La situación política, social y económica en Venezuela sufre una gran transformación desde el fracaso de la reforma constitucional de diciembre de 2007, que constituyó una advertencia para el gobierno de Hugo Chávez (1) El domingo 15 de febrero de 2009, el 54,36 % de los ciudadanos dijeron «sí» a la enmienda constitucional que autoriza […]
La situación política, social y económica en Venezuela sufre una gran transformación desde el fracaso de la reforma constitucional de diciembre de 2007, que constituyó una advertencia para el gobierno de Hugo Chávez (1)
El domingo 15 de febrero de 2009, el 54,36 % de los ciudadanos dijeron «sí» a la enmienda constitucional que autoriza a los mandatarios políticos a presentarse a sucesivas consultas electorales de manera ilimitada. Hasta ese momento, la Constitución limitaba a dos los mandatos consecutivos: era necesaria una interrupción del mandato antes de poder presentarse de nuevo (2) Chávez podrá presentarse en el 2013, al término de su segundo mandato en curso, y ser de nuevo candidato a presidente. Si es elegido otra vez, su mandato terminará en el año 2019. Por ello, los militantes chavistas discuten actualmente la naturaleza de todos los cambios que pueden ser efectuados de aquí a dicho año.
Evidentemente, muchas cosas pueden suceder durante todos esos años, entre las que hay que tener en cuenta las iniciativas y maniobras tanto de Washington como de sus aliados.
Nacionalizaciones y control obrero
En abril de 2008, como consecuencia de una huelga de casi dos meses de 15.000 obreros de la siderúrgica SIDOR (Siderurgia del Orinoco), que pertenecía al grupo argentino Techint, Hugo Chávez anunció la nacionalización de la empresa. Los obreros luchaban por la conversión de 9.000 subcontratos a contratos indefinidos. Visto el rechazo patronal, la nacionalización constituía la mejor vía para permitir al Estado garantizar la reivindicación de los trabajadores, que apreciaron esta decisión como una gran victoria. SIDOR había sido creada como empresa pública durante la década de 1960 -era la concreción de un proyecto concebido en 1953 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez-. SIDOR fue privatizada y vendida al capital extranjero en 1997, durante la presidencia de Rafael Caldera, por el ministro de Planificación Teodoro Petkoff (antiguo líder de la izquierda convertido al neoliberalismo en los años noventa y actualmente una de las principales figuras de la oposición antichavista). La renacionalización efectuada en abril de 2008 es particularmente importante, ya que esta empresa, moderna y con buenos resultados, constituye una herramienta de producción que el gran capital argentino, y en particular Techint, desean conservar.
Otro elemento importante a tener en cuenta, es que el gobierno chavista del estado donde se encuentra SIDOR, había ordenado al comienzo de la huelga a las fuerzas del orden la represión de los huelguistas. Así mismo, el ministerio de Trabajo no hacía nada para sostener las reivindicaciones de los trabajadores. En consecuencia, la decisión de Hugo Chávez de nacionalizar la empresa y de revocar al ministro fue vista como un giro a favor de los trabajadores. Tanto más cuando, en el mismo período, Chávez anunció un aumento del salario mínimo interprofesional y el de los funcionarios públicos, así como la nacionalización del sector del cemento, que hasta ese momento estaba en manos de tres transnacionales (Lafarge de Francia, Holcim de Suiza y Cemex de México).
En los meses siguientes y en el curso del año 2009, el gobierno procedió a otras nacionalizaciones en el sector de la industria alimentaria (3) (lo que afectó tanto al capital nacional -Lácteos Los Andes- como al transnacional -la cerealera Cargill-). El gobierno justificó estas nacionalizaciones por la necesidad de mejorar la provisión de alimentos a la población. Finalmente, el Banco de Venezuela, uno de los principales bancos privados, perteneciente al Banco de Santander, uno de los dos principales grupos bancarios españoles, pasó también al control del Estado.
Todas estas nacionalizaciones, como las precedentes (los sectores de la electricidad, las telecomunicaciones, los campos petrolíferos del Orinoco, etc.), fueron objeto de una indemnización más bien generosa a sus propietarios privados: Venezuela utiliza una parte de la renta petrolera para retomar el control de ciertos sectores estratégicos de la economía. El recurso a la indemnización tiene el objetivo de evitar condenas por no respetar los tratados bilaterales sobre inversiones firmados por Venezuela. El derecho internacional permite, en efecto, a los Estados proceder a nacionalizaciones si indemnizan en forma adecuada a los propietarios. Venezuela podría tomar un camino más radical, retirando su firma de los tratados bilaterales sobre inversiones, retirándose del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones: el tribunal del Banco Mundial en materia de inversiones) y poner a resguardo la liquidez y otros tipos de haberes que Venezuela dispone en el exterior, para evitar embargos. Evidentemente, optar por ese camino implicaría aumentar todavía más la hostilidad de las autoridades de los países más industrializados y de las grandes transnacionales presentes en el país (todas las principales transnacionales petroleras están presentes en Venezuela y también General Motors, Mitsubishi, Daimler-Chrysler, etc.).
El camino, bastante prudente, que tomó el gobierno venezolano no impidió que una empresa como ExxonMobil intentara en el 2008 el embargo de 12.000 millones de dólares que pertenecían a PDVSA por tribunales británicos y holandeses. Y esto justifica el pedido de que Venezuela se una a otros países del Sur con el fin de repudiar los tratados bilaterales de inversiones que incluyen cláusulas perjudiciales para los intereses de la nación, que se retire del CIADI y de la OMC y constituya un órgano multilateral del Sur para solucionar conflictos, o sea, en otros términos, crear un CIADI del Sur alternativo al CIADI del Banco Mundial, que está al servicio de los intereses de las grandes transnacionales.
En julio de 2009, Rafael Ramírez, ministro del petróleo, que hasta ese momento había sido muy prudente con respecto al CIADI, comenzó a alzar el tono de su discurso y denunció el unilateralismo de los mecanismos de la resolución de conflictos dominados por los países del Norte.
La profundización de las nacionalizaciones relanzó en el año 2009 el debate sobre el control obrero. Efectivamente, las organizaciones sindicales de izquierda y los colectivos de trabajadores exigen la puesta en marcha de los mecanismos de control por los trabajadores de los órganos de gestión de las empresas nacionalizadas. Los sindicatos quieren que los objetivos perseguidos por las nacionalizaciones sean realmente respetados; quieren también evitar la mala gestión, el despilfarro, las malversaciones, la corrupción, el abuso de los bienes sociales, en particular accediendo a los libros de cuenta, consiguiendo la transparencia en la estrategia comercial e industrial de las empresas y la presentación regular de los balances de gestión. Las organizaciones obreras sienten, con toda justicia, desconfianza con respecto a una gran parte de los ejecutivos privados de la empresa, que conservaron sus cargos después de las nacionalizaciones, pero también en relación con los nuevos ejecutivos, quienes, en ciertos casos, privilegian sus intereses personales frente a los de la colectividad. El control obrero aumentaría también la confianza de los propios trabajadores y de sus organizaciones al permitir la intervención colectiva para asegurar un contenido socialista a la gestión y a las relaciones de trabajo en las empresas, tanto de las nacionalizadas como de las que están todavía en manos del capital privado.
Por otra parte, asistimos a ocupaciones de empresas privadas por los trabajadores, que exigen su nacionalización. Inevitablemente, será necesario reavivar el debate sobre el control obrero en el sector de la producción petrolera. Esta reivindicación se había expandido durante el lock-out petrolero (diciembre de 2002-enero de 2003), cuando los trabajadores que luchaban por relanzar la producción convocaron un Congreso del sector. Pero luego el presidente Chávez descartó la perspectiva del control obrero en ese sector por considerarlo estratégico, cuando, al contrario, esto sería una razón suplementaria para organizarlo en esas empresas. Pasa lo mismo en el sector de la producción y de la distribución eléctrica, que también fue nacionalizado. Los trabajadores de este sector profundizaron la lucha por el control obrero en el mes de septiembre de 2009. El suministro eléctrico en el país se encuentra en una situación muy difícil, pues más del 50 % de la producción (4) se «pierde» o es desviada (robada) en la distribución. Las pérdidas se deben principalmente a la decrepitud de las instalaciones, debido a que, antes de su nacionalización por el gobierno de Chávez, algunas empresas como Electricidad de Caracas (propiedad de la multinacional estadounidense AES) fueron víctimas de una falta generalizada de inversiones y de renovación de las instalaciones. Por otra parte, grandes empresas industriales privadas consumidoras de grandes cantidades de energía son responsables de un desvío de electricidad, que despilfarran y que no la pagan. Están también las conexiones piratas en los barrios residenciales y también en los hogares populares que no siendo grandes consumidores sólo ocasionan pérdidas limitadas. Los trabajadores de este sector son los que se encuentran en mejor situación para resolver los problemas de la distribución de electricidad, luchar contra el despilfarro y la mala gestión de los directivos a fin de evitar los cortes de electricidad. Esto es lo que argumentan los dirigentes sindicales que exigen la implantación del control obrero.
Ángel Navas, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico (FETRAELEC), declaró a la prensa local, con ocasión de una manifestación de 3.000 trabajadores del sector, en Caracas el 25 de septiembre de 2009: «Los trabajadores somos los que estamos dando la cara a las comunidades. Sabemos cómo podemos resolver esta crisis… hay que modificar las estructuras burocráticas y cambiar las estructuras de administración capitalista por una estructura con visión socialista. Tenemos que cambiar las relaciones de producción y eliminar toda esa burocracia que está matando a la empresa.» (5) Aymar Plaza, trabajadora del sector eléctrico, agrega: «Cuando nuestro presidente dice que tenemos que darle poder al pueblo, nosotros, los trabajadores, somos el pueblo. Nosotros tenemos que tener el control de la empresa y ser parte de la transformación de esta política capitalista hacia una política socialista.»
Esta batalla por el control obrero sobre la gestión de las empresas es absolutamente fundamental. Su solución es decisiva para la profundización del proceso en curso en Venezuela.(6) Durante el primer semestre de 2009, Hugo Chávez declaró, con ocasión de una reunión pública con los dirigentes obreros, que era favorable a la adopción de una ley sobre la elección de los dirigentes de las empresas nacionalizadas. (7)
Un encuentro de intelectuales revolucionarios que ha hecho mucho ruido
A comienzos del mes de junio de 2009, el Centro Internacional Miranda (CIM), institución oficial creada por la presidencia de Venezuela y financiada por el ministerio de Educación Superior, organizó unas jornadas de reflexión que causaron mucho ruido en el país. (8) Una treintena de los más importantes intelectuales de izquierda venezolanos debatieron sobre los avances y los bloqueos del proceso revolucionario en curso. He aquí unos extractos de la síntesis publicada por el CIM que muestran la profundidad de los debates realizados en estas jornadas, tituladas «Intelectuales, democracia y socialismo: callejones sin salida y caminos de apertura». (9)
«Una de las discusiones centrales del debate giró en torno a lo que es el PSUV, dando así origen a una serie de interrogantes: ¿En qué se diferencia el PSUV de los partidos políticos tradicionales o de viejo cuño? ¿Los partidos siguen teniendo sentido o no lo tienen en una sociedad compleja? En el caso de que el partido sea la solución ¿debe tener una dirección única o una dirección colegiada? ¿Es conveniente que una persona pueda tomar decisiones al margen de las bases o contra la voluntad de las mismas? ¿Qué futuro tiene un partido donde las bases raramente tienen la oportunidad de expresarse? ¿Deben las bases elegir a los miembros de la dirección o se trata de una decisión no participada en aras de otras razones? ¿No debilita al propio partido que la dirección sea elegida al margen de las bases? ¿Cómo participan las bases en la elaboración de las grandes líneas programáticas, de las directrices del gobierno y del contenido del socialismo del siglo XXI? ¿No es un problema para el partido que algunos de los funcionarios que están al frente de áreas fundamentales del gobierno sean al mismo tiempo dirigentes del partido? ¿No conduce a la ineficiencia la acumulación de responsabilidades? ¿Y no es repetir un problema del socialismo del siglo XX el confundir el partido con el Estado? ¿Nació el PSUV cupularmente, de arriba hacia abajo, más como una necesidad política entendida como tal desde el gobierno que como una necesidad sentida como tal por las bases?»
«Otro elemento relevante reiterado es la necesidad de que el instrumento cuente con una dirección colectiva. Que se articule efectivamente con los movimientos sociales de base (no que los utilice en tareas electorales o como correa de transmisión del gobierno), que derrote el mal del clientelismo partidista y que instituya las bases de un verdadero partido revolucionario, reconociendo la libertad de crítica y profundice la democracia dentro del partido; estos son elementos que formaron parte central de la discusión.»
El nuevo Estado revolucionario
«Si el Estado ha sido el instrumento que utilizó el neoliberalismo para imponer sus propuestas ¿Tiene que ser también el instrumento para liberarnos del neoliberalismo? […] ¿Este Estado puede conducirnos rumbo al socialismo o por el contrario es un freno para ello? ¿Se trata de debilitar el Estado actual o de fortalecerlo? ¿Se trata de inventar un nuevo Estado que puede llamarse comunal o socialista? ¿Cuáles son los rasgos del Estado comunal?»
El papel de los medios de comunicación
«Otra de las grandes discusiones tuvo que ver con los medios de comunicación, los ajenos y los propios. El debate se centró en qué hacemos con nuestros medios, cuando pese a disponerse de seis televisoras públicas, en total no se alcanza, se dijo, el 8 % de la audiencia. ¿A qué se deber este evidente fracaso? ¿Están malbaratando acaso esos recursos públicos quienes no consiguen incrementar los índices de audiencia? […] Aun siendo evidente el gran crecimiento de los medios comunitarios y alternativos durante el proceso revolucionario, la solución aún no se ha articulado. […] ¿No es hora, igualmente, de que CONATEL (10) haga cumplir las leyes de telecomunicaciones? ¿A qué se espera para frenar el abuso de los medios de comunicación privados? […]»
El carácter de la Revolución
«Otro gran rasgo del debate tuvo que ver con el signo de esta Revolución. Se planteó que en esta Revolución se sumaban varias revoluciones: la estudiantil, la campesina, la obrera, la socialista, la de mujeres, la militar y la popular. […] Es importante abrir un debate fuerte, aún pendiente, con estudiantes, con intelectuales, con trabajadores, con campesinos. Hay que volver a sentar en un dialogo permanente a todos estos sectores. Otro aspecto pendiente no menor es la definición del socialismo del siglo XXI. No obstante, por un lado es una ventaja no definirlo, porque implica que no estamos repitiendo modelos; por otro lado muestra una falta de concreción que quizás lo deja demasiado abierto. El socialismo del siglo XXI, se defendió, tiene que ser del siglo XXI pero también tiene que ser socialismo. No puede fracasar en el elemento emancipador. […]»
La participación popular
«Otro de los elementos que parece caracterizar al socialismo del siglo XXI es la idea de la participación, que ha aparecido como un elemento central en lo que ha sido este proceso. Se planteó si los consejos comunales (véase el recuadro «Los consejos comunales») aunque son el ejemplo por excelencia de participación, no estarían respondiendo a una lógica muy poco participativa. Esto se explicaría porque o bien no funcionan o bien responden directamente al poder ejecutivo. Además está presente el problema de que corren el riesgo de ser cooptados por el partido, lo que de alguna manera genera problemas entre la lógica institucional del partido y la lógica social de los consejos comunales. […] Existe un profundo riesgo de que la lógica institucional limite a la lógica social, que ha tardado 30 años en construirse en este país, y que fue la que hizo posible la revolución y la que la defendió el 13 de abril (11)
«El último elemento apuntó a los modos y formas en que se debe articular la critica. Incluso entre los intelectuales comprometidos con el proceso, la crítica ha perdido parte del espacio que le corresponde, especialmente entre aquellos con alguna responsabilidad institucional. No es difícil encontrar en los medios del proceso comportamientos del socialismo del siglo XX, en los que se acusa de «contrarrevolucionario» o de «agente de la CIA» a cualquier persona, incluidas personas con una incuestionable semblanza revolucionaria, que formula críticas en voz alta. Esto debilita fuertemente al proceso, pues el gobierno deja de recibir insumos para su ajuste.»
«Esta pregunta se repitió con frecuencia: ¿Es posible que avance una revolución que no hace de la crítica el principal de sus motores? Se planteó que con esta reunión de los intelectuales afectos al proceso, la revolución se revisaba, a la vez que se fortalecía. Los asistentes se felicitaron por el hecho de que el Ejecutivo pusiera a disposición de la intelectualidad del proceso un ámbito para la crítica que en diez años no había tenido lugar. Igualmente insistieron en que con este evento quedaba demostrado que no es cierto el discurso del miedo a las críticas. Es igualmente falsa la denuncia de la oposición de que no hay libertad de expresión en Venezuela. Esta revolución es capaz de reinventarse constantemente gracias a los espacios de libertad existentes. […]»
«Los intelectuales -concepto que fue ampliamente criticado por los presentes como elitista- militan con el compromiso de que es necesario aunar teoría y práctica, no olvidando que la praxis hace a la teoría útil.»
Estas jornadas fueron transmitidas íntegramente por una cadena pública (TVES) en directo y retransmitidas después en diferido durante unos diez días. Algunos sectores del gobierno, y no de los menos importantes, criticaron con dureza tanto la iniciativa del CIM como los resultados de las jornadas. Entre ellos, en particular, Rafael Ramírez, ministro del petróleo, y Nicolás Maduro, ministro de relaciones exteriores, ambos altos responsables del PSUV. VEA, uno de los diarios chavistas, publicó varios artículos críticos con la iniciativa del CIM, afirmando que: «Fabrican encuentros de intelectuales cuyos pronunciamientos son confusos, dejan traslucir su resquemor por el liderazgo de Chávez, que ellos denominan «hiperliderazgo» o «cesarismo progresista»; sin duda, son chavistas sin Chávez, pero avergonzados de salir a la luz del día, de saltar definitivamente la talanquera.» (Publicado el 6 de junio de 2009 con la firma colectiva «Grano de maíz»)
Después de diez días de polémica en la prensa, tanto chavista como opositora, Hugo Chávez en su programa de televisión «Aló presidente» del 14 de junio, parecía dar la razón a quienes critican al Centro Internacional Miranda. Esto no hizo más que aumentar el interés del público en el evento: diferentes dirigentes sindicales obreros así como el Partido Comunista de Venezuela y el Patria Para Todos (partidos que apoyan al gobierno pero rechazan integrarse en el PSUV) salieron en defensa del CIM, afirmando que el aporte crítico de los intelectuales revolucionarios constituye una fuerza, un evento positivo. Por un momento se temió que el CIM fuera relegado o incluso cerrado pero, por el momento, esto no ocurrió. Lo que refleja una vez más complejidad de la evolución en curso en Venezuela, y que su gobierno no puede ser considerado totalitario.
Los consejos comunales
La ley titulada «Ley de los consejos comunales» LCC (12) fue sancionada sin un verdadero debate el 7 de abril de 2006. En su artículo 3 precisa: «La organización, funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige conforme a los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, […] honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad social, control social, equidad, justicia e igualdad social y de género.»
La asamblea de ciudadanos y ciudadanas, «la máxima instancia de decisión del consejo comunal» (art. 6), está integrada por los habitantes de la comunidad mayores de 15 años (Consejos comunales, Expresión del poder popular). El propio consejo comunal delimita su territorio y sus miembros son ad honorem (art. 12). Los diferentes ámbitos de intervención están definidos de la siguiente manera: «salud, educación, tierra urbana o rural, vivienda y hábitat, protección e igualdad social, economía popular, cultura, seguridad integral, medios de comunicación e información, recreación y deportes, alimentación, mesa técnica de agua, mesa técnica de energía y gas, servicios, y cualquier otro que considere la comunidad de acuerdo a sus necesidades.» (art. 9)
La institución de los consejos comunales en el 2006, bajo el impulso del presidente Hugo Chávez, está fuertemente marcada por la voluntad de instaurar la participación en la concepción y la realización de la política local. El gobierno puso grandes esperanzas en estos consejos, que concibe como «unidades territoriales de base de la participación popular y de autogobierno». El poder atribuido a los consejos comunales no es despreciable, puesto que da derecho a una «comunidad» a proponer y ejecutar proyectos que pueden, desde el primer año, llegar a los 30 millones de bolívares. Según las palabras del presidente, esta «explosión revolucionaria del poder popular» debe constituir la base realista y duradera de un nuevo tipo de Estado, de «un socialismo del siglo XXI».
Juan Leonel M. (FONDEMI, Fondo de desarrollo microfinanciero), evocando, en junio de 2007, los 15.000 Consejos ya formados, no oculta que las relaciones con las municipalidades son delicadas: «De hecho, los alcaldes, en fin, muchos de ellos, se oponen a este nuevo modo de elección y de organización de las comunidades. Ven a los consejos comunales como una organización que compite con su municipio. Pero actualmente la idea es que el poder constituido, que son los alcaldes, debe avanzar tomados de la mano, con el poder constituyente que son los consejos comunales. El Estado está en vías de llevar a cabo una revolución dentro del sistema estatal. El poder constituyente del pueblo debe ser el motor de este cambio. Los consejos comunales son la piedra angular del autogobierno comunal, donde el pueblo ejerce directamente el poder.» (Fragmentos de: Anne Florence Lopuzé, «Les conseils communaux au Venezuela: un outil d’émancipation politique?» in Olivier Compagnon, Julien Rebotier et Sandrine Revet (sous la direction de), Le Venezuela au-delà du mythe. Chavez, la démocratie, le changement social, Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières, París, 2009.
La ley del 2006 sobre los consejos comunales está en vías de modificación, y es probable que próximamente sea reemplazada por una nueva ley, cuya elaboración está en curso. Para saber más sobre esta experiencia, recomendamos leer los trabajos de Martha Harnecker, residente en Venezuela, que ha dedicado estos últimos años a la experiencia de los consejos comunales. (13)
El PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) en vísperas de un congreso
El partido, fundado por Chávez en el año 2006, dio la impresión de que había abortado con el referéndum constitucional del 2007, dado que el número de venezolanos que votaron «Sí» era inferior al número de inscriptos oficialmente en el partido (14). Pero este juicio fue parcialmente desmentido en los meses siguientes, pues las reuniones en la base se multiplicaron, lo que llevó a la designación de candidatos a las elecciones municipales y los cargos de gobernador de los 23 estados que constituyen Venezuela. Aquí también el proceso es contradictorio, pues si bien la base ha tenido una participación dinámica, y ha designado los candidatos a las elecciones, lo cierto es que cuando, en otro registro, se trataba de la composición de la dirección del partido, la base no pudo elegir la totalidad de los dirigentes y fue Chávez quien puso en los cargos principales del partido (los 8 vicepresidentes del PSUV) a los ministros de su gobierno, lo cual creó una confusión perniciosa entre el Estado, el gobierno y el partido. Sobre esta cuestión crecen las críticas en el seno del PSUV sobre el hecho de que la animación y la dirección del partido, en el más alto nivel, sean responsabilidad de los ministros, que ya están recargados por su trabajo gubernamental. Además, su posición de ministros otorga a estos dirigentes el poder de influenciar desproporcionadamente las decisiones que toma el partido. Así mismo, pueden influir con más facilidad que otros sobre una fracción de los miembros del partido cuando son llamados a votar. Martha Harnecker expresa así una crítica que comparte un número importante de militantes: «Una de las cosas que a nosotros nos extraña y a los extranjeros supongo que les chocará muchísimo, especialmente en Europa, es que el Estado sea el instrumento con el cual se construye el partido. Eso es algo absolutamente contradictorio con nuestra visión de partido (15)
Gonzalo Gómez, militante del PSUV y cofundador de Aporrea, se inquieta: «Carecemos de estatutos, porque no se aprobaron, y el partido anda a capricho de las correlaciones de fuerzas eventuales, porque no hay reglas, las reglas aparecen en el transcurso del juego mismo. Eso debe ser cambiado garantizando la democratización plena de la organización y, por otro lado, está la relación con el Estado, con el poder popular y los movimientos sociales.» En lo concerniente a la relación entre el partido y el poder popular, al que llama también el «actor constituyente», agrega: «El partido puede aspirar a proponer y orientar, desde el acompañamiento a los movimientos sociales en la construcción del poder popular, pero no puede someter al poder popular: someter a ese actor constituyente por lo constituido.» (16)
El próximo congreso del PSUV (inicialmente convocado para el 10 de octubre de 2009 y luego postergado hasta fines de noviembre de 2009) plantea numerosos interrogantes. Los 7.253.691 militantes inscriptos en el PSUV son convocados a reunirse en estructuras de base, denominadas «patrullas», compuestas cada una por entre 20 y 30 miembros. Para que sea válida, cada reunión de una patrulla debe contar con la asistencia de más de la mitad de sus miembros. Cierto número de militantes expresan su inquietud: se preguntan cómo se puede organizar democráticamente un congreso que debe tratar tanto un programa como los estatutos y el balance de tres años de existencia, sin olvidar las perspectivas.
Las paradojas de la economía venezolana: el sector capitalista se desarrolla con más rapidez que el sector público y controla aún muy ampliamente la economía, a pesar de las nacionalizaciones
El peso del sector privado (ampliamente dominado por el sector capitalista) (17) en el producto interior de Venezuela pasó del 64,7 % en 1998 (en vísperas de la elección de Chávez como presidente) al 70,9 % en el tercer trimestre del 2008. (18)Aunque el gobierno ha nacionalizado un número significativo de empresas de gran tamaño en los sectores de la electricidad, de las telecomunicaciones, de la siderurgia, de la agroalimentación, del cemento y de la banca, el sector capitalista tuvo un crecimiento mayor que el público, lo cual explica que su peso relativo en el PIB haya aumentado (véase más arriba), mientras que el del sector público bajaba (del 34,8 % en 1998 al 29,1 % en el 2008). (19)
Esto se explica, en particular, por el tipo de utilización de la renta petrolera. Una aplastante mayoría de los recursos del Estado venezolano provienen de la exportación de petróleo. El gobierno emplea masivamente estos recursos para mejorar las condiciones de vida de la mayoría pobre de la población (así como de otros sectores de ingresos medios) en los ámbitos de la salud (con resultados impresionantes), de la educación (idem), de la provisión de productos básicos a precios comprimidos a través de los canales de distribución y de comercialización Mercal(20) y Pdval (21) (alimentos y otros bienes de primera necesidad para las familias), de la construcción de viviendas, de la construcción de infraestructuras y de medios de comunicación colectiva (metro, tren), del aumento de los salarios en la función pública, del aumento del número de becas y rentas sociales, sin olvidar los gastos en los sectores de la cultura y los deportes, y la distribución de subvenciones importantes a las cooperativas y los consejos comunales.
El resultado es indiscutiblemente positivo: la proporción de venezolanos que viven por debajo del umbral de la pobreza se ha reducido a la mitad entre el 2003 y el 2008, pasando del 62,1 % al 31,5 % de la población. En cuanto a las personas en situación de pobreza extrema, la proporción se redujo dos tercios, pasando del 29 % en el 2003 al 9,1 % en el 2008 (22) El analfabetismo tuvo una fuerte disminución, el nivel de formación aumentó, el acceso a la atención sanitaria gratuita tuvo un alto aumento, el consumo de masa aumentó…
Pero el sector capitalista se beneficia también largamente de estos gastos gubernamentales, pues es quien domina, de lejos, la banca, el comercio y la industria alimentaria. El dinero suplementario que llega al pueblo proveniente de los gastos gubernamentales acaba concentrándose en los bolsillos de los capitalistas, pues es en los bancos capitalistas donde los particulares (y también las cooperativas, los consejos comunales, las municipalidades y otros numerosos entes públicos) depositan su dinero. Son bancos capitalistas los que emiten la moneda de crédito al consumo bajo la forma de tarjetas de crédito y que mantienen una parte creciente del consumo (cobrando unas elevadas tasas de interés). Son las empresas capitalistas de la industria alimentaria las que producen o comercializan la mayor parte de los productos alimentarios consumidos por las masas. Son las empresas capitalistas importadoras las que hacen llegar del exterior -a un tipo de cambio oficial muy favorable- los variadísimos productos importados que consumen los venezolanos (por otra parte, estas firmas organizan un comercio import-export fraudulento masivo entre Venezuela y Colombia que hace perder ingresos al Estado aumentando los beneficios capitalistas). Son las cadenas privadas de grandes superficies que aún dominan el comercio, aun si Mercal y Pdval tienen un papel no despreciable en la distribución de productos de base. Cuando el Estado nacionaliza empresas privadas pertenecientes al capital nacional, es a capitalistas locales a los que paga indemnizaciones de recompra.(22)
En síntesis, el sector capitalista sigue absorbiendo la mayor parte de los gastos que hace el Estado a favor de la población pobre o de ingresos medios.
Según un estudio de Mark Weisbrot y Luis Sandoval (23)cuyo contenido es, por otra parte, muy favorable al gobierno de Chávez, el sector financiero privado ha tenido un crecimiento del 37,9 % en el 2004, del 34,6 % en el 2005 y del 39,2 % en el 2006, mientras que el sector público (todos los sectores juntos) no creció más que el 12,5 % en el 2004, el 4,1 % en el 2005 y el 2,9 % en el 2006.
Como ha escrito Víctor Álvarez: «En el anterior período gubernamental del presidente Chávez (2000-2006), la mayoría de los incentivos financieros, fiscales, cambiarios, compras públicas, asistencia técnica, etc. fueron dirigidos al aparato productivo existente, conformado fundamentalmente por empresas mercantiles, las cuales reproducen el modo de producción capitalista que, paradójicamente, es el que se quiere superar y trascender.»
Estamos muy lejos de las afirmaciones de la prensa dominante, que ve en la gestión de Hugo Chávez una estatización galopante de la economía venezolana.
Un problema adicional, antes mencionado, se debe a una política de sobrevaloración de la moneda venezolana con respecto al dólar. Esto requiere una explicación. Desde el año 2003, las empresas que quieren importar mercaderías y servicios deben comprar los dólares a una administración del Estado llamada CADIVI. Esta medida, tomada para luchar contra la fuga de capitales, es útil. El problema es que el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar sobrevalora el primero. En efecto, esto agrava un comportamiento perverso: para un capitalista que dispone de una suma importante de bolívares, es más rentable cambiarlos por dólares, que compra al Estado a bajo precio, y comprar bienes en Estados Unidos o en otra parte, que producirlos en el país. Por lo tanto, la política del bolívar sobrevaluado inhibe la inversión productiva y favorece la actividad comercial volcada a la importación frenética de mercancías (24) ny su venta en las grandes redes privadas de distribución. De hecho, esta importación masiva está subvencionada por el Estado, dado que éste vende al sector privado a bajo precio unos dólares acumulados gracias a la exportación de petróleo. Así mismo, habría que analizar el papel de esta política del bolívar sobrevaluado y del alto nivel de importaciones sobre la tasa de inflación, particularmente alta en estos últimos años. Una inflación que se come los aumentos salariales dispuestos por el gobierno.
Un ejemplo de la naturaleza viciosa de esta política cambiaria y de los regalos que el gobierno hace a los bancos privados. El Estado venezolano compró títulos de la deuda emitidos por Argentina en 2004-2005. El problema es que vendió una parte de estos títulos, denominados en dólares, a los bancos privados. Éstos los pagaron en bolívares al tipo de cambio oficial sobrevaluado. ¿Qué hicieron con ellos algunos (o muchos) compradores? Los vendieron en Estados Unidos o en otra parte en dólares. Esto les permitió eludir el control sobre los movimientos de salida de capitales que ejerce el Estado venezolano. Es decir, oficialmente no exportaron capitales, no hicieron más que sacar del país títulos de la deuda argentina. Otras maniobras astutas de los bancos han podido brindarles jugosos beneficios, sería largo de detallar.
En conclusión, aunque el Estado trata de poner en marcha una política de desarrollo endógeno (esto es, volcado a la satisfacción de la demanda interna mediante la producción cada vez mayor dentro del país), la manera de operar la redistribución de la renta petrolera tiende a reforzar el sector capitalista y su comportamiento importador.
En su intervención en el encuentro de intelectuales organizado por el CIM, el escritor y jurista Luis Britto resumió así la situación: «Vivimos en una sociedad dual y yo digo en una fábula que hice que cuando uno intenta hacer un sistema mixto con gallinas y con zorros en un mismo gallinero, a la semana sólo quedarán zorros y además se comerán al granjero.» (25)
Algunas pistas para avanzar hacia una transición al socialismo del siglo XXI en Venezuela (26)
Una de las soluciones que se pueden poner en marcha a fin de que el Estado pueda recuperar (en lugar del actual sistema bancario privado) una parte sustancial de lo que distribuye (o destina) consiste en transferir al sector público (nacionalizar) la mayor parte o la totalidad del sector bancario capitalista venezolano (27) Recuperando de este modo una parte de lo que distribuye (a partir de la renta petrolera), podrá reinvertirla en la economía en forma de gastos sociales o de inversiones productivas, a fin de crear un círculo virtuoso de acumulación y de desarrollo de un sector público de la economía, así como de otras formas de propiedad que se ha de apoyar y reforzar (pequeña propiedad privada, propiedad cooperativa, formas tradicionales de propiedad de las comunidades indígenas, etc.)
Una segunda medida podría consistir en la estatización del comercio exterior, a fin de evitar que una gran parte de los beneficios del mismo sea desviada hacia la acumulación capitalista o hacia el exterior vía la fuga de capitales. Habría que establecer así mismo una serie de estímulos de diferentes tipos (impuestos, subvenciones, prioridades en las compras del Estado, etc.) a favor del sector no capitalista de la economía (naturalmente, incluida la pequeña propiedad privada). (28)
Pero lo que es absolutamente esencial es establecer unos mecanismos para evitar dos grandes escollos: 1) El monopolio de las decisiones por la burocracia del Estado, y 2) la emergencia de una nueva burguesía desde las entrañas del chavismo, lo que ya se denomina popularmente la «boliburguesía» (de burguesía bolivariana, la parte de los dirigentes chavistas que se benefician de sus funciones acumulando un capital). (29) Entre estos mecanismos citemos: fijación de un límite al abanico de salarios (por ejemplo, entre 1 y 6) reduciendo los más altos y aumentando el mínimo, así como los salarios medios; la obligación de los mandatarios y altos funcionarios de presentar una declaración anual de los ingresos globales (salarios, remuneraciones y otros ingresos) y del patrimonio (pues la acumulación de capital por los burócratas pasa a menudo por cobros bajo mano que aparecen en el patrimonio); la obligación de los ciudadanos de declarar las diferentes cuentas bancarias que tengan en el país y en el exterior (levantamiento del secreto bancario); un fuerte aumento de la progresividad del impuesto sobre los ingresos.
Un remedio indispensable, y ciertamente el más eficaz, es la aplicación de una política de control obrero y de control ciudadano de la contabilidad y la gestión de las empresas y de las instituciones públicas. Esto permite imponer la transparencia de la gestión (a fin de evitar los desvíos, el derroche, e empleo de los recursos de las empresas e instituciones en proyectos que no se justifiquen desde un punto de vista social, ambiental, etc.) mediante una política de auditoría integral, en la cual deben participar activamente los trabajadores y los usuarios de los servicios. Esto implica también la dotación de los organismos de control, y de las personas que forman parte de éstos, de la formación necesaria para pasar del control a la autogestión de las empresas (manteniendo siempre un control externo). Toda esta batalla por el control obrero, por el control ciudadano (control de usuario), por la autogestión forma parte de la construcción de órganos de poder popular. Habría que encontrar la forma adecuada para que el desarrollo de estos órganos no se limite a una visión fragmentada, lo cual plantea el problema de la construcción de una federación nacional de órganos de control y de poder popular.
Por otra parte, es también vital mejorar la formación de los gestores de las empresas públicas. Pues las nacionalizaciones requieren la creación de una reserva de reclutamiento de cuadros de alto nivel técnico y de una sólida formación política y social, que también tengan una formación ética. En efecto, para acelerar el ritmo de las nacionalizaciones, es necesario crear al mismo tiempo una reserva de cuadros y desarrollar, como se ha dicho más arriba, una política de control obrero y ciudadano. En caso contrario, se corre el riesgo de crear empresas públicas ineficaces, cuando no corruptas.
Algunas observaciones suplementarias concernientes a Venezuela
Reducir la dependencia de los hidrocarburos y de Estados Unidos
Uno de los desafíos a los que se enfrentaron varios gobiernos anteriores, así como el de Hugo Chávez, es la diversificación del aparato productivo a fin de salir de una extrema dependencia de los hidrocarburos (demás está decir que esto vale para la mayoría de los grandes exportadores de petróleo). Es por esto por lo que, en los años 60, se creó una empresa como SIDOR. Más tarde, en el curso de los años 80 y 90, los gobiernos neoliberales (30) privatizaron muchas empresas públicas, como SIDOR, y recurrieron a las inversiones extranjeras para diversificar la economía. Fue un fracaso.
En estos últimos años, el gobierno de Hugo Chávez trató a su manera de diversificar el aparato productivo con las siguientes medidas:
1. Desarrollo y refuerzo de un polo siderúrgico y metalúrgico aplicando una política de sustitución de importaciones (por ejemplo, Venezuela producirá los tubos necesarios para sus oleoductos, que hasta ahora son importados; con ayuda de China, ampliará la red y fabricará material rodante);
2. Apoyo a la producción agrícola local para acercarse tanto como se pueda a una situación de soberanía alimentaria, cuando cerca del 90 % de los alimentos consumidos en el país son importados (herencia de décadas de empleo de los recursos petroleros para importar todo lo que Venezuela necesitaba);
3. Desarrollo de la industria petroquímica;
4. Mejora de la producción y de la distribución de electricidad, obtenida en su mayor parte a partir de la energía hidráulica (felizmente, no a partir del petróleo). En este aspecto, al contrario de las intenciones oficiales, hay que evitar lanzarse a la producción de electricidad por centrales nucleares;
5. Nacionalización de la industria cementera a fin de desarrollar la política de construcción de viviendas.
En cuanto a la voluntad de reducir la dependencia del petróleo, Venezuela trata también de disminuir la parte de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos, (31) su principal comprador de hidrocarburos, intentando reforzar las ventas a China (según fuentes gubernamentales, se espera que este país compre tanto como Estados Unidos de aquí al 2014, una meta que parece difícil alcanzar).
Política agraria
Se ha llevado a cabo una reforma agraria, (32)las cooperativas y las pequeñas explotaciones agrícolas reciben importantes subvenciones, pero se parte de una situación muy difícil. El peso de la agricultura en el PIB es muy débil (33) y, aparte de excepciones muy importantes (como, por ejemplo, las regiones de grandes huertas de los Andes), (34) Venezuela es uno de los países en los que el campesinado está considerablemente debilitado debido a la aplicación durante décadas del modelo importador.
¿Cómo reconstituir un campesinado que asegure la soberanía alimentaria de una población que llegará a los 30 millones en los próximos años? Hay que reconocer que es muy difícil resolver el problema. Para ello, es necesario que el Estado ponga en marcha una amplia batería de medidas de estímulo, entre las cuales: una mejora sustancial de la calidad de los servicios públicos en zonas rurales para reducir el éxodo rural; el aporte de una ayuda a diferentes niveles a la agricultura familiar y otras formas tradicionales de producción agrícola, sin ejercer una presión exagerada a favor de las cooperativas (35) el desarrollo de una red pública para la comercialización de los productos de los campesinos, que asegure la estabilidad de la salida y precios suficientemente altos para estimularlos y ponerlos fuera del alcance de las garras de las redes privadas, que imponen su precio a los productores, y asegurarles unos márgenes de beneficio mucho más altos. (36)
Michael Lebowitz ha hecho unas propuesta concernientes a la política agrícola en Venezuela que se tendría que poner en práctica para mejorar la situación: «Teniendo en cuenta el contrabando existente debido a un bolívar sobrevaluado y el desvío de mercancía vía mercado negro, no es apropiado subsidiar a través del suministro gratis de insumos, tales como medios de producción o subsidios monetarios directos, a la producción agrícola (excepto en la caso de que se establezcan nuevas instalaciones productivas). ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias, no hay ningún control que asegure que los productos se dirijan al lugar apropiado -sobre todo con la falta de mecanismos de seguimiento y vigilancia que involucran costos de transacción muy importantes.
«Por lo tanto, para asegurar que los subsidios resulten en un verdadero incremento de alimentos en el mercado nacional y a precios apropiados, la mejor forma de subsidio es a través de una agencia del Estado que compre los productos a un precio determinado. Esta agencia estatal puede otorgar un precio a los productores que estimule la producción y luego puede hacer que estos artículos sean vendidos a la población en general través de la red de Mercal a precios más bajos que lo que pagó a los productores.» (37)
Política del gobierno venezolano en materia de endeudamiento
El peso de la deuda pública con respecto al PIB ha bajado en el curso de los últimos años, pero hay que señalar que el gobierno de Hugo Chávez sigue sin ordenar la realización de una auditoria integral de la deuda pública a pesar de que se comprometió a hacerlo en varias ocasiones. (38) Una parte de la deuda, que Venezuela sigue pagando, fue heredada del régimen anterior (la IV República) y está muy tachada de fraude. Pero no es necesario atenerse a las deudas contraídas por los gobiernos anteriores a la V República, instituida en 1999. En efecto, es muy importante para el gobierno que demuestre a la ciudadanía que está dispuesto a auditar su propia política de endeudamiento.
Además, no se puede dejar interrogarse sobre la oportunidad de contraer nuevas deudas en un momento en el que el precio del barril de petróleo era elevado y en el que no faltaba liquidez. Sin embargo, PDVSA se endeudó por un monto de 12.000 millones de dólares en el 2006 emitiendo títulos en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo justificar esta medida que no fue discutida en la Asamblea nacional? Con un precio del barril en baja desde julio de 2008 (aun si su nivel actual -entre 50 y 70 dólares el barril en el verano del 2009- pone a Venezuela fuera de peligro inmediato), los desembolsos que debe efectuar PDVSA ¿no recargan su presupuesto? ¿No reducen exageradamente su liquidez? ¿Por qué endeudarse y transferir intereses a los mercados financieros privados internacionales (o nacionales), si se dispone de suficiente liquidez para no tener que recurrir al empréstito? Lamentablemente, estas preguntas siguen sin respuesta.
Hay que destacar que Hugo Chávez pone el acento en el desarrollo endógeno del país, que define como «autocentrado, basado en los recursos propios y consubstancial del retorno con fuerza a la escala nacional». Reducir el endeudamiento exterior de PDVSA tendría que constituir una aplicación de esta definición tan interesante.
La defensa de Venezuela frente al peligro de agresión exterior y a la amenaza de los paramilitares colombianos en territorio venezolano
Ante la agresividad de Estados Unidos y de Colombia (las fuerzas armadas colombianas son muy superiores a la venezolanas y es público y notorio que paramilitares colombianos ya están presentes en territorio venezolano, por ejemplo, en el estado de Tachira, al suroeste del país) la población es cada vez más consciente de la necesidad de prepararse para afrontar posibles ataques.
Hay que recordar que, para hacer frente al putsch del 11 de abril de 2002, el pueblo no disponía de armas. Fueron centenares de miles de personas desarmadas las que rodearon los cuarteles, el palacio presidencial, las radios y la TV cómplices del golpe. Muchos militantes no quieren que esta situación se repita, tanto más cuando los enemigos del proceso han aprendido la lección del fracaso del golpe.
El general Alberto Müller Rojas, miembro de la dirección del PSUV, dice en un editorial de A la Izquierda, revista del partido, que hay que imaginar «una agresión armada […] en la cual nuestro pueblo tendría que enfrentar fuerzas no sólo cuantitativamente mayores, sino cualitativamente superiores. Y habría un agravante. Las hostilidades contarían con el apoyo de factores de poder internos…». Más adelante agrega: «Y la respuesta de nuestra organización no puede ser otra que la promoción de un debate sobre el problema en el marco de las organizaciones populares.» (39). Por su parte, Stalin Pérez Borge, dirigente de Marea Socialista y responsable sindical, escribe: «… la única respuesta es el pueblo en armas. Es necesario que nosotros, los trabajadores, nos incorporemos de inmediato a la Milicia Bolivariana para formar lo más pronto posible los batallones obreros.» (40)
Traducido por Raúl Quiroz
Notas
(1) El «no» en el referéndum constitucional promovido por Chávez el 2 de diciembre de 2007 recogió el 51 % de los votos contra el 49 % del «sí». Fue el único fracaso «electoral» de Chávez entre 1998 y 2009. Véase Eric Toussaint, «Transformar el fracaso del 2 de diciembre de 2007 en una potente palanca para impulsar el proceso en curso en la Venezuela de Hugo Chávez», http://mareasocialista.com/
(7) Este ha sido, en particular, el caso el 21 de mayo de 2009, durante una reunión de Hugo Chávez con los 400 delegados de la industria del acero y del aluminio realizada en el estado de Guayana. Otra reunión para concretar los compromisos asumidos en el curso de esta importante asamblea tuvo lugar el 21 de agosto en el marco del «Plan Guayana socialista 2019». Véase Marea Socialista, nº 22, p. 3.
(8) Todas las intervenciones, que en total llenan más de 300 páginas, son accesibles en español en el sitio www.aporrea.org y han sido publicadas en el número cero de la revista La Comuna, con fecha julio-agosto-septiembre de 2009. Hay que señalar que el sitio www.aporrea.org, creado justo después del fracaso del golpe de Estado de abril del 2002 por un grupo militante en torno a Gonzalo Gómez (por otra parte, fundador del CADTM Venezuela), desempeña un papel muy importante en el plano de la información y de los debates sobre el proceso en curso. Supera el millón de visitas mensuales. Así mismo, varias intervenciones pueden verse en el sitio www.cadtm.org y en www.rebelión.org
(9) Véase la síntesis completa en http://www.cadtm.org/Venezuela-premiere-synthese-de-la
(10) Comisión nacional de telecomunicaciones, instancia independiente de regulación.
(11) Fecha del retorno de Chávez al poder (después del golpe de Estado del 11 de abril de 2002) tras la movilización masiva y espontánea de la población.
(12) http://www.rebelion.org/docs/83276.pdf . Este estudio, de 61 páginas, contiene une bibliografía de los 21 trabajos de Harnecker sobre el tema de la participación popular. Véase también, de la misma autora, «Las Comunas, sus problemas y cómo enfrentarlos».
(14) Oficialmente, seis millones de venezolanos estaban afiliados al PSUV en el momento del referéndum del 2 de diciembre de 2007. Pero el «Sí» obtuvo sólo un poco más de cuatro millones de votos, algunos de los cuales evidentemente no provenían de militantes del PSUV, puesto que el PCV (Partido Comunista de Venezuela) y el PPT (Patria Para Todos) también llamaban a votar «Sí». Por lo menos, dos millones de afiliados del PSUV no votaron «Sí». En la fase de lanzamiento del partido, se fijó a los ministerios unas cuotas de inscripciones de nuevos miembros que debían lograr, lo que ha viciado el proceso y abultado el número de partidarios sin que ello correspondiera a la cantidad real de venezolanos que pensaban adherirse al partido.
(15) Intervención de Martha Harnecker en el encuentro «Intelectuales, democracia y socialismo: callejones sin salida y caminos de apertura», organizado por el CIM, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88031
(16) Intervención de Gonzalo Gómez en dicho encuentro www.cepr.net
(24) Una anécdota personal: me quedé estupefacto al ver, a finales de noviembre de 2006, en los barrios de clase media de Caracas, puntos de venta de miles de árboles de navidad importados de Canadá. Los comercios también vendían, en gran cantidad, sistemas para esparcir nieve química sobre los pinos. Hay que tener en cuenta que para esas fechas la temperatura media en Caracas es de más de 20 grados. El bolívar sobrevaluado hace absolutamente rentable la importación masiva de los pinos provenientes del gran Norte. Es verdad que Hugo Chávez critica este modelo de importación sistemática, tanto más, -dice-, cuanto que esto corresponde a unos hábitos culturales (por ejemplo, el papá Noel) también importados y adoptados en detrimento de las tradiciones locales.
(25) Véase http://www.cadtm.org/IMG/article_PDF/article_a4492.pdf y Martha Harnecker, «Selección de las opiniones más destacadas de los intelectuales reunidos en el CIM», http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88131, que presenta extractos de diferentes intervenciones realizadas en el curso del encuentro de intelectuales organizado par el CIM a principios de junio de 2009.
(26) Las recomendaciones que siguen son válidas también para Ecuador y Bolivia (cuya evolución reciente se analizará más adelante), aunque la situación en Venezuela es más favorable, desde muchos puntos de vista, para su aplicación.
(27) Ha tomado una primera medida en ese sentido en el 2009 al nacionalizar el Banco de Venezuela.
(28) En este sentido, véanse las propuestas de Víctor Álvarez en la parte final del documento antes citado.
(28) Roberto López, profesor en la universidad de Zulia, critica un proceso «en el cual sectores empresariales privados, que no son necesariamente los que están tratando de derrocar al gobierno, sino los sectores empresariales privados aliados a la burocracia bolivariana, que se han hecho multimillonarios en este período. Habría que hacer un análisis de los grupos empresariales y de la relación con los haberes económicos de muchos dirigentes y próceres del proceso. Pareciera que hay una nueva burguesía bolivariana asociada a sectores empresariales. Por ejemplo, un hecho que conozco casi directamente es el de las empresas contratistas que acaban de ser nacionalizadas, expropiadas en la Costa Oriental del Lago, donde prácticamente en todas esas empresas estaban empresarios que habían participado en el golpe, en el paro petrolero y todos estaban asociados con dirigentes del PSUV, con dirigentes de la revolución, con diputados, gobernadores bolivarianos, etc.» Véase: Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.