En materia económica el gobierno ecuatoriano aspira a hacer «buenos negocios» con EE.UU., pero en política exterior, al menos en cuanto a diplomacia se refiere, ha logrado mantener una postura relativamente soberana en el tema de Venezuela al afirmar que los problemas de ese país deben ser resueltos por los mismos venezolanos.
En marzo de este año estuvo en Ecuador Joseph P. DiSalvo, Subcomandante Militar del Comando Sur de los EEUU, acompañado por Liliana Ayalde, Asesora de Política Exterior. Según informó la Agencia Andes, su propósito fue «escuchar las ideas y preocupaciones de las autoridades de defensa tanto civiles como militares y reiterar su compromiso con impulsar y fortalecer la amistad entre los dos países»; se consideró que la visita es «una oportunidad para subrayar su agradecimiento a los militares ecuatorianos por su compromiso y trabajo con los socios internacionales para apoyar la estabilidad y la paz en el hemisferio»; se destacó como áreas principales de cooperación bilateral la lucha contra el narcotráfico transnacional y la ayuda humanitaria para las poblaciones afectada por desastres naturales; y la agenda incluyó reuniones con autoridades gubernamentales, militares y un recorrido por una unidad de desminado humanitario.
En abril, el embajador de los EEUU en Ecuador, Todd Chapman, junto al entonces Ministro del Interior César Navas, y otros funcionarios (Andrés de la Vega, Viceministro del Interior; Nelson Villegas, Comandante General de Policía Subrogante; Ivette Ziray, Agregada del Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU; Jim Hop, Subdirector Regional de la DEA para Ecuador y Venezuela), anunció la firma de los convenios entre Ecuador y EEUU. El embajador Chapman fue claro en expresar: «combatir el crimen organizado transnacional está a la vanguardia de las prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos de América»; al mismo tiempo que destacó el Memorando de Entendimiento para el combate al tráfico de drogas y delitos conexos, así como la creación de la «Unidad Investigativa Criminal Transnacional» en la Policía Nacional, que incluía a los delitos cibernéticos, financieros y las «violaciones a los derechos de propiedad intelectual» (https://bit.ly/2yUMV5P; y, https://bit.ly/2tNULZf)
Y hace pocos días (27 de junio), llegó a Ecuador nada menos que Mike Pence, vicepresidente de los EE.UU., quien incluía en su gira diplomática a Brasil y Guatemala.
Tras reunirse con el presidente Lenín Moreno, el visitante señaló: «EE.UU. va a trabajar con ustedes en formas nuevas para enfrentar amenazas a la seguridad, especialmente las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales y del tráfico de drogas»; señaló que le preocupa la «amenaza especial en nuestra seguridad» y el «colapso de Venezuela», por lo cual pidió que los «países aliados» actuaran «para aislar al régimen de (Nicolás) Maduro aún más», añadiendo: «No es el momento de palabras, tenemos que actuar y tenemos que tomar acciones decisivas para restaurar la democracia en Venezuela». Anunció que Ecuador recibiría 7 millones de dólares en cooperación, entre ellos: $1.5 millones para la lucha contra la corrupción; $ 3.5 millones para la seguridad; $ 2 millones para apoyo a los migrantes venezolanos (https://bit.ly/2Kr1wdM).
Esto no quiere decir que a los EE.UU. deje de interesarle el aperturismo comercial ecuatoriano o la orientación empresarial del gobierno de Moreno. Para esa gran potencia, el libre mercado, con todas sus implicaciones y consecuencias, tiene un interés geoestratégico y político continental, pues América Latina en su conjunto es el gran espacio económico a potenciar y dominar.
Si se examina con cuidado las distintas fuentes, son varios los funcionarios del frente económico del gobierno de Moreno, así como altos dirigentes empresariales de las cámaras de la producción, los que se han lanzado a saludar esta «nueva era» de relaciones del Ecuador con los EE.UU. como algo espectacular y digno de ser magnificado, tras una década (la del «correísmo») de «distanciamientos», que habría sido nefasta para las relaciones «con nuestro socio comercial más importante», como lo han reiterado a diario.
Tanto el Secretario Particular del Presidente (Juan Sebastián Roldán), como los ministros de Economía y Finanzas (Richard Martínez) y el de Comercio Exterior (Pablo Campana), hablaron de visita positiva, que permitirá la generación de empleo (???); hará posible que más compatriotas puedan vender a los EE.UU. (???); que la producción nacional se proyecte; habrá no solo más comercio sino asistencia técnica, financiamiento, acercamiento a los organismos multilaterales (vale anotar que desde el 20 de junio está presente en Ecuador Anna Ivanova, delegada del FMI); y se destacó que se ha pedido la reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio (TIC); así como se espera un acuerdo comercial «justo y equitativo», aunque no un «tratado de libre comercio» (TLC) (https://bit.ly/2KyOwTo), términos algo devaluados que, como se comprenderá, no conviene que revivan, aunque lo que se aspira es a eso. De hecho, se anunció la conformación de una delegación de alto nivel gubernamental que viajará próximamente a los EE.UU. para tratar estos temas económicos.
El mismo presidente Moreno ha hablado de un Ecuador «repleto de oportunidades» para los «buenos negocios» de los inversionistas foráneos; ha subrayado a los empresarios que «como gobierno nos interesa que sus negocios sean prósperos y dinámicos, porque eso también beneficia a todo el Ecuador»; y ha declarado: «por eso queremos fortalecer nuestras relaciones con países como Estados Unidos, porque tenemos una antigua y tradicional relación de buena amistad». (https://bit.ly/2tNrPBj)
En medio de todos los ajetreos para recibir a los visitantes del norte, para engalanarlos y dispensarles las mejores atenciones, y para no herir a nadie con palabras ni discursos que puedan afectar el soñado acercamiento entre dos países casi «hermanos», parece que queda en el olvido toda la historia de las relaciones entre EE.UU. y América Latina, desde la época de Simón Bolívar y el «americanismo» monroísta en adelante.
En todo caso, lo que ha quedado en claro de la visita del vicepresidente Pence es que a los EE.UU. le interesan otros temas: su seguridad nacional como prioridad, el combate al crimen organizado transnacional, la situación en la frontera ecuatoriano-colombiana, la cooperación militar y policial (que ha recobrado espacio e influencia, como ocurría en el pasado de las luchas anticomunistas, las maniobras conjuntas y las asesorías técnicas y de inteligencia), y, sobre todo, una posición continental uniforme de aislamiento a Venezuela, para rescatar la «democracia» y dar solución a la «crisis humanitaria», lo cual no es más que otra estrategia de bloqueo al país sudamericano, parecida a la que el gigante capitalista ha practicado por décadas sobre Cuba. Además, ha inquietado la posición ecuatoriana que en la OEA se abstuvo de acordar el cerco o la condena a Venezuela.
Y en esta materia, ha tocado al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, adoptar una posición más cauta y menos «emotiva» que la de sus compañeros ministros del frente económico. El canciller ha resaltado el diálogo bilateral, ha dado la bienvenida a la cooperación internacional sobre la zona fronteriza y en materia de seguridad; y ha reiterado la posición ecuatoriana que señalara, tiempo atrás, el propio presidente Moreno sobre el tema de Venezuela: los problemas de ese país deben ser resueltos por los mismos venezolanos; se podría pensar en una intermediación arbitral a través de las Naciones Unidas, y se debería hacer una consulta popular en Venezuela, que involucre a todos los sectores políticos, tanto del gobierno como de la oposición.
De este modo, mientras en materia económica los emocionados ministros y empresarios aspiran al paraíso comercial para los buenos negocios con los EEUU, al menos en cuanto a diplomacia, el gobierno ecuatoriano ha logrado mantener una postura relativamente firme y soberana en el tema de Venezuela, aunque su propuesta de consulta popular resulte una injerencia, en medio de una región en la que sus propios mecanismos de expresión y coordinación latinoamericanistas como CELAC y UNASUR han sido literalmente paralizados.
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