Cada año las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o la Procuraduría General de la República, son devastadoras: México es uno de los países más afectados por la piratería a nivel mundial. Esta situación ha puesto a México en la lista prioritaria del gobierno de Estados Unidos a través del […]
Cada año las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o la Procuraduría General de la República, son devastadoras: México es uno de los países más afectados por la piratería a nivel mundial. Esta situación ha puesto a México en la lista prioritaria del gobierno de Estados Unidos a través del «reporte especial 301» que elabora la industria del entretenimiento con base en sus pérdidas económicas.
La inclusión en este reporte se ha visto traducido en la presión del gobierno de Barack Obama para que México modifique la legislación local al respecto y suscriba instrumentos internacionales como el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés) que ha sido cuestionado a nivel internacional por los peligros que representa a los derechos fundamentales así como por la forma en como se negoció, contraria a los valores democráticos.
Recientemente, el Social Science Research Council (SSRC) presentó un completo estudio llamado «Media Piracy in Emerging Economies» auspiciado por la fundación Ford y editado por Joe Karaganis donde se presentan los casos de Sudáfrica, Rusia, Brasil, México, Bolivia e India desde un enfoque de estudio social que toma en cuenta las variables específicas del país para su análisis. El resultado nos acerca a entender el complejo entramado de la política antipiratería de EUA y sus consecuencias en las economías emergentes.
El capítulo correspondiente a México lo presentó el académico John C. Cross quien ha estudiado el fenómeno de la piratería en nuestro país durante más de doce años. Su estudio nos ofrece un panorama distinto al que ofrecen las instituciones gubernamentales y que contribuye enormemente para ampliar el debate hasta ahora monopolizado por las sociedades de gestión de la industria del entretenimiento en nuestro país.
Desde luego el reporte no ha sido retomado por las instituciones gubernamentales sin embargo, el propio SSRC lo ha puesto a disposición de quien así lo desee en el sitio que han habilitado para ese fin http://piracy.ssrc.org/the-report/. Para México el reporte es gratuito para uso no comercial, así que invito a todos a descargarlo.
La radiografía que hace Cross describe muy bien la realidad mexicana: por un lado un gobierno que reconoce la finalidad social de «la piratería» como vacuna contra la tensión social y que por lo mismo no está dispuesto a combatirla del todo. Por el otro una industria dispuesta a empujar su agenda a favor de proteger los monopolios culturales a costa del interés público y los derechos fundamentales.
¿Quiénes están en medio? En su diagnóstico Cross desliga a la piratería del crimen organizado y el narcotráfico y sitúa el fenómeno en negocios familiares de productores y distribuidores dispersos en el territorio nacional lo que ha hecho ineficaz la persecución y detención de «líderes» como estrategia. Así lo describe Cross:
Como en muchos otros países, la piratería en México es el producto de una compleja interacción de fuerzas -entre ellas-, la amplia disponibilidad de tecnologías de medios digitales, el alto costo de los bienes de los medios lícitos; grave desigualdad, económica persistente, y la indiferencia o la hostilidad popular a los esfuerzos de aplicación. Debido a que el programa de ejecución de los grupos de la industria no reconoce y mucho menos aborda estas cuestiones, los grupos parecen destinados a permanecer en pie de guerra
Es así como este importante estudio tendría que servir como punto de partida para un amplio debate acerca del régimen de propiedad intelectual en nuestro país que incluya a todos los interesados, incluso a los dueños de esos «negocios familiares». Un planteamiento integral que corresponda a la realidad económica y política de nuestro país.
Cada vez resulta más urgente volver a discutir nuestros derechos y obligaciones en esta época, las nuevas tecnologías a fuerza de la costumbre están redefiniendo en el mundo los derechos de los ciudadanos. Cuando la realidad rebasa al orden jurídico se puede estar frente a crisis socio-políticas importantes. No se trata por ejemplo, de defender la piratería. Al contrario, si replanteamos el esquema actual, con seguridad todos ganaremos; el problema resulta cuando solo un lado monopoliza el discurso y pretende criminalizar ciudadanos inocentes, el claro ejemplo son las reformas propuestas en el entorno digital que pretenden equiparar compartir un archivo por internet con robar y la pregunta es ¿alguna vez han «bajado» un automóvil del internet para usarlo en las calles?
