El Comité Especial de Licitaciones Hidrocar-buríferas (COLH) del Ecuador decidió aplazar al próximo 16 de julio el termino de la XI Ronda Petrolera, que estaba previsto para el 30 de mayo 2013. Con la XI Ronda Petrolera, el gobierno suramericano quiere licitar 13 bloques en el suroriente del país, en las provincias amazónicas de Pastaza […]
El Comité Especial de Licitaciones Hidrocar-buríferas (COLH) del Ecuador decidió aplazar al próximo 16 de julio el termino de la XI Ronda Petrolera, que estaba previsto para el 30 de mayo 2013. Con la XI Ronda Petrolera, el gobierno suramericano quiere licitar 13 bloques en el suroriente del país, en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, a través de contratos que serán suscriptos durante el último trimestre del año.
La oferta ha sido presentada por el gobierno de Correa en Colombia, Estados Unidos, Francia, Canadá y China, principal socio comercial de Ecuador, país que tiene una deuda de unos $9,600 millones. Correa abre así la explotación del subsuelo del área meridional de la Amazonía ecuatoriana -que posee la quinta mayor reserva de petróleo de Sudamérica- a las empresas extranjeras. Según Osvaldo León, coordinador de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI, con sede en Quito), las negociaciones tienen algunas características nuevas con respecto a los gobiernos anteriores. «Con Correa cambió la orientación en el manejo económico, que quiere fortalecer las relaciones sur-sur», explica Osvaldo León a El Reportero of San Francisco. «Por ejemplo, se privilegian los acuerdos con empresas de países del Sur a mayoría estatal, y por esto algunas transnacionales petroleras han interpuesto demandas de reclamo al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial nacida para resolver conflictos en materia de inversiones extranjeras).
Cuando hay un concurso, las empresas de mayoría estatal tienen un nivel preferencial en la medida en que garantizan transferencia de know-how, mientras que los contratos de antes no preveían ninguna transferencia de conocimiento tecnológico. Por ejemplo una de las relaciones claves del gobierno ecuatoriano es con la empresa petrolera brasileña Petrobras, que pertenece al estado por el 51 por ciento. Es una relación muy estratégica, puesto que el país carioca tiene un gran peso especifico en la región: el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil tiene más del 55 por ciento de las inversiones en desarrollo de América del Sur».
Las consecuencias que la explotación petrolera tiene para el medio ambiente y los tejidos sociales de las comunidades preocupan a los pueblos indígenas y a los ambientalistas de todo el mundo. Durante su gira mundial, el gobierno ecuatoriano tuvo que enfrentarse con acciones de protesta en varias ciudades, como Houston, Paris, Beijin y Calgary. Sin embargo, el rechazo más fuerte a la XI ronda petrolera viene desde las nacionalidades indígenas, que se declararon en pié de lucha. «Hemos decidido no permitir el ingreso de las empresas extractivistas a realizar actividades de extracción en nuestro territorio», ha anunciado el Presidente de la Federación Shuar de Pastaza, Cristóbal Jimpikit. «Declaramos el estado de máxima alerta frente a los planes de las empresas de ingresar a nuestras comunidades».
Según el periódico gubernamental El Ciudadano, las empresas que obtendrán la licencia de explotación de los nuevos bloques tendrán que realizar una inversión obligatoria mínima (en total, unos 115 millones de dólares) para el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas en esas áreas. Este dinero no será manejado por las compañías petroleras, sino entregado al Estado que lo invertirá en los proyectos acordados con las comunidades. De hecho en 2010, con la reforma a la Ley de Hidrocarburos y la de Régimen Tributario Interno, se estableció que el 12 por ciento de las utilidades de las empresas petroleras privadas y el 12 por ciento de los excedentes de las empresas petroleras públicas deben ser destinados a obras para los afectados.
Sin embargo, los pueblos indígenas de la Amazonía y los ambientalistas no creen que las obras prometidas puedan de verdad compensar las afectaciones, ni que la explotación petrolera se pueda desarrollar sin afectar gravemente al medio ambiente. «La Amazonía representa más del 30 por ciento del territorio de Ecuador, pero en ella vive menos del 10 por ciento de la población ecuatoriana», explica a El Reportero Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. «Por esto tal vez la mayoría del pueblo ecuatoriano está a favor de la explotación petrolera, que de hecho permite la construcción de obras gracias al dinero que viene de las regalías, pero los que vivimos aquí tenemos todo que perder. La política petrolera del gobierno es confusa: habla de conservación de la naturaleza pero al mismo tiempo quiere licitar nuevos bloques, diciendo que utilizará tecnologías de punta para no afectar al medio ambiente. Sin embargo, en la práctica no hay explotación petrolera que no contamine». La contradicción que releva Chávez es evidente. En su campaña para las presidenciales de febrero, Rafael Correa propuso un cambio en la matriz energética del país. Jorge Glas, Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos del país suramericano -donde el petróleo representa el mayor producto de exportación- señaló que en 2016 las centrales hidroeléctricas ahora en construcción proveerán al país el 93 por ciento de sus necesidades.
Esta actitud conservacionista parece chocar con la licitación de los 13 bloques petroleros y con la declaración de Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables, que afirmó que en los últimos tres años se han efectuado acciones para aumentar la producción de petróleo, que en 2013 alcanzará los 525 mil barriles por día. Sin embargo, aunque expanda su frontera petrolera hacia el suroriente, Ecuador agotará sus reservas de crudo en poco más de diez años, según datos proporcionados por el investigador Fernando Villavicencio Valencia. El cambio de matriz energética para el Ecuador parece ser una elección forzada.
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