«Lula es rehén de los que tomaron el poder por asalto»

Javier Larraín.- Abogado, quisiera comenzar por pedirle que nos diga cuál es la actual condición legal de Lula.

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Desde hace casi un año el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva está encarcelado en Curitiba, condenado a más de 12 años de prisión, en un proceso sin pruebas, llevado a cabo con el único e indiscutible objetivo de impedir su candidatura a la presidencia de la República.

Javier Larraín.- ¿Puede hablarnos de las irregularidades vividas antes, durante y después del primer proceso judicial en contra de Lula?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- El proceso, verdadera farsa judicial, fue montado con el fin que mencioné. Claro, la denuncia es que él habría recibido por parte de una constructora un apartamento tríplex en Guarujá, en virtud de la celebración de tres contratos de la constructora con Petrobras. Sin embargo, nada de esto fue comprobado. Al contrario, lo que se evidenció en los autos judiciales fue que los tres contratos no contaron con participación alguna de Lula y que el apartamento nunca estuvo a su nombre. Para colmo, la constructora llegó a usar el inmueble como garantía de un préstamo bancario en beneficio propio. Inclusive se utilizó un delator que, después de dos declaraciones sin atribuir ningún ilícito a Lula, en su tercera comparecencia dijo que el inmueble «iba a ser destinado a Lula».

Javier Larraín.- ¿A qué atribuye esa voltereta del declarante?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- El cambio de versión se dio porque este testigo fue condenado a 25 años de reclusión por otro proceso y, después del testimonio en que mencionó a Lula, su pena fue reducida a solo tres años, con derecho a prisión domiciliar.
En consecuencia, como no se halló nada contra Lula, el entonces juez Sérgio Moro -actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro- dijo que el expresidente estaba siendo condenado a nueve años de prisión «por actos indeterminados».

Javier Larraín.- ¿Por qué las instancias superiores de Justicia decidieron modificar la condena original y aumentar los años de castigo?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), al juzgar en tiempo récord -jamás visto- un recurso de apelación interpuesto por Lula, aumentó la pena hasta 12 años exclusivamente para imposibilitarlo de beneficiarse de la prescripción -en virtud de tener más de setenta años- y ordenar su arresto inmediato. Y es que de haber sido ratificada la pena original, Lula no hubiese sido arrestado.

Javier Larraín.- ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación masivos, como Rede Globo, a la hora de vapulear al líder del PT?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Cabe decir que en el transcurso del proceso se hizo todo lo posible por impedir el ejercicio de defensa de Lula. Se rechazaron diversas pruebas, principalmente una solicitud de pericia del inmueble.
De ese modo, la prensa hizo  una gran ofensiva en torno a la acción de la Fuerza Tarea de la «Lava Jato» y en sucesivas entrevistas buscó criminalizar a Lula y condenarlo anticipadamente, señalándolo como jefe de una cuadrilla y al PT como una organización criminal.

Javier Larraín.- ¿Qué podemos concluir de este primer caso?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Que hasta ahora la Justicia Federal en Curitiba, que juzga los procesos referidos a  Petrobras, aun reconociendo que los contratos mencionados en la denuncia no tenían relación con el expresidente, mantuvo su competencia territorial y fallos.
Este proceso es una farsa judicial, una persecución política sin nombre. Fue creado por Sérgio Moro para imposibilitar a Lula de ser candidato y viabilizar la elección de Bolsonaro, a quien hoy sirve en la cartera de Justicia.

Javier Larraín.- El pasado mes de febrero Lula fue vuelto a condenar a otros 12 años y 11 meses de prisión, por pretendidos actos de «lavado de dinero y corrupción», ¿a qué se debe esta nueva sentencia?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Aunque condenado y encarcelado por el caso del apartamento tríplex, ese proceso ha sido desestimado en el mundo jurídico democrático brasileño e internacional por las terribles irregularidades que mencioné. No hay un solo jurista de respeto, en Brasil o fuera, que haya publicado un artículo, dado una entrevista o manifestado su opinión en defensa de la sentencia condenatoria. ¿Qué ocurre, entonces? Sérgio Moro y la Fuerza Tarea de la «Lava Jato» buscaron un nuevo proceso, ahora refiriéndose a un sitio en el municipio de Atibaia -de propiedad del hijo de un amigo de la familia Lula-,  que era regularmente visitado por estos.

Javier Larraín.- ¿Cuáles son las novísimas anomalías del «caso Atibaia»?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Igualmente este proceso se convirtió en una farsa judicial. En la acusación se dice que el propietario del sitio era ficticio y que en realidad el inmueble pertenecía a Lula. Pero el propietario compareció a los autos judiciales, mostró cómo adquirió el inmueble, de dónde obtuvo dinero para el pago del mismo, todo esto a través de  documentos, extractos bancarios demostrativos de las retiradas y respectivos pagos de las prestaciones. Con todo, ninguno de los testimonios y documentos sirvieron para la Fuerza Tarea de la «Lava Jato». La jueza sustituta de Moro, Gabriela Hardt, acabó por condenar a Lula a otros 12 años de prisión, alejando la posibilidad de prescripción y facilitando el trabajo del Tribunal Regional Federal, que no necesitará modificar la sentencia para perjudicarlo aún más.
Esta segunda sentencia fue dada -también en tiempo récord- exactamente después de la inscripción de Lula como candidato al Premio Nobel de la Paz y copiando ipsis litteris gran parte del dictamen concerniente al tríplex. En diversos trechos de la sentencia la jueza se refiere al apartamento de Guarujá y no al caso en juicio, del sitio de Atibaia, lo que demuestra cómo se están analizando los procesos contra Lula.

Javier Larraín.- ¿Cuál es la posición de la defensa respecto al último fallo?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- En contra de esas arbitrariedades, fraudes procesales y maniobras para condenar a Lula a toda costa, su defensa interpuso diversos recursos, al propio Tribunal Regional Federal, al Superior Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Todos esos recursos están pendientes.

Javier Larraín.- ¿Cuál es la relación entre Sérgio Moro y Jair Bolsonaro? ¿Considera que Lula es víctima de un plan preconcebido al que se prestó la Justicia brasilera?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Yo hablo por mí. Soy uno de los abogados de Lula. Actué en los procesos de la dictadura militar, defendí presos políticos y participé en la reconstrucción democrática de Brasil. Como abogado y militante político, estoy convencido de que lo que está sucediendo con el presidente Lula se aparta de la ley. Es una violencia política y antidemocrática, un abuso de poder cada día más visible y los tribunales brasileños están amedrentados de juzgar de acuerdo con la ley y la Constitución, mientras son tenidos por los golpistas y los medios, como conniventes de actos de corrupción.
Los magistrados que se atreven a disentir de las decisiones de la «Lava Jato» -concernientes o no a los procesos de Lula- son criticados en los medios, hostilizados en las redes sociales y atacados por los partidarios de Bolsonaro.
Cuando decíamos que Sérgio Moro era un persecutor político, travestido de magistrado, él mismo respondía diciendo que obedecía a la ley, a la Constitución y a los autos de los procesos que le eran encargados. Y así mantuvo a Lula preso. Pero, a la semana siguiente a la elección presidencial, fue el primer ministro en ser invitado por Bolsonaro, desligándose inmediatamente de la Magistratura para convertirse en ministro de Justicia. Así que la verdad de los hechos que ocurren a Lula se está desnudando.

Javier Larraín.- ¿Es Lula un «preso político»?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Lula es más que un preso político, es rehén político de los que derribaron a una presidenta electa -Dilma Rousseff, igual sin crimen y sin motivo-, de quienes impidieron a Lula disputar la elección presidencial y ahora pretenden mantenerlo preso, incomunicado, buscando alejarlo de la vida política para siempre. Él fue condenado sin comprobársele un solo acto criminal. No se ha probado jamás ningún beneficio indebido. Sus procesos no ostentan crimen y menos aún prueba de algún crimen. Son miles de páginas de retórica político-ideológica, moralista y preconcebida, derechista hasta no poder, que no se sostienen ante un juicio exento y sereno.
Lula fue arrestado antes del fin del proceso, contra la letra expresa de la Constitución Federal, sobre la presión de los medios y del Comandante del Ejército que hoy ayuda a Bolsonaro al interior del Palacio de Planalto.
Incluso una ministra del Supremo Tribunal Federal, al juzgar el Habeas Corpus en favor de Lula, anunció un voto contrario a su conciencia y a sus anteriores entendimientos sobre el principio de la presunción de la inocencia.

Javier Larraín.- Entiendo que las autoridades nacionales han desobedecido a Naciones Unidas en relación a ciertos derechos a ejercitar por Lula.

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Es real que a Lula le fue prohibido ser candidato a presidente contrariando una decisión de las Naciones Unidas que tenía fuerza legal, porque Brasil es signatario del tratado de obediencia a las decisiones de ese comité. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU dijo que los derechos de ciudadano de Lula estaban siendo violados por los procesos de la «Lava Jato». Que había transgresiones a su defensa. Que tenía derecho a postularse. En definitiva, para frenar su candidatura Brasil faltó a la obediencia de un tratado internacional que firmó.

Javier Larraín.- ¿Por qué esta empecinada decisión de la derecha por dañar la honra de Lula? ¿Sienten un temor hacia su figura política?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Como se ve, el miedo de la élite brasileña y de los reaccionarios ultraderechistas -sumisos al imperialismo norteamericano- a Lula es tan grande que no les bastaba con arrestarlo para impedir su candidatura. Era necesario prohibirle hablar, que pudiera grabar mensajes y dar entrevistas, porque temían que eso pudiera favorecer a Fernando Haddad y no al entreguista ultraliberal, casi fascista, que ellos querían poner en el poder.
Hasta hoy restringen sus visitas de carácter religioso. Nos impiden, a sus abogados, tener acceso a él. Reducen el tiempo de reunión, incluso para los abogados. Limitan las visitas de sus propios familiares. Imposibilitan a Lula acompañar el entierro de su hermano. Solo le dejaron asistir a la ceremonia de cremación de su nieto, Arthur, haciéndolo, claro está, tras disponer de un gigantesco operativo policial-militar que involucró a cientos y cientos de hombres, perros, helicópteros, aviones, sirenas, entre otros recursos.

Javier Larraín.- Pero, ¿por qué los afanes por afectarlo en lo humano?

Luiz Eduardo Greenhalgh.- Hoy Lula debe ser el único brasileño al que le resulta prohibido dar entrevistas. No puede hablar. Tampoco le dejan tener contacto con el pueblo.
¿Sabes por qué tanta persecución? Justamente porque saben que él no es culpable, porque temen y luchan contra el surgimiento de la verdad en medio del escarnio con que los golpistas lo tratan. Lula es rehén de los que tomaron el poder por asalto. Y la democracia, la libertad y la justicia social por las que Lula y tantos otros lucharon -y que la derecha desprecia-, están con él, presas en la celda de Curitiba.
Este es el cuadro sombrío del Brasil, de los brasileños y de Lula. Es por eso que se multiplican las manifestaciones de solidaridad en todos los rincones del país y en el exterior. «Lula Libre» pasó a ser la consigna de todos los luchadores por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y la justicia social. Su libertad será conquistada en esos espacios sociales, en las calles y plazas, por el pueblo.
Y Lula ha soportado todas esas humillaciones con dignidad, con altivez y con comprensión de su papel político en la coyuntura de Brasil, América Latina y el resto del mundo. Saldrá pronto, porque no hay derrotas definitivas para los pueblos. Pero lo hará con la cabeza erguida, reforzando su alianza con los pobres, con los excluidos y con los perseguidos, para continuar su trayectoria de lucha.

Luiz Eduardo Greenhalgh
Político y abogado, nació el 11 de abril de 1948 en São Paulo. Inició sus estudios superiores en 1969 en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), donde obtuvo la licenciatura en 1973. En la década del 70 participó en la fundación del Comité Brasileño por Amnistía, de cuya dirección nacional llegó a formar parte. Como abogado, actuó en la defensa de innumerables dirigentes políticos perseguidos, entre ellos el entonces presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Luís Inácio Lula da Silva, y en la de los desaparecidos durante la dictadura militar.
Integró el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (Clamor), el Comité Brasileño de Solidaridad a los Pueblos de América Latina (CBS) y también, como miembro fundador del Partido de los Trabajadores (PT), fue electo diputado federal en diversas oportunidades. Como en abril de 1980, hoy vuelve a defender a Lula, y asegura que hará todo lo posible para que alcance la libertad.