La inhabilitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió al escenario político brasileño, alterando el cauce que parecía establecido para las elecciones presidenciales de octubre. Además, el principal candidato opositor tampoco está firme como se creía dos semanas atrás. El Orden (Colegio) de Abogados de Brasil decidirá el 8 de mayo, en reunión de […]
La inhabilitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió al escenario político brasileño, alterando el cauce que parecía establecido para las elecciones presidenciales de octubre. Además, el principal candidato opositor tampoco está firme como se creía dos semanas atrás.
El Orden (Colegio) de Abogados de Brasil decidirá el 8 de mayo, en reunión de su Consejo Federal, si formaliza un pedido de juicio político que podría resultar en la inhabilitación del presidente, dependiendo de la votación en la Cámara de Diputados y en el Senado.
La iniciativa se basa en un hecho nuevo que ha alentado a la oposición a desplegar otra ofensiva, ahora dirigida directamente contra Lula, candidato a la reelección con amplia ventaja sobre sus posibles adversarios, según las últimas encuestas.
El procurador (fiscal) general de la República, Antonio Fernando de Souza, divulgó el martes una denuncia de 133 páginas que dirigió al Superior Tribunal Federal, acusando a 40 políticos, entre ellos tres ex ministros del actual gobierno, de haber conformado una «sofisticada organización criminal» para asegurar el poder al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) a través de la «compra de apoyo político».
La trama fue descrita en otros términos por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre corrupción en el Correo en su informe del 5 de abril, que pedía el enjuiciamiento de 109 personas, la mayoría parlamentarios y dirigentes políticos, acusados de delitos asociados a dinero ilegal empleado en elecciones o sobornos políticos.
Pero la acusación con fuerza y lenguaje judicial de la Procuraduría, supuestamente fuera del juego partidario, agregó nuevo combustible a la campaña de una oposición cuyas posibilidades electorales se basan mucho en los daños que pueda infligir el escándalo en la imagen de Lula.
La denuncia del procurador general y el informe de la CPI no indican ningún compromiso de Lula con la corrupción desvelada, pero su responsabilidad en los hechos es innegable por la cantidad de dirigentes oficialistas enjuiciados, afirman líderes opositores como el presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el senador Tasso Jereissati.
Sin embargo, «no hay clima político» para un juicio político contra el presidente, reconoce la oposición. El proceso contra los acusados en el Superior Tribunal Federal podría iniciarse el próximo año.
Con todo, algunos parlamentarios opositores esperan que avances en la investigación ahora fortalecida por la acción judicial puedan revelar vínculos con el presidente. Además, sigue actuando la CPI sobre el juego de bingo, una de las tres creadas a causa del escándalo de corrupción en el gobierno que estalló en mayo del año pasado.
Esa CPI, controlada por la oposición e inicialmente destinada a investigar denuncias de que el oficialismo obtenía recursos ilegales de empresas de juegos y loterías, amplió su área de acción. Ahora concentra sus esfuerzos en interrogar a amigos de Lula que le habrían hecho varios favores, como pagar sus deudas personales.
El presidente es hoy un líder solitario. Sucesivos escándalos provocaron la caída de sus ministros más poderosos y cercanos, como el ex jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, el ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, destituido el 27 de marzo, y el ex secretario de Comunicación, Luiz Gushiken.
También el gobernante PT está extremadamente debilitado como fuerza electoral y perdió su antigua capacidad de movilización, además de discrepar de la política económica de su propio gobierno. Tres de sus principales dirigentes, incluido el presidente José Genoino, tuvieron que renunciar a raíz del escándalo y están entre los 40 imputados por la Procuraduría.
Las encuestas, sin embargo, siguen apuntando a Lula como favorito. Su reelección pareció más probable después de que el PSDB, principal fuerza opositora, escogió como candidato al ex gobernador del meridional estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, en desmedro del ex alcalde de la capital estadual de Sao Paulo, José Serra, derrotado por Lula en 2002.
Según la última encuesta, divulgada el martes por el instituto Sensus, Lula derrotaría a Alckmin por 45 a 33,2 por ciento de los votos, una diferencia un poco menor que la registrada en febrero, atribuida al hecho de que solo ahora el segundo aparece como postulante.
Pero algunos pequeños escándalos empiezan a afectar el ex gobernador de Sao Paulo, como la acusación de que su mujer se adueñó de ropas de lujo donadas para beneficiar a poblaciones pobres, y fraudes en publicidad oficial.
El débil desempeño de Alckmin en las encuestas y su imagen manchada por esos hechos alientan rumores de que su candidatura podría caer en el congreso partidario de junio, que deberá proclamar la fórmula oficial. No se descarta que Serra vuelva a ser el principal oponente de Lula, si éste sigue en la disputa por la reelección. (FIN/2006)