En este artículo la autora analiza una polémica medida: el uso de militares como fuerzas policiales ante el aumento de violencia urbana en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro.
Cerca de 4.000 militares brasileños empezaron esta semana a reforzar la seguridad de las fronteras del Brasil, así como de los puertos y aeropuertos de los estados de Río de Janeiro y São Paulo, en el sureste. En una polémica medida, el gobierno publicó el decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que permite que hasta el 3 de mayo de 2024 los militares tengan poder de policía para actuar en esas áreas.
El despliegue militar se decidió poco después de que milicianos pertenecientes a una mafia local carioca incendiaran más de 30 micros como represalia por una actuación policial que terminó con la muerte de uno de sus líderes y de otros episodios puntuales de violencia en la ciudad que tuvieron una fuerte repercusión mediática.
“Se usará un efectivo de 3.700 militares para ampliar el combate a delitos en la franja de la frontera (…) y en los puertos de Itaguaí (Río de Janeiro) y Santos (São Paulo) y en los aeropuertos internacionales de Tom Jobim y Guarulhos, en Río y São Paulo, respectivamente”, informó el Ministerio de Defensa. En el plan se emplearán 2.000 efectivos del ejército, 1.100 de la marina y 600 del cuerpo de la aviación.
El principal objetivo del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula de Silva es fortalecer el trabajo en el combate al tráfico de drogas y de armas, reforzando la seguridad en los puertos y aeropuertos tanto en el estado de Río de Janeiro como en el de São Paulo, según las autoridades.
Lula remarcó que el trabajo de los militares para combatir el crimen organizado se hará en articulación con la Policía Federal, que ampliará las acciones de inteligencia y las operaciones de detenciones y confiscación de bienes pertenecientes a las facciones del narcotráfico y a las milicias, sobre todo en Río de Janeiro.
Asimismo, el ejército de tierra y de aire, fortalecerán las acciones en las fronteras de Brasil, sobre todo en los estados de Paraná (sur) y Mato Grosso do Sul (sudoeste), y la armada reforzará la seguridad de las bahías de Guanabara y Sepetiba (Río), el puerto de Santos ( São Paulo) y el Lago de Itaipu (Paraná).
Para coordinar las acciones se creará un comité en el que estarán el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, y el ministro de Defensa, José Mucio. Asimismo, se espera que en 90 días los ministerios de Defensa y de Justicia y Seguridad Pública presenten un plan para la modernización tecnológica de la Policía Federal, la Policía de Carreteras y las Fuerzas Armadas, para mejorar el trabajo en aeropuertos y fronteras.
Escépticos
La ley fue recibida con escepticismo por especialistas en seguridad pública, ya que no tiene potencial para contener el avance del crimen organizado, el objetivo principal apuntado por el gobierno. Las tropas deben actuar en las localidades establecidas por la norma hasta mayo de 2024, en una labor que engloba acciones de fiscalización de vehículos y patrulla por las calles de la ciudad.
La iniciativa del presidente se produjo tras la intensificación del caos generado en Rio de Janeiro tras la muerte de un miliciano. La GLO concede a las Fuerzas Armadas el poder de policía hasta que se produzca el restablecimiento del orden público.
El sociólogo Ricardo Moura, del Laboratorio de Estudios de la Violencia de la Universidad Federal de Ceará, observa que el momento es preocupante ante las situaciones recientes que se sumaron al conjunto de hechos que desafían al Estado, como el desvío de ametralladoras de un cuartel en Barueri, en el Gran São Paulo, registrado a mediados de octubre.
Para él, la iniciativa es una medida de perfil más mediático, para ofrecer alguna señala a la población sobre la búsqueda de soluciones para la exacerbación de la violencia. Un relevamiento de la consultora Atlas mostró a inicios de mes que el 62,7% de los brasileños entrevistados señalan la criminalidad y el tráfico de drogas como el principal desafío a ser enfrentado por el poder público.
Para el investigador Rodrigo Lentz, de la Universidad de Brasilia, las Fuerzas Armadas fueron usadas como una policía nacional de forma creciente y el problema de la seguridad pública solo se agravó: no va a solucionar nada, dijo. “Toda vez que son llamadas para la política, ellas cobran un precio. Están visualizando ganancias institucionales. (…) Se las vende como los que supuestamente traerán la solución a un problema estructural, como es el de la seguridad pública”, señaló.
Lentz visualiza que la GLO de Lula tiende a generar otro efecto colateral: la expansión de la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en la “economía criminal”, íntimamente relacionada con el tráfico de drogas y de armas, desafiando al Estado, atado por la burocracia pública.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.