Mientras que desde la política pública se seguirá velando por los intereses de los grandes grupos de poder, la lucha por la soberanía alimentaria seguirá desde el pueblo.
En plena emergencia sanitaria, el 06 de agosto de 2020, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Otaneda, envía una carta dirigida a todos los ministerios ecuatorianos, para hacer llegar la siguiente información: la empresa transnacional McDonald’s ofrece un 20% de rebaja para todxs lxs funcionarixs de instituciones públicas – durante el resto del año.
En dicho oficio (Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2020-1025-O), el Ministro expresa: “Desde el inicio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, las manifestaciones de apoyo y solidaridad siempre ha estado presente por parte de McDonald’s Ecuador, y aportes muy significativos como la donación y provisión de 155 mil raciones alimenticias realizadas al personal médico y del orden público, como una muestra de respaldo y reconocimiento por la lucha diaria en la primera línea de contención de la pandemia.”
Desde el OCARU, este hecho nos llama la atención por varios motivos. En primer lugar, sabemos que la gravedad de la enfermedad por COVID-19 tiene relación en gran medida con el estado de salud previo de cada persona; y está comprobado que la comida rápida ultra procesada, con altos niveles de azúcar, sal y sodio, afecta la salud, generando enfermedades no transmisibles como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hay que señalar que, en Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, 35 de cada 100 niñxs entre 5 y 11 años tienen sobrepeso y obesidad, mientras que en adultos entre 19 y 59 años son 65 de cada 100.
Por lo tanto, son cuestionables los intentos de promover el consumo de este tipo de alimentos en general y peor justo ahora, en época de pandemia global cuando los esfuerzos deberían estar dirigidos hacia el mejoramiento de la salud y nutrición de todas y todos.
En segundo lugar, la estrategia de ofrecer rebajas normalmente se inscribe en los intentos de incentivar el consumo. Por eso, nos preguntamos en qué medida es aceptable que las entidades públicas se involucren en la promoción del consumo en una empresa transnacional específica, como lo hacen en este caso, compartiendo la carta de McDonald’s como oficio ministerial. Más bien interpretamos, que de esta forma contribuyen a aumentar la clientela de la transnacional – con empleadxs públicxs que tal vez, hasta la fecha, no eran consumidores de tal empresa.
En tercer lugar, vivimos un contexto complejo en el que varios organismos, tanto nacionales como internacionales, alertan sobre el peligro de que la crisis sanitaria y económica también se pueda convertir en una crisis alimentaria. Por lo tanto, en este contexto, se necesita dirigir especial atención hacia el aseguramiento de las cadenas alimentarias, la producción, la distribución y la accesibilidad de alimentos de calidad, alto valor nutritivo, sustentables y culturalmente adecuados. Sin embargo, la comida rápida ultra procesada no entra en ninguna de estas categorías. Queda claro, que especialmente en estos momentos de pandemia deberían apoyarse a las y los pequeños productores familiares, las ferias agroecológicas, los circuitos cortos de comercialización y no las grandes empresas transnacionales que nos venden productos que dañan tanto la salud como el planeta.
El oficio del Ministro de Producción nos revela una vez más las cercanías y alianzas entre la política pública y las grandes empresas nacionales y transnacionales. Esto se alinea con otras acciones como favorecer a las grandes cadenas de supermercados a través de los kits alimentarios que se entregaron a inicios de la pandemia o el “día nacional de la carne de pollo” en 2019, en el que se promovió el consumo de comida chatarra de la transnacional KFC en las explanadas del Ministerio de Agricultura.
Recordamos a las entidades públicas que la Constitución establece en su artículo 281 que la soberanía alimentaria es “obligación del Estado” y la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria manifiesta: “Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico”.
Mientras que desde la política pública se seguirá velando por los intereses de los grandes grupos de poder, la lucha por la soberanía alimentaria seguirá desde el pueblo, desde el campo y la ciudad, desde la diversidad de colectivos y organizaciones que día tras día se organizan para juntos asegurar una alimentación sana, nutritiva y sustentable para la población.
Fuente: https://ocaru.org.ec/index.php/coyuntura/articulos/item/10265-ministerio-anuncia-descuento-en-cadena-de-comida-chatarra