Desde hace meses, pero sobre todo en las últimas dos semanas, Venezuela ha sido víctima de una poderosa campaña propagandística dirigida a imponer la narrativa de que una «crisis de refugiados» -producto de la migración- que sigue en desarrollo, y trata de justificar una intervención «humanitaria». Posverdades, fotos trucadas, emigrantes mostrados como en una publicidad […]
Desde hace meses, pero sobre todo en las últimas dos semanas, Venezuela ha sido víctima de una poderosa campaña propagandística dirigida a imponer la narrativa de que una «crisis de refugiados» -producto de la migración- que sigue en desarrollo, y trata de justificar una intervención «humanitaria».
Posverdades, fotos trucadas, emigrantes mostrados como en una publicidad de Benettton, fake news, hacen parte de este arsenal de manipulaciones en esta guerra de quinta generación que alimenta a gobiernos neoliberales latinoamericanos pero también europeos y el terrorismo mediático cartelizado.
Y se agita también mediáticamente el fantasma de una crisis de «refugiados», gente que huye de la opresión o de un Estado fallido, con el fin de crear el caso para una intervención humanitaria.
La realidad muestra que miles de venezolanos varados en otros países (Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador) quieren acogerse al plan Retorno a la Patria (algunos centenares ya lo hicieron), lanzado por el gobierno de Caracas, que solicitó ayuda a los países de la región y al programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) para que brinden facilidades al retorno de los connacionales.
Organismos multilaterales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial de Migraciones (OIM) divulgaron, paralelamente, informes que descarrilan la agenda del relato de la «crisis humanitaria». En junio, ACNUR, reflejó que sólo 5.661 venezolanos (menos del 1% de los habitantes del país) habían sido reconocidos como «refugiados» por los principales países receptores de la región.
En agosto de 2018 la OIM señaló que desde 2015 hasta 2018, 600.000 solicitudes de visados temporales u otros mecanismos de regularización han sido presentados por los venezolanos en los países receptores de América Latina y el Caribe. La OIM y ACNUR, reconocen que la migración está motivada por razones económicas, lo que nada tiene que ver con la condición de «refugiados» que se intenta proyectar hacia el mundo.
La cifra total de emigrantes venezolanos (de 1.5 millones a 2.3 millones, aproximadamente), calculada inicialmente, podría ser menor, de acuerdo a estos informes de organismo multilaterales. Hay una evidente manipulación respecto a las cifras para justificar un escenario de intervención internacional. La OIM pone en relieve que el centro de la gestión migratoria se inclina hacia la regularización de venezolanos que buscan consolidar su estatus de permanencia en los países receptores, mas no hacia la instalación de «campos de refugiados».
La OIM, asimismo, exigió a Colombia la regularización de venezolanos que han emigrado recientemente, mas no implementar la creación de campos de refugiados masivos para atenderlos que, como afirman medios y voceros políticos, huyen de algún tipo de persecución gubernamental o de una «crisis humanitaria».
Mientras, el gobierno venezolano acordaba con Jorge Baca, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los recursos técnicos necesarios para resguardar los derechos humanos de los migrantes, bajo un marco de respeto a la institucionalidad venezolana.
Terrorismo mediático y el Grupo de Lima
Por ejemplo, The Economist, representante de la oligarquía financiera británica, aseguró, con base a proyecciones, que la «crisis migratoria» venezolana podría superar la de una Siria, un país que sufre aún los desmanes de una guerra mercenaria, terrorista, financiada por Estados Unidos y la OTAN.
Relato que sirvió como insumo base para la campaña usada por la derecha mundial y por el sector radical de la oposición venezolana, guionada, patrocinada y financiada por Washington, Bogotá y Madrid, logrando un alto nivel de cartelización que perfilara la «crisis de refugiados» como la única forma de representar la migración venezolana.
Tres días después, el ultraconservador senador estadounidense Marco Rubio -pese a la fuerte caída de su credibilidad- argumentó que Venezuela era una «amenaza a la seguridad nacional de EEUU». Lo mismo dijeron en sus giras latinoamericanas los altos funcionarios del área de defensa y seguridad como James Mattis, John Bolton, Kurt Tidd y repitió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien jugó la carta de convocar a una nueva sesión del Consejo Permanente de la organización panamericana, bajo el mismo código.
Una «reunión técnica» desarrollada a principios de semana en Quito, con representantes de países agrupados en el Grupo de Lima (GL), pasó prácticamente inadvertida. En estos países decenas de millones pasan hambre, sufren analfabetismo, se ven forzados a emigrar, son víctimas de crisis de salud pública, los jóvenes -sin educación ni trabajo digno- carecen de toda esperanza, flagelos agravados escandalosamente por el modelo neoliberal. Pero eso no preocupa a la OEA ni a los gobiernos del GL, señala Ángel Cabrera en La Jornada.
No hay que olvidar que Venezuela está considerada «una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos» mediante un decreto emitido por el presidente Barack Obama y ratificado por Donald Trump.
La reunión fue otro paso en la agenda de guerra híbrida contra Venezuela, diseñada por el estadounidense Comando Sur en distintos planes, como Venezuela Freedom I, Venezuela Freedom II y el llamado Golpe Maestro. Ese aparato militar, dirigido para que avance la militarización estadounidense en América Latina y el Caribe con fines de control de poblaciones, recursos naturales e intervención armada, directa o camuflada.
El GL se ha convertido en el brazo político del Comando Sur y es cómplice de la agresión militar que se gesta contra Venezuela. No es ningún secreto el gran interés del presidente Donald Trump por realizar una intervención directa en el país caribeño, idea de la que lo habrían disuadido sus más altos jefes militares razonando el costo político y el extraordinario esfuerzo militar que requeriría.
Los radicales de la oposición venezolana, creyendo que su oportunidad está en la intervención extranjera, se sumaron a la campaña: los ex alcaldes prófugos como David Smolansky y Antonio Ledesma, Gaby Arellano, María Corina Machado, y Julio Borges.
Varias ONGs financiadas por Washington, como fue la ONG Human Rights Watch, se sumaron al coro. Ésta señaló el 3 de septiembre que «urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes», y convocó a los países de la región a atender la «crisis de refugiados venezolanos» con el objetivo de permitir la permanencia y atención necesaria que justifique un desembolso mayor por parte de los organismos multilaterales encargados de gestionar el asunto migratorio.
«Ésta fue una experiencia dolorosa, pero de aprendizaje. Aprendimos realmente qué es el capitalismo, qué es la manipulación de los medios. Hoy volvimos con mi familia a Los Teques y lo único que se nos ocurre es narrar lo que vivimos, el racismo, el desprecio, la xenofobia, la falta de solidaridad y de oportunidades que vivimos durante tres meses. Estamos contentos de estar en casa de nuevo», decía Yudelysi Moró, una trabajadora de la salud que regresó de Argentina.
Victoria Korn: Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )
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