¿Qué dicen los estudios sobre el libre porte de armas?
El presidente Lasso anunció la modificación del decreto sobre la tenencia y porte de armas, liberalizándolo para que la población civil haga uso de estas. Dicha acción es la respuesta que el gobierno nacional ofrece a la ciudadanía como política de seguridad. Una medida que, en ningún momento, parece haber considerado una amplia gama de estudios que muestran cómo esta política tiene como resultado el aumento de la violencia, femicidios, homicidios, delitos y la pérdida de la productividad. A continuación, se resumen estos estudios y sus respectivas fuentes:
En efecto, si bien los estudios muestran estas conclusiones ¿Por qué se toma esta decisión? Una de las respuestas está en las características del gobierno del presidente Lasso, su ideología pro libre mercado y anti regulación establece que es el libre mercado el que debe regular la vida de las personas y, por tanto, no el Estado quien debe realizarlo. Por consiguiente, “liberalizar” la tenencia y el porte de armas deja a quién puede conseguir un arma, quién tiene recursos para hacerlo la “libertad” de tenerla y usarla. Es la política del sálvese quién pueda. Una situación que las élites económicas, con sus ingentes recursos pueden costear. La población no.
De ninguna manera esto implica que en una sociedad justa entrega armas sin más, en este tipo de sociedad es el Estado quien genera políticas de seguridad y hace innecesario que una persona piense en tener un arma, esto porque ese Estado otorga salud, educación, bienestar. Este es un nuevo episodio del libre mercado versus el Estado, así como de las élites que viven en una burbuja y que, de manera peligrosa, se encuentran en espacios de decisión de política pública, al parecer desde su posición en esa burbuja.
Otra de las explicaciones puede provenir de lo lucrativo que es este negocio, pues dispararía las ventas del principal exportador de armas en el mundo: EEUU. Sin considerar el costo económico, se estima que el costo de la violencia con armas asciende a 557 billones de dólares anuales. Cifras que deben considerarse importantes, pero no trascendentales, como las vidas que se perderán por estas decisiones gubernamentales.