Exposición efectuada en las Jornadas de Memoria Histórica, organizadas por la Plataforma Argentina contra la impunidad, Barcelona, 26 de marzo de 2010.
La Memoria histórica es una construcción que implica una actitud activa de sectores sociales, políticos, étnicos o culturales que tiene como finalidad valorar de una manera determinada una etapa de la historia. Referida a la historia reciente es un derecho individual de todos aquellos que han sido víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos o de sus familiares que tiene como consecuencia obtener verdad y justicia. Pero fundamentalmente es un derecho colectivo que ejerce el conjunto de la sociedad en el análisis de hechos que han afectado a un país, o a un conjunto de países.
No hay una sola memoria. Puede existir una memoria hegemónica pero siempre hay disputas entre diferentes memorias que tratan de imponer una valoración de los hechos.
En el análisis de las últimas dictaduras argentinas que abarca el periodo comprendido entre los años 1966 a 1983, con un gobierno constitucional intermedio, que no alcanzó a mantenerse tres años, durante el cual también se desarrollaron hechos de violencia, se establecieron tres paradigmas interpretativos.
El primero de ellos fue el que intentó imponer la última dictadura. Los actos que se cometían -gravísimas violaciones a los Derechos humanos-, estaban justificados en el objetivo del combate a la subversión. Tal interpretación no alcanzó a imponerse al conjunto de la sociedad. A partir de la restauración del sistema constitucional esa interpretación quedo reducida a pequeños grupos que justifican el terrorismo de estado.
La segunda interpretación cobró vigencia a partir de 1983 y consideraba que Argentina había sido víctima de una guerra de grupos organizados -estatales y guerrilleros- en la cual la sociedad no había intervenido. Se eliminaba así al pueblo como protagonista de la historia, como si el pueblo no hubiese participado en luchas contra las dictaduras o no hubiese sido víctima de la represión. Esta interpretación se observa en la decisión del gobierno del Presidente Raúl Alfonsín al impulsar el procesamiento selectivo de jefes militares e integrantes de las organizaciones guerrilleras. Documentos que dan cuenta de este paradigma son el primer prologo del Nunca Mas , informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de personas en 1984 y la sentencia dictada en el juicio contra las Juntas Militares en 1985.
La tercera interpretación es la que se ha consolidado en los últimos años y reivindica el significado de las luchas contra la dictadura, con independencia de su efectividad o no, con independencia de si contribuyeron efectivamente a enfrentar a la dictadura o si se trató de formas de lucha equivocadas, no aptas para lograr su objetivo. Se rescata así la actitud de lucha de importantes sectores de la población contra las dictaduras.
Los tres paradigmas -especialmente el primero y el tercero – se fueron modificando aunque conservaron su núcleo básico.
En la primera etapa de la dictadura instaurada en 1976 quienes ejercían el poder trataban de imponer una interpretación que decía que los hechos que se producían -desapariciones, homicidios, torturas- eran producto de la acción incontrolada de grupos de derecha. Posteriormente, ante la evidencia de la represión estatal, se afirmaba que eran grupos de tarea incontrolados que cometían excesos en la represión. Cuando se restableció el sistema constitucional pretendían justificar el genocidio con el argumento de la agresión terrorista o de la lucha contra la subversión.
Cuando a partir de 1996 se vuelve a detener y procesar a los responsables de la represión, como consecuencia de la denuncia por el plan sistemático de sustracción de niños, y principalmente a partir de 2003 cuando se anularon las normas de impunidad (leyes de punto final y obediencia debida) y se declaró la inconstitucionalidad de los indultos , ante la contundencia de los hechos que se imputaban y lo aberrante de los conductas juzgadas se invocó el cumplimiento de los reglamentos militares, que efectivamente contemplaban actos como la tortura o el exterminio de los combatientes. Como si los reglamentos militares pudiesen derogar la constitución, los tratados internacionales o las leyes y contradecir las normas éticas alcanzadas por la evolución de la sociedad. Hoy, con el objetivo de obtener una ley de pacificación y amnistía, los defensores del terrorismo de estado, reclaman el juzgamiento de todos los delitos incluyendo las acciones guerrilleras y la elaboración de una memoria completa, sin considerar que quienes enfrentaron a las dictaduras y sus políticas no pueden compartir la misma valoración de la historia que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Tal ley posibilitaría una pretendida reconciliación.
Incluso, para los apologistas de la dictadura, resulta insostenible, en esta etapa, la reivindicación directa del terrorismo de estado.
El segundo paradigma, elaborado por quienes no participaron en las luchas contra la ultima dictadura y aceptado por los sectores aterrorizados por el terrorismo de estado, se ha modificado en cuanto no considera de igual gravedad a los hechos cometidos por el terrorismo de estado y la guerrilla. Reconoce, esa interpretación, que los primeros son de mayor gravedad y por eso constituyen delitos de lesa humanidad.
La tercera interpretación, la reivindicación de las luchas contra la dictadura es producto de un largo proceso. A la exigencia de información sobre el destino de los desparecidos sostenida por organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos en la época final de la dictadura, siguió el planteo de juzgamiento a los responsables de las desapariciones y homicidios, para finalmente defender los objetivos y las luchas de quienes se opusieron a las dictaduras. En su momento no se advirtió el significado del artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que consagró el derecho de resistencia a la opresión. No lo advirtieron ni los propios constituyentes que establecieron así, legalmente, lo que tenía una anterior legitimidad histórica: se reivindicaban las luchas contra la dictadura cualquiera fuese la forma que esa lucha adoptó.
Tal es el cambio que esta interpretación significa para el conjunto de la sociedad que cuando se efectuó el juicio a las juntas militares en 1985 – un verdadero hecho histórico- se debía probar en cada caso concreto que las acciones represivas eran ilegales (la sentencia de la Cámara Federal que juzgó a las juntas llamaba fuerzas legales a las de la dictadura que había asaltado el poder) mientras que en la actualidad todas las acciones son consideradas por la justicia como ilegales, debiendo probarse en forma específica por parte de los imputados que en el contexto de ilegalidad, la conducta incriminada no fue ilegal.
La memoria histórica establece así una valoración de los hechos históricos. Pero memoria histórica e historia no se confunden. Por eso constituye un error tratar de imponer como verdad histórica las construcciones de la memoria.
La historia es una reconstrucción científica de los hechos del pasado, su explicación y su valoración. Para ello se utilizan las fuentes y en el caso de la historia reciente las fuentes escritas, orales y audiovisuales. Para reconstruir la historia de las dictaduras argentinas deben superarse las dificultades que presenta el carácter clandestino de la represión y de las acciones guerrilleras y la sustracción o destrucción de los documentos en los que se registraron las decisiones que determinaron las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país.
Si consideramos otras etapas de la historia argentina observamos la analogía que existe entre la memoria histórica y el folclore del siglo 19. Los sectores sociales dominantes crearon una historia oficial que no tenía su correlato con el folclore como expresión del saber anónimo popular. El bandolero Felipe Varela (considerado así por la historia) era exaltado por el folclore de los pueblos del interior. La historia decía una cosa y el pueblo valoraba los hechos de una manera opuesta. Esa valoración permitió que años después se reconstruyera esa etapa de la historia sobre bases científicas.
Generalmente la memoria histórica precede a la historia. Sarmiento a través del Facundo impuso su visión de la historia argentina durante mas de cien años. Cuando se comenzaron a publicar investigaciones con la documentación perteneciente al archivo de Quiroga que refutaban los hechos que se exponían en la obra de Sarmiento se modificaron, en el análisis de los investigadores, las interpretaciones de Sarmiento. ¿ Pero como prescinde el lector de la historia del peso tremendo de las valoraciones del autor del Facundo? ¿Y como refuta el historiador aquellas afirmaciones que no tienen base documental alguna, ni de Sarmiento ni del investigador que pretende refutarlo porque son pura invención?.
La oligarquía gobernante argentina creó una visión de la historia. Lo hizo en forma inmediata a los hechos, le puso el nombre de sus próceres a los pueblos y calles del país; erigió sus monumentos. Resultaba difícil entonces cuestionar una interpretación de los hechos ya establecida que tenía la aparente conformidad del conjunto de la sociedad. Mas aún cuando nuestra sociedad tenía un alto componente inmigratorio ajeno a las tradiciones de los pueblos del interior. Cuando los historiadores cuestionaron a través de la reconstrucción científica de los hechos esa interpretación histórica, sus conclusiones no modificaron esa historia oficial impuesta. Fueron interpretaciones aisladas que no alcanzaron para cuestionar lo que la memoria histórica de la oligarquía había impuesto. Tenía mas fuerza la memoria que la historia.
En Argentina existe hoy una política del estado que contribuye a la creación de una memoria que apoya las luchas populares contra las dictaduras y marca los hechos aberrantes cometidos por la represión. Se señalizan aquellos lugares en los que ocurrieron hechos significativos como el secuestro de una persona o su muerte. Se transforman los centros clandestinos de detención y exterminio en lugares en los que se promueven los derechos humanos o la cultura. Por resolución oficial aquellos lugares de las fuerzas armadas o de seguridad que fueron campos de concentración aparecen señalizados con tres pilares con las inscripciones memoria, verdad y justicia, de tal forma que toda persona que presta servicios en esas unidades observa cual es la interpretación que la sociedad da a los hechos que otras personas, que seguramente están siendo juzgadas, cometieron en ese lugar.
Los juicios por los delitos de lesa humanidad, además de cumplir con el objetivo de justicia reclamado por una sociedad que sufrió un genocidio o prácticas genocidas, contribuyen a la formación de la memoria y a las investigaciones de la historia. A la formación de la memoria, porque una sociedad no puede dejar de analizar ese genocidio y juzgar a sus responsables si éstos se encuentran con vida como es el caso argentino. A la historia porque contribuye al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué importancia procesal para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad puede tener la referencia efectuada en un juicio sobre el relato perdido de Rodolfo Walsh Juan se iba por el río?. La tiene para la historia. De ahí la amplitud que debe admitirse en los procesos por delitos de lesa humanidad, mas allá de su estricto objeto procesal.
La memoria histórica no es la reconstrucción científica de los hechos. Es la valoración de la historia reciente. Por eso las construcciones de la memoria deben ser complementadas por la investigación histórica. Hay construcciones de la memoria que no son hechos históricos. Todavía ignoramos cuantos fueron los desaparecidos de la dictadura de 1976-83, cuantas fueron las víctimas de las ejecuciones sumarias, cuales fueron los combates entre las fuerzas armadas o de seguridad con las organizaciones guerrilleras o cuantos fueron los muertos en combate. Las urgencias que plantea la realidad actual, con la necesidad de responder a las exigencias del juzgamiento a los autores de los delitos de lesa humanidad aportando documentación para esos juicios, o las dificultades que surgen del ocultamiento o destrucción de los archivos de la represión dificultan la tarea histórica. Pero existen mitos de la memoria que deben ser sustituidos por la investigación. Si no hacemos esa investigación en la actualidad dentro de cincuenta o cien años vendrán los investigadores que destruirán las construcciones de la memoria que no son históricas.
En definitiva lo que se requiere es que no se construya una nueva historia oficial referida a la historia reciente basada en las construcciones de la memoria al margen de los métodos científicos de investigación.
El autor es Presidente del Partido Memoria y Movilización Social, Provincia de Buenos Aires. Presidente del Archivo Nacional de la Memoria.
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