La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró, el 5 de junio de 2026, una reunión de trabajo entre el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Comité de Familiares por Verdad y Justicia por Nuestros Desaparecidos —integrado por madres y mujeres buscadoras— y representantes del Estado ecuatoriano, en el marco de la medida cautelar MC 402-25, otorgada a favor de personas presuntamente desaparecidas tras intervenciones de agentes estatales.
Durante la reunión, las organizaciones y familiares expusieron el incumplimiento del Estado ecuatoriano respecto de la entrega de información indispensable para determinar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, así como para identificar a los agentes y unidades militares que participaron en los operativos investigados.
Ninguna de las instituciones públicas presentes justificó adecuadamente las razones por las cuales esta información no ha sido entregada de manera completa y oportuna. Como resultado de la reunión de trabajo, la CIDH dispuso que el Estado remita una respuesta escrita sobre las cuestiones planteadas, incluida la presentación de un cronograma para que el Ministerio de Defensa entregue la información relacionada con las órdenes fragmentarias, órdenes operativas, unidades militares, patrullas y personal que intervino en los hechos.
Esta documentación es fundamental para el esclarecimiento de más de 51 casos de presunta desaparición forzada atribuidos a agentes estatales. En algunos casos, la información ha sido entregada de manera parcial o con retrasos de hasta dos años desde la desaparición, afectando gravemente la búsqueda inmediata, la investigación penal y el derecho de las familias a conocer la verdad.
El CDH vigilará de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y la entrega efectiva, completa y sin nuevas dilaciones de la documentación requerida. La información solicitada no puede ser ocultada bajo argumentos genéricos de reserva, especialmente cuando se encuentra relacionada con posibles graves violaciones de derechos humanos.
Insistimos en que la responsabilidad penal no se limita necesariamente a los agentes que ejecutaron materialmente las detenciones o traslados. También deberá investigarse la actuación de los superiores dentro de la estructura militar que conocieron o debieron conocer los hechos, omitieron reportarlos, no adoptaron medidas para impedirlos o esclarecerlos, o se negaron a colaborar oportunamente con la Fiscalía y con las instituciones responsables de la búsqueda.
La falta de entrega de información por parte del Ministerio de Defensa prolonga la desaparición, obstaculiza la acción de la justicia y profundiza el sufrimiento de las familias. El Estado ecuatoriano debe cumplir de manera urgente las disposiciones formuladas en el marco de la medida cautelar MC 402-25 y garantizar que toda la información militar relevante sea puesta a disposición de las autoridades investigadoras, las familias y sus representantes.
Guayaquil, 30 junio 2026
Más información sobre Mesa de Diálogo sobre Medida Cautelar de la CIDH sobre desapariciones forzadas en el Ecuador: https://tinyurl.com/26kpsf97