Lula ahora es convicto en la Lava Jato: tres preguntas directas y tres respuestas frontales

No, no es justo que sea Sergio Moro el que decida el futuro de Lula. Los trabajadores deben castigar a Lula y al PT, retirando el apoyo al lulismo en los sindicatos, en los movimientos, en las urnas. No Sergio Moro.

No solo no apoyamos el proyecto de un Frente Amplio alrededor de Lula en 2018, sino que consideramos clave para el futuro de la izquierda comenzar ya la construcción de un Frente de Izquierda Socialista independiente del PT y sus aliados. Pero defenderemos el derecho del PT de presentar a Lula como candidato.

Si, el PT y Lula gobernaron para la clase dominante, eso merece ser denunciado, pero eso no es ilegal. Puede ser, políticamente, inmoral, pero no es ilegal. Tenemos diferencias irreconciliables con el lulismo, pero no podemos ser cómplices de una investigación policial que criminaliza al PT y a Lula.

Sí, Lula pasó a vivir con un estilo de vida incompatible con una identidad socialista. Pero eso no es un crimen. Es inmoral, pero no es ilegal.

Fue algo que Pepe Mujica evitó en Uruguay, aunque, programáticamente, haya tenido una orientación de colaboración de clases semejante a la de Lula. El aburguesamiento del modo de vida como, por ejemplo, el consumo de lujo proporcionado por la condición de presidente de la República, merece ser juzgado como inmoral 

Para aquellos que abrazan una perspectiva de izquierda, la orientación de colaboración de clases fue errada, o fue una capitulación, o fue una traición, de acuerdo con la mayor o menor radicalización de cada uno de nosotros. Pero esa es una denuncia política, y hasta moral. Sí, también, es moral, en la medida en que la defensa de políticas reaccionarias como, por ejemplo, el mantenimiento del trípode macro económico de los gobiernos Fernando Henrique Cardoso (superávit primario elevado, cambio fluctuante y tasa Selic elevada), merecen ser denunciadas como inmorales por los sacrificios desproporcionales que recaían sobre los hombros de quien trabaja. 

Pero, de nuevo, son denuncias políticas. No fundamentan un proceso de investigación criminal. La tesis central de la denuncia que presenta a Lula como el jefe de una banda, apoyada en la premisa, supuestamente con fundamento jurídico, la teoría del «dominio de hecho», no es sino una construcción política para criminalizar a Lula, ayudar a blindar el gobierno Temer e impedir una posible candidatura suya en 2018.

La razón es simple: tienen miedo del apoyo electoral que Lula todavía pueda ejercer en 2018, después de dos años de ejercicio de poder por Temer y el arco de alianzas que le garante 400 votos en el Congreso Nacional.

¿El apartamento de tres pisos y el predio no son de él? ¿La conferencias pagas a 250 mil dólares no eran parte de un esquema de corrupción? 

Los investigadores de la Lava Jato inmortalizaron la frase más absurda del mes: «Tenemos convicción, pero no tenemos pruebas».

No hay pruebas de que el apartamento de Guarujá o el predio de Atibaia sean propiedad Lula.

Y estas propiedades no son incompatibles con su ingreso. Hay indicios de que Lula puede haber negociado con las empresas constructoras reformas en esos inmuebles como retribución de favores, y eso sería inmoral, si él fuese el dueño, y si las reformas no fuesen pagas sería un delito.

Pero no habiendo pruebas, no sustentan el enjuiciamiento

No sorprende que Sergio Moro haya aceptado hacer la denuncia. Los abusos en el episodio de la publicidad de la conversación telefónica entre Dilma y Lula ya lo descalificaron como un juez idóneo.

Las conferencias millonarias de Lula son una forma inmoral de ganar dinero, pero no son ilegales. Revelan que sus opiniones era, seriamente, consideradas por los mismos capitalistas del Brasil que ahora apoyan a Temer. Son inmorales porque un líder de los trabajadores no debe prestarse al triste papel de consejero de los patrones. Pero no son una actividad más delictiva que las conferencias de Fernando Henrique Cardoso, o cualquier otro dirigente burgués.

La carga de la prueba en cualquier investigación de justicia civilizada debe ser de quien acusa. La presunción de inocencia no debe ser comprendida como un exceso de legalismo. En un país como el Brasil, en que la clase dominante gobernó tanto tiempo, y tantas veces, destruyendo las más elementales libertades democráticas, la izquierda tiene el deber de saber decir no a todo abuso de autoridad de la justicia.

¿Sólo es posible estar en contra del enjuiciamiento, si creemos en la inocencia de Lula? 

No. No debemos gambetear sobre la inocencia de Lula.

Lula y la dirección del PT no son inocentes. Son, políticamente, culpables.

Sí, Lula cambió y para mucho peor.

No obstante, no ha sido probado que Lula tuvo enriquecimiento ilícito por actividad de corrupción, no fue probado que él articuló la red de financiamiento del PT vía sobrefacturación de contratos de la Petrobrás, y no fue probado que se benefició en las reformas de los inmuebles.

Esos son los no de la cuestión al proceso jurídico en que ahora es convicto.

No debemos ser cómplices de una operación política reaccionaria que pretende llevar a Lula a prisión, en cuanto los jefes de los partidos financiados por las grandes corporaciones quedan blindados para garantir la gobernabilidad de Temer.

Quien debe juzgar a Lula por sus crímenes políticos son los trabajadores, la juventud y el pueblo. Y no queremos esperar la victoria de la revolución brasilera para este juicio. Aquellos que fueron oposición de izquierda al lulismo, deben combatir para que el lulismo sea juzgado, a partir de ahora, en las organizaciones, en las luchas y en las elecciones. Así se podrá abrir el camino para la superación de las ilusiones en el lulismo. Una prisión de Lula por la Justicia de este Estado no derrotará la política del lulismo, al contrario, lo fortalecerá, interrumpiendo la experiencia.

Estar a favor de la aceptación de enjuiciamiento por el juez Sergio Moro es una capitulación al gobierno Temer, porque es el paso siguiente que intenta legitimar el impeachment de Dilma Rousseff.

No fue la frustración, la perplejidad, o la indiferencia de los reaccionarios con el gobierno Rousseff que abrieron el camino al impeachment.

Temer llegó al poder al final de una campaña reaccionaria que llevó a millones de acomodados a las calles, y unió a la burguesía en torno a un programa de choque neoliberal.

El juez de Curitiba podrá decretar hasta prisión provisoria de Lula.