A partir del triunfo revolucionario en enero de 1959, Estados Unidos aplicó una política migratoria diferente para Cuba, dirigida, en un primer momento, a ofrecer protección y asilo a los asesinos, esbirros, torturadores y malversadores de la tiranía encabezada por Fulgencio Batista sin acceder jamás a las solicitudes de extradición oficialmente presentadas contra los más […]
A partir del triunfo revolucionario en enero de 1959, Estados Unidos aplicó una política migratoria diferente para Cuba, dirigida, en un primer momento, a ofrecer protección y asilo a los asesinos, esbirros, torturadores y malversadores de la tiranía encabezada por Fulgencio Batista sin acceder jamás a las solicitudes de extradición oficialmente presentadas contra los más connotados criminales- y, posteriormente, a estimular la emigración ilegal de ciudadanos cubanos hacia ese país, dando prioridad a los profesionales y personal calificado.
La decisión del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama de abolir- apenas unas horas antes de dejar el cargo- la llamada política de «pies secos, pies mojados» que había sido establecida en 1995 contra Cuba como parte de un paquete de medidas para estimular las salidas ilegales de cubanos hacia Estados Unidos con fines de robo de cerebros y propagandísticos, fue acogida con mucho placer a ambos lados del Estrecho de la Florida, a excepción, obviamente, de los sectores y personas que de manera vergonzosa han estado lucrando con sus criminales efectos.
Esa política causante de numerosas tragedias ha quedado sin efecto a raíz de la firma de un nuevo acuerdo migratorio cubano estadounidense. En la práctica, la nueva situación consiste en que Washington se obliga a aplicar a inmigrantes ilegales provenientes de Cuba el mismo tratamiento migratorio que emplea con quienes llegan a territorio estadounidense desde cualquier otro país del mundo.
La legislación migratoria que Estados Unidos venía aplicando contra Cuba, con absoluta excepcionalidad, consistía en acoger de manera inmediata a cuanto pretendido inmigrante cubano lo solicitara, apenas pusiera pie en territorio de Estados Unidos. Solo serían rechazados y devueltos a su lugar de origen aquellos que fueran interceptados en el mar por sus tropas guardacostas.
Entre quienes eran acogidos de inmediato aunque no tuvieran la documentación requerida estaban quienes arribaran a la frontera terrestre con México, aquellos que llegaran en avión y quienes habiendo ingresado en Estados Unidos legalmente para una permanencia limitada, solicitaran quedarse.
Se trataba, por tanto, de un trato discriminatorio e injusto para con inmigrantes del resto del mundo pero que además estimulaba a ciudadanos cubanos dispuestos a asumir riesgos mortales, o hacérselos correr a sus familiares, niños incluidos, para ser admitidos en paraíso de yanqui.
No pocos de los «beneficiados» eran nacionales de otros países del mundo con documentación cubana falsificada o sustraída de sus legítimos portadores cubanos en cualquier otro lugar del mundo por bandas de traficantes de personas.
La política de «pies secos, pies mojados» deriva de la Ley de Ajuste Cubano, que se mantiene vigente y que es la sombrilla de la que patrocina otras disposiciones gubernamentales encaminadas a promover el derrocamiento del gobierno socialista de la Isla para acabar con lo que representa su ejemplo para otros países de América Latina y el Tercer Mundo.
La Ley de Ajuste Cubano es la legislación típicamente imperialista que reafirmó el tratamiento particular para la emigración cubana al concederle asilo político de forma casi automática, eximiéndole de las cuotas por países que establecía la Ley Inmigratoria en ese país desde 1965 y la posibilidad de ajustar el estatus migratorio al año y un día de permanecer en territorio estadounidense optando por la residencia sin tener que salir de Estados Unidos, tal y como lo establece la Ley Inmigratoria para el resto de los inmigrantes.
Por el nuevo arreglo migratorio recién adoptado por los gobiernos de Cuba y Estados Unidos poco antes de la conclusión del mandato presidencial de Barack Obama, Washington se obliga a seguir proporcionando un mínimo de 20 mil visados anuales para ciudadanos cubanos, cuota cuyo incumplimiento o retraso incrementa la demanda por parte de los interesados en visitar Norteamérica y favorece la oferta de los traficantes de personas.
El acuerdo ha obliga a Washington a derogar otro programa contra Cuba cuya crueldad ha sido aun más evidente. Se trata del programa CIA conocido como «parole», que promueve la deserción de médicos y otros profesionales cubanos de la salud durante el cumplimiento de sus humanitarias misiones en terceros países.
Aunque tardías, estas modificaciones en la política migratoria estadounidense con Cuba han significado un paso importante y positivo para lograr una migración ordenada, segura y legal, y un aporte importante al combate contra la trata de personas y otros delitos graves que ponen en riesgo la seguridad nacional, tales como el secuestro de aviones y embarcaciones.
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