Durante los últimos días he estado insistiendo en trasladar a la ciudadanía las más recientes y graves fullerías del lobbie eléctrico y de sus cómplices de la política. He ido describiendo la operación de descapitalización de treinta y dos mil millones de euros de Endesa a favor de su matriz italiana Enel, el negociete redondo […]
Durante los últimos días he estado insistiendo en trasladar a la ciudadanía las más recientes y graves fullerías del lobbie eléctrico y de sus cómplices de la política. He ido describiendo la operación de descapitalización de treinta y dos mil millones de euros de Endesa a favor de su matriz italiana Enel, el negociete redondo de Florentino Pérez (ACS) que se embolsa una cantidad multimillonaria a costa de los ciudadanos por el proyecto fracasado del cementerio de gas Castor, las relaciones solapadas del PP, Montoro y Red Eléctrica y las investigaciones de la CNMC sobre incrementos de tarifas fraudulentos por parte de las eléctricas. Pero esto no para aquí. Desgraciadamente, con mucha frecuencia aparecen nuevos datos que desvelan el control de las políticas legislativas y ejecutivas por parte de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), conformada por Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On España y EDP. Es una vieja madeja que se va deshilachando poco a poco dejando un rastro de pingües beneficios y ataques brutales a todo lo que huela a competencia, renovables y democratización de la energía.
El pasado domingo 16 de noviembre, el periódico El País adelantaba una noticia que viene a confirmar lo que muchos hemos estado diciendo en los últimos años: tras una denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Fiscalía Especial contra la Corrupción investiga al ministerio de Industria (han declarado ya dos abogados del Estado y un secretario de Estado de Energía) por prevaricación, tráfico de influencias y malversación al haber permitido que prescribieran los plazos de devolución de más de 3.400 millones de euros provenientes de cobros indebidos de las eléctricas a los ciudadanos a través de los Costes de Transición a la Competencia.
Este «enriquecimiento injusto» como lo califica la abogacía del Estado viene desde muy atrás. Todo empezó con las privatizaciones de José María Aznar que se realizaron, en su mayoría, «no acordes con los procedimientos establecidos» según el Tribunal de Cuentas. Para este órgano fiscalizador, «en todas las ventas se realizó una valoración externa, aunque con frecuencia el responsable de la misma fue el asesor de la operación de privatización, lo que pudo influir en la objetividad de la valoración. (…) En tres casos, las informaciones necesarias para realizar las valoraciones fueron aportadas por los directivos de las empresas vendidas, que finalmente fueron los compradores totales o parciales de las mismas». En el procedimiento de Repsol, los dos bancos preseleccionados para actuar como asesores y coordinadores eran accionistas de la petrolera y en la Operación de Venta Pública de Endesa sucedió otro tanto de lo mismo, lo que para el Tribunal fiscalizador «pudo afectar a la transparencia del proceso y generar conflictos de intereses». Luego, ya saben, amigos de pupitres y compañeros de partidos coparon los puestos directivos de las empresas privatizadas. Y más tarde lo harían ministros, secretarios de Estado y los mismos expresidentes que facilitaron las operaciones. Y no pasó nada. Nadie movió un dedo. Nadie ha pagado por todo esto y por lo que ha sucedido después.
De esta época proviene el inicio del famoso déficit tarifario que ya va por más de 30.000 millones y que se inventó Rodrigo Rato para mayor gloria de las eléctricas. Para que cobraran y cobraran sin que se notara inicialmente en los recibos. Y provienen también, de la mano de Josep Piqué, en 1988, los famosos Costes de Transición a la Competencia que pretendían reconocer la «existencia de unos costes de transición al mercado competitivo». En definitiva, se trataba de garantizarles las ganancias ante una posible liberalización del mercado que nunca se produjo, pues desde el principio expresaron su voluntad de repartirse el pastel como un cártel, sin apenas competencia entre ellos. En aquellos momentos la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (que después pasaría a ser la Comisión Nacional de la Energía) advirtió, en uno de los momentos del proceso de autorización de cobros por los CTCs, que todo se hacía de una manera bastante irregular y sin memoria: «se acompaña sólo de una «justificación» que no es tal, pues lo único que hace es describir la operación, sin ofrecer ni una sola justificación». Y afirma textualmente que «dice «qué» se hace, pero no se dice ni «por qué se hace» ni qué efectos tiene». Y apunta que los beneficiarios son las eléctricas de Unesa de aquel entonces y los perjudicados los consumidores, «que tendrán que pagar la electricidad un 4,5% más cara en los próximos quince años» y los servicios públicos, los despachos profesionales liberales, las empresas del sector eléctrico distintas de Unesa…
A pesar de que las empresas se beneficiaron de casi nueve mil millones a través de los CTCs que pagamos todos los consumidores en los recibos, las compañías eléctricas fueron insaciables y engordaron las cantidades hasta el 2006 que se les cortó el grifo. La abogacía del Estado advirtió al Gobierno socialista en 2008 que se habían producido en todos esos años unas ganancias indebidas que tenían que ser reclamadas antes de 2010, pero eso nunca se hizo. Y lo mismo parece que ha sucedido con este Gobierno popular que tenía que haber liquidado una parte antes de que prescribiera este año. Todos se olvidaron. Dejaron correr los plazos. Las eléctricas se quedaron con esas cantidades que tenía que reclamar el Gobierno y que no reclamó y que superan, como ya apunté, los 3.400 millones de euros. Para el experto en el sector eléctrico Jorge Morales, si los CTCs se hubieran liquidado correctamente, los consumidores se habrían ahorrado un importe similar a los 30.000 millones del déficit tarifario.
El que podría ser uno de los mayores casos de corrupción de la democracia se suma a las prebendas que han conseguido las eléctricas por parte de José Manuel Soria y Mariano Rajoy en esta legislatura al atacar sin cuartel a las renovables hasta ponerlas al borde del precipicio. A este Gobierno no le ha temblado el pulso para legislar a favor del lobby acabando con las primas a las renovables -incluso con efectos retroactivos- o aumentando, con una subida media de un 70%, el término de potencia eléctrica que tienen contratada las empresas y los hogares, lo que ha hecho ganar a las eléctricas en el último año unos 8.000 millones de euros sin que bajen las deudas del déficit tarifario. Mientras, se amenaza con multar hasta con 60 millones a las personas o pymes que generen energía en sus hogares sin pagar los peajes de respaldo disuasorios que desaniman al consumidor y potencian el monopolio de las eléctricas. Por eso no les importa que la CNMC les imponga de vez en cuando alguna sanción como la del año pasado de 61 millones a Endesa, Iberdrola y Gas Natural por pactar precios o la de 1,2 millones a Endesa este año por cobros indebidos. Que más da. Está todo controlado. Si hace falta se echa mano del ejército para garantizar el oligopolio.
Da mucha rabia que suceda esto mientras vemos que Alemania se convierte en la primera potencia mundial en apoyar las renovables e incentivar su producción con primas, o que la industria eólica crezca en todo el mundo menos en un país como España, a pesar de que antes había sido vanguardia internacional y pionera en la investigación y en desarrollo de nuevas tecnologías; de que en los nueve primeros meses de este año se haya conseguido ahorrar a los consumidores 2.718 millones de euros gracias a la energía producida por el viento, mientras se potencia el gas y el petróleo; de que los costes de la eólica se hayan reducido en un 58% en los últimos cinco años al tiempo que se la estrangula; de que la eólica española haya exportado entre 2009 y 2013 por un valor agregado de más de 11.000 millones, muy por encima del vino o del calzado, al tiempo que aquí se la persigue. Produce una enorme irritación comprobar como el 80% del parque fotovoltaico español está abocado a la quiebra por no poder afrontar el pago de la deuda o que se siga impidiendo el autoconsumo que democratiza la energía y genera economía social mientras el oligopolio no deja de enriquecerse. Fiscalía Anticorrupción debería ir más allá entonces de la investigación de los fraudes de los Costes de la Transición a la Competencia. Fraudes y corrupciones hay más, muchos más.
Antonio Morales Méndez es Alcalde de Agüimes.
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