El Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha vuelto a declarar que lo que necesita la economía española es que se moderen los salarios. No me extraña que haya dicho una cosa así. Es bien conocido que se trata de un prestigioso economista liberal que no disimula sus posiciones ideológicas. En otras ocasiones […]
El Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha vuelto a declarar que lo que necesita la economía española es que se moderen los salarios. No me extraña que haya dicho una cosa así. Es bien conocido que se trata de un prestigioso economista liberal que no disimula sus posiciones ideológicas. En otras ocasiones ha defendido abaratar el despido o que las cajas de ahorro se conviertan en sociedades anónimas.
Los liberales piensan que los problemas relativos al empleo o desempleo son solo asuntos del mercado laboral y que, por tanto, se resuelven mediante el juego de los precios que determinan los movimientos de la oferta y la demanda de trabajo. Por eso afirman que para generar empleo (es decir, para disminuir la oferta sobrante de trabajo) lo que hay que hacer es reducir el precio del trabajo, los salarios, bien directos o indirectos. Y en consecuencia lo que proponen, como los sabios académicos que firmaron el documento de los 100, no es, en definitiva, sino que se establezcan condiciones más favorables para que los empleadores reduzcan sus costes laborales.
Hace muchos años que sabemos que eso es una falacia. Algo tan irreal como la creencia en los automatismos y en la autosuficiencia de los mercados que defienden esos economistas y que ha llevado a generar una crisis financiera global como la que se ha producido en los últimos tiempos.
Es evidente que las condiciones en que se desenvuelva el mercado de trabajo han de influir de algún modo en el volumen del empleo que genera la economía. Pero de ahí a despreciar todo lo demás y a considerar que solo reduciendo el precio del trabajo se va a crear mas empleo hay una distancia que solo se puede salvar si detrás de esa proposición hay algo más que es fácil de adivinar: una política que beneficia a los grandes empresarios y que termina aumentando las rentas del capital a costa de no crear más empleo o de crearlo en condiciones cada vez más miserables.
La creación o destrucción de empleo no depende solo de lo que ocurra en el mercado de trabajo, como quieren hacernos creer los economistas liberales como Campa, sino también en el mercado de bienes y servicios e incluso en la situación general de la economía. Aunque estos economistas se lo callan, lo cierto es que, si no hay suficiente demanda efectiva, por muy bajos que sean los salarios no se va a crear empleo porque las empresas contratan a más trabajadores no porque sus salarios sean más bajos sino porque van a obtener más beneficios.
Imponiendo un régimen de salarios bajos lo que se produce es una situación en la que la demanda efectiva está constantemente restringida. Es una estrategia que lo que crea es escasez y que limita el crecimiento potencial de la economía, que es lo que ha ocurrido en los últimos decenios y justo lo contrario de lo que ahora habría que procurar. Y, al mismo tiempo, proponer, como hacen Campa y los economistas liberales, que los salarios bajen para que nuestra economía sea más competitiva es sencillamente condenarla al empobrecimiento y la insostenibilidad.
¿De verdad que lo que necesita la economía española, cuando el presidente del gobierno habla de cambio del modelo productivo, es especializarnos en actividades que solo necesitan oferta de trabajo barata? ¿Ahora resulta que la apuesta es competir como hacen los países más atrasados, ofreciendo salarios reducidos y no mejorando nuestro tejido productivo mediante la calidad, la innovación y la producción de bienes y servicios de vanguardia?
Pero, como digo, no me extraña que un economista de la derecha liberal haga estos planteamientos. Lo que me produce sorpresa, frustración y pena es que una persona que tiene esa ideología sea el segundo máximo responsable de la política económica de un gobierno socialista en el que tantos millones de personas han confiado para mejorar sus condiciones de vida.
¿A qué estamos jugando? ¿Cómo es posible que un gobierno socialista pida más contención salarial en un país en donde el 63% de los trabajadores gana menos de 1.100 euros mensuales y en donde el número de mileuristas ha aumentado en siete millones en los tres últimos años? Y que lo haga sin más fundamento que el que proporciona un liberalismo que, por muy útil que sea a la gran patronal, es una ideología trasnochada que ya fue puesta en solfa científicamente hace un siglo.
Y no es sólo una cuestión de sensibilidad social, de estar preferentemente tratando de favorecer a quienes tienen rentas mas bajas, que ya es importante. Y, por supuesto, lo que se supone que esperan de un gobierno socialista sus votantes y simpatizantes. Es que además, como he comentado más arriba, proponer bajar aún más los salarios es insistir en un modelo que ha llevado a que nuestra economía sea más débil e inestable que las de nuestro entorno. Y que ahora nos llevaría a salir más tarde y con más limitaciones de la crisis.
Los informes de la OCDE pusieron de relieve que España ha sido el único país de los que pertenecen a ese organismo en el que los salarios han bajado en el periodo 1995-2005: ¿acaso vamos a ser tan ingenuos como para no entender que eso no ha tenido nada que ver con la gran pérdida de empleo que ahora padecemos y que muy posiblemente se consolide durante bastante tiempo?
Proponer, como hace el Secretario de Estado de Economía, el empobrecimiento de los trabajadores como política de salida de la crisis (en realidad, lo proponen siempre, pues conducen con piñón fijo en la expansión y la recesión, en el auge y en la crisis: siempre bajar los salarios) no es solamente una aberración desde el punto de vista social. Lo es igualmente como estrategia económica. Lo que nuestra economía necesita es más demanda efectiva, más capital social, más innovación, más conocimiento básico y aplicado y más igualdad. Es decir, más riqueza y mejor repartida y no más trabajadores pobres y más diferencias sociales, como proponen los ideologizados economistas de derechas como el Secretario de Estado de Economía.