La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se ha aprobado definitivamente en el Congreso de los diputados con los votos de PSOE, PP, CiU, Izquierda Unida y Coalición Canaria, mientras que ERC y PNV se han abstenido. Estos dos últimos grupos fueron los únicos que destacaron la falta de equilibrio entre los intereses de las […]
La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se ha aprobado definitivamente en el Congreso de los diputados con los votos de PSOE, PP, CiU, Izquierda Unida y Coalición Canaria, mientras que ERC y PNV se han abstenido. Estos dos últimos grupos fueron los únicos que destacaron la falta de equilibrio entre los intereses de las partes afectadas (autores, industria, ciudadanos) y la ausencia de mención a las competencias autonómicas.
Esta ley generaliza el canon en favor de las entidades de gestión de los derechos de autores. El artículo 25 de la Ley considera que el canon es un derecho «irrenunciable» para los autores. Se aplicará a cualquier soporte susceptible de grabar y reproducir archivos, lo que significa no sólo CD y DVD vírgenes, sino también reproductores de MP3, teléfonos móviles, escáneres, impresoras o lápices de memoria. De esta forma, todos estos artículos experimentarán incrementos de precio cuando se les añada el canon.
La nueva LPI aclara que la copia privada de una obra debe ser realizada por una persona física para uso privado y a partir del original. Pero al reconocer este derecho, esta norma debería prohibir los sistemas anticopia, o que los autores que publican sus obras con la protección de estos sistemas no pudiera percibir su correspondiente porcentaje de canon, pero la ley, incoherentemente, no previene ninguna de estas dos situaciones.
Para fijar el canon se crea la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá facultades de mediación, arbitraje, fijación de cantidades sustitutorias de tarifas y resolución de conflictos entre las entidades de gestión y los usuarios. Hasta que se desarrolle la ley, se mantendrán las tarifas acordadas entre la industria y las entidades de gestión en 2003 (0,16 euros por cada hora de grabación en los CD, entre otras).
Abel Martín, director general de AISGE (Artistas, Intérpretes Sociedad de Gestión), valoró «positivamente» el texto final de la nueva Ley. Los detractores de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, entre los que destaca la plataforma Todoscontraelcanon.es consideran injusto que se establecezca un canon de forma indiscriminada sobre los soportes digitales. También afirman que se está utilizando la piratería como excusa perfecta para obtener un beneficio económico por determinadas partes, entre las que se encuentran las entidades gestoras.
La Asociación de Internautas no descarta acciones legales contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta asociación no está en contra de que exista un sistema de compensación para los autores por la copia privada, pero esperaban «un sistema justo», aseguraron las mismas fuentes, que estiman que la reforma «endurece» el canon y sólo tiene en cuenta «los derechos de cuatro asociados» y no los de los consumidores, «recogidos en la Constitución».
La ley, como era de esperar, no prevé ningún mecanismo para que parte del canón se reinvierta socialmente mediante asignación de una parte de los fondos recogidos se repartan entre autores, editores y fundaciones que publican su obra sin ánimo de lucro, mediante licencias como la GPL o Creative Commons.
Respecto de los resúmenes de prensa, la ley elimina de hecho el derecho a la «cita» para «las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa», puesto que no reconoce expresamente este derecho pero, sin embargo, reconoce el derecho de los editores para reclamar una «remuneración equitativa». Entre otras incertidumbres, expertos jurídicos también apuntan a los servicios de noticias de webs como Google o Yahoo, que podrían ser considerados revistas de prensa, y provocar un conflicto donde no existía.
Otra ocasión en donde la «izquierda» ha sucumbido frente a la industria de la información y el ocio en perjuicio de los ciudadanos.