En este artículo la autora analiza la situación policial y procesal del expresidente Bolsonarro y sus aliados en el golpe de Estado del 8 de enero de 2023.
La Corte Suprema de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro que entregara su pasaporte por 24 horas en medio de la operación policial, que se llevó a cabo esta jornada contra aliados del ultraderechista por intento de golpe de Estado. La investigación sobre la asonada del 8 de enero de 2023 llegó al núcleo más duro de la ultraderecha y al propio expresidente, uno de los principales objetivos de la operación.
El titular del Tribunal Supremo de Justicia, Alexandre de Moraes, emitió la decisión en el marco de la Operación Tempus Veritatis, que investiga el intento de golpe de Estado y abolición del Estado Democrático de Derecho antes y después del 8 de enero de 2023. De Moraes identificó, en lo que califica de presunta «organización criminal», varios «núcleos de actuación», entre ellos uno dedicado a promover la idea de una ruptura institucional entre los militares.
La investigación abarca hechos anteriores al intento de golpe y contempla la sospecha de que los involucrados discutieron, antes de la toma de posesión de Lula, dictar un decreto anulando las elecciones que ganó el líder progresista para mantener a Bolsonaro en el poder, detener a dos magistrados del Tribunal Supremo y al presidente del Senado.
Todo eso ocurrió en el marco de una difusión masiva de noticias falsas sobre un posible «fraude en las elecciones», cuyo objetivo final era «legitimar una intervención de las Fuerzas Armadas» y concretar un golpe de Estado.
Además, el Tribunal Superior Electoral de Brasil sancionó con una multa a Bolsonaro por difundir propaganda negativa contra el actual jefe de Estado durante la campaña presidencial de 2022. Fue condenado por difundir y promover noticias falsas que asociaban a Lula, entonces candidato presidencial, con el Primer Comando de la Capital, considerada la mayor organización criminal del país. Tendrá que pagar una multa de unos 3.000 dólares y eliminar de inmediato el contenido publicado.
La investigación sigue
La operación también tuvo como objetivo a los ex generales-ministros Augusto Heleno (Oficina de Seguridad Institucional) y Walter Braga Netto (Casa Civil), quien fue vicepresidente de la fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022. La operación alcanza también al presidente del opositor Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, detenido el jueves acusado de tenecia ilícita de armas cuando su domicilio fue allanado en la megaoperación policial.
El presidente del PL, Valdemar da Costa Neto, el exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira y el exministro de Justicia, Anderson Torres, también son objetivos de la investigación. Dos exasesores de Bolsonaro fueron arrestados: Filipe Martins, asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, y el exayudante de campo coronel Marcelo Câmara.
Braga Netto, jefe de Gabinete y ministro de Defensa de Bolsonaro fue objeto de una orden de registro; general de la reserva, fue elegido por Bolsonaro como candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022. Tras la derrota, Braga Netto ordenó presionar a los militares que se oponían al golpe, según la Policía. En noviembre pasado, fue inhabilitado por ocho años por abuso de poder, al convertir las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia en un acto electoral.
El general Nogueira, el último ministro de Defensa de Bolsonaro tras la salida de Braga Netto envió un informe al Tribunal Superior Electoral en el que se apuntaban supuestos «riesgos» del sistema de urnas electrónicas. Al general Heleno, principal asesor en cuestiones de seguridad de Bolsonaro, el magistrado de Moraes lo apunta como «responsable de colectar informaciones» que pudiesen ayudar a Bolsonaro en la consumación del golpe.
En total, se ejecutaron 33 órdenes de allanamiento, cuatro órdenes de detención preventiva y otras 48 medidas cautelares, entre ellas prohibición de contacto con los demás investigados, prohibición de salida del país, entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y la suspensión en el ejercicio de funciones públicas. Las órdenes se están cumpliendo en los estados de Amazonas, Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás y el Distrito Federal.
Las investigaciones confirman que durante el período electoral de 2022 se organizaron grupos para difundir información falsa sobre fraude en los comicios, incluso antes de las votaciones. El objetivo era permitir la intervención militar. La fiscalía señaló que “el primer eje consistió en la construcción y propagación de la versión de fraude (…) a través de la falaz difusión de vulnerabilidades en el sistema de voto electrónico, discurso reiterado por los investigados desde 2019 y que persistió incluso después los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de 2022”.
El “segundo eje de acción consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del estado de Derecho, mediante un golpe de Estado, con el apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”. Los hechos investigados pueden dar lugar a acusaciones de organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
Lula
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que «es muy difícil para un presidente comentar asuntos que están bajo secreto judicial» y pidió que «no haya excesos y que se aplique el rigor de la ley». Dijo que Bolsonaro «debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe», que “no hubiera ocurrido sin él”.
Aseguró que su predecesor “no estaba preparado” para perder en los comicios que tuvieron lugar en 2022. “Se quedó en casa llorando y se fue a Estados Unidos. Debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe. Vamos a esperar a las investigaciones”, afirmó el líder progresista. «El dato concreto es que hubo una tentativa de golpe, hubo una política de faltar el respeto a la democracia, una tentativa de destruir el proceso democrático, y esa gente tiene que ser investigada», añadió.
Lula destacó que el caso involucra a “mucha gente”, entretanto, enfatizó en la necesidad de que sean investigados quienes participaron en la “política de faltar el respeto a la democracia”. Más de 30 órdenes de allanamiento, cuatro de prisión y 48 medidas cautelares fueron cumplidas por la policía, luego de que el exayudante de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, rubricara un acuerdo con la Policía.
Bolsonaro está inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral hasta 2030 de presentarse a elecciones por divulgar conspiraciones y noticias falsas a embajadores extranjeros sobre supuestos fraudes en su contra siendo jefe del Estado. El exmandatario se consideró víctima de una persecución implacable. «Hace más de un año que salí del gobierno y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídense de mí, ya hay otro gobernando», dijo al diario Folha de Sao Paulo.
Es difícil olvidar tanto mal.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.