no debe haber ninguna forma de censura. Los controles deben ser éticos y personales. Por eso la necesitad de elevar el profesionalismo de los y las periodistas. El Estado únicamente debe garantizar la libertad total de expresión.
–Usted como columnista, ¿qué autocontroles personales aplica?
–Me esmero mucho -y esto lo digo a título personal– en ser lo más objetivo posible. Y como en una columna uno lo que está dando es una opinión, lo expreso muy claramente. O sea, no estoy simplemente trasladando hechos, no estoy cubriendo un incidente. Sino, de los incidentes de la semana, estoy tratando de sacar conclusiones y recomendaciones.
–El dilema al que se enfrentan algunos columnistas, específicamente en Colombia, es que no hay pruebas porque no ha existido investigación judicial, debido a una historia larga de impunidad. Y los testigos, localmente, no se atreven a testificar ante los juzgados.
–Lo que tú planteas es la historia de toda América Latina. Y sí, yo creo que la libertad de expresión va muy vinculada al tema de la justicia, porque entre más justicia, más reglas de juego claras hay y más libertad de expresión. No están directamente vinculadas, pero sí son parte del mismo fenómeno democrático.
Creo que la impunidad es la que ha generado los grandes niveles de corrupción de nuestros regímenes. No hablo de ninguno en particular, sino de la historia de América Latina. Erradicar la impunidad es tal vez la prioridad más grande que tenemos en el continente.