Después de varios retrasos, parece que a finales de año se iniciará el juicio por el presunto fraude cometido por el Banco de Santander, cuyo principal propietario es Emilio Botín, el banquero más rico de España. Según informa El Confidencial, al banquero se le acusa de cooperación necesaria para que pudieran cometerse los siguientes presuntos […]
Después de varios retrasos, parece que a finales de año se iniciará el juicio por el presunto fraude cometido por el Banco de Santander, cuyo principal propietario es Emilio Botín, el banquero más rico de España.
Según informa El Confidencial, al banquero se le acusa de cooperación necesaria para que pudieran cometerse los siguientes presuntos delitos:
– 36 delitos contra la Hacienda Pública en el ejercicio 1989.
– Un delito continuado de falsedad en documento oficial por presentación de documentos falsos ante la Inspección tributaria.
– Tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil como consecuencia de la simulación de contratos de cesión de crédito, de la elaboración de cartas falsas atribuyendo titularidades a testaferros, y de la creación de una documentación también falsa para imputar incrementos de patrimonio a ejercicios prescritos.
Según dicha publicación electrónica, lo que hizo el banco del banquero y mecenas más rico de España fue lo siguiente:
– Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables.
– Para eso, comercializó un producto financiero especial («cesiones de crédito») destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes.
– El banco ofrecía un plus de opacidad concretado en que Hacienda iba a seguir sin tener la menor noticia de la existencia de esos dineros, puesto que garantizaba a los clientes que nunca entregaría al Fisco la identidad de los titulares efectivos de las operaciones.
– Gracias a ello, el Banco de Santander consiguió concertar, en un tiempo récord, 42.274 cesiones de crédito por un valor total de 432.965 millones de pesetas.
– Cuando por la Administración Tributaria el banco fue requerido para que facilitara el nombre de los titulares de las operaciones respectivas, el propio Santander ofreció a esos clientes realizar falsos cambios de titularidad en las cesiones de crédito ya formalizadas, proporcionando así a la Hacienda Pública identidades falsas.
– En concreto, el banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas.
– Para ello, los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares.
– A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera.
La pregunta que ahora nos podemos hacer es sencilla: ¿saldrá Botín indemne de este asunto tan aparentemente sucio o, por el contrario, logrará utilizar todo su poder para hacer que la Justicia, una vez más, deje de serlo con los ricos y poderosos? ¿Será posible que un banquero para el que se piden con pruebas abrumadoras un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública, pueda salir como si nada de un juicio?
Para saberlo sólo nos basta con esperar, pero hay algo que está muy claro: ya sabemos cómo se hacen ricos los banqueros, a costa de quién y con qué procedimientos. Y precisamente porque lo sabemos, los ciudadanos y ciudadanas de bien hemos de decir lo más alto que podamos que, aunque la Justicia los declare legalmente inocentes, ante nosotros son culpables porque su conducta y su forma de enriquecerse son elementalmente inmorales y vergonzosas cuando tantos seres humanos padecen la miseria y las carencias que están padeciendo.
Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web: http://www.juantorreslopez.com