Han pasado más de 15 años desde que los colectivos y organizaciones en defensa de los derechos de minorías sexuales alcanzaron la despenalización de la homosexualidad. Empero, en nuestro país, ciertos sectores siguen fomentando una violencia heterocentrista y heteropatriarcal. ¿Han vuelto estos representantes de la moral dominante a los discursos vigentes en 1997?, o ¿quisieran […]
Han pasado más de 15 años desde que los colectivos y organizaciones en defensa de los derechos de minorías sexuales alcanzaron la despenalización de la homosexualidad. Empero, en nuestro país, ciertos sectores siguen fomentando una violencia heterocentrista y heteropatriarcal. ¿Han vuelto estos representantes de la moral dominante a los discursos vigentes en 1997?, o ¿quisieran retomar los sucesos de esa época como cuando fueron detenidos en Cuenca alrededor de cien homosexuales?
Somos una sociedad progresiva en materia de derechos a favor de estos grupos poblacionales. Con la Constitución de 1998 alcanzamos el reconocimiento del derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual; derecho al desarrollo de la personalidad y la prohibición de discriminación en razón de la orientación sexual. Posteriormente, con el texto constitucional actual, se incorporó el principio de no discriminación por razones de sexo, identidad de género y orientación sexual para la aplicación del conjunto de derechos constitucionales; y, el derecho a la igualdad material y no discriminación, que supone rebasar el derecho a la igualdad formal o ante la ley, para ser desarrollado en políticas públicas hacia las comunidades GLBTTIQ – gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, intersex y queer- . Tenemos una de las pocas Constituciones en el mundo que reivindica la identidad de género, lo cual debe ser proyectado en políticas y normativas públicas para garantizar más derechos.
Nos corresponde plantear proyectos o reformas legales en materia de posibilitar la construcción de agendas para la igualdad con enfoque de género, discutir sobre los medios para fiscalizar las políticas en vías de asegurar estrategias y lineamientos que aseguren derechos de la población GLBTTIQ.
Conviene señalar los discursos y subjetividades que reproducen la violencia simbólica de marginar a quienes manifiestan otras identidades sexuales y de género, distintas a la heterosexual. Frente a esa realidad, también cabe discutir ¿Cuál es la agenda legislativa en la visión de posibilitar medidas de acción afirmativa para esta población? ¿En qué términos proponer una reforma constitucional para el matrimonio igualitario y para la adopción en uniones de personas del mismo sexo? ¿No es también una forma de violencia del Estado la posibilidad de poner límites a estas personas en la formación de sus familias? ¿Se pueden proteger supuestos intereses de la sociedad en desmedro de libertades públicas de sus integrantes? ¿A partir de qué constructos pragmáticos se podría construir una ley contra la discriminación en el país?
Varios colectivos GLBTTIQ presentaron la iniciativa de cambiar la Ley del Registro Civil para incluir, entre otros aspectos, la inclusión del género en la cédula, en lugar de la precisión del sexo de la persona. Esta reforma significaría la posibilidad de que estos sujetos titulares de derechos, que forman parte de ésta población, puedan ejercer varios derechos que encuentran restricciones en la actualidad, por cuanto la descripción del sexo en el documento oficial de identificación no coincide con su identidad de género.
Es menester combatir las representaciones culturales y sociales que siguen objetivizando a personas para mantener la generación de estereotipos discriminatorios. La campaña #migéneroenmicédula, que promueve esta iniciativa legal, es un intento por ese propósito.
Como sociedad nos corresponde deconstruir las prácticas culturales que fomentan el poder y el control del hombre heterosexual, como único sujeto de derechos y oportunidades. El sistema legal ecuatoriano necesita de reformas como ésta para neutralizar las formas veladas de alimentar violencia contra las identidades y orientaciones sexuales diversas, en distintos ámbitos de la vida cotidiana. No solamente contamos con una estructura heteronormativa, sino con una institucionalidad que se vuelve cómplice para mantenerla intacta, denigrando a las personas que optaron por otras decisiones alternativas a la heterosexual y, que al mismo tiempo, termina creando las presentes y futuras conductas para estigmatizarlos, como individuos que deben ser rechazados en sus libertades y garantías sociales.
Este cambio a la Ley del Registro Civil hace un esfuerzo por concienciar la lucha por relaciones más igualitarias sin discriminación. El lenguaje es uno de los medios más expresos, para desmontar o profundizar, los instrumentos de hegemonía contra otras identidades de género y sexuales. Pero esa reforma no es suficiente, necesitamos en Ecuador una ley para la igualdad formal y material, que pueda sancionar toda forma de discriminación y que promueva medidas de acción afirmativa para todos los segmentos sociales despojados históricamente de las condiciones para desarrollarse, como la comunidad GLBTTIQ.
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