El proyecto de construcción de un Estado policial es uno de los tres ejes fundamentales del gobierno de Bolsonaro y tiene en el juez Sergio Moro su agente. Un eje es el ultraneoliberalismo del ministro de Economía, Paulo Guedes, que garantiza el apoyo del gran empresariado y de todos los voceros del neoliberalismo. Un eje […]
Un eje es el ultraneoliberalismo del ministro de Economía, Paulo Guedes, que garantiza el apoyo del gran empresariado y de todos los voceros del neoliberalismo. Un eje que avanza en la destrucción del país, independientemente de los apoyos en el Parlamento o en la opinión pública. El segundo eje son los militares. Como Bolsonaro no tiene partido, buscó acercarse a los militares para tener su apoyo, en función de lo cual ha nombrado a docenas de ellos a cargos importantes del gobierno.
El tercer eje gira alrededor del nombramiento de Moro para el ministerio de Justicia, para llevar la operación Lava Jato al gobierno, hacer de ella una política de Estado, con la finalidad de construir un Estado policial en Brasil. Se trata de criminalizar a los movimentos sociales, a los partidos de izquierda, a asociaciones del campo popular, a personalidades de izquierda. La finalidad es blindar al Estado, de forma que no sea posible un nuevo 2002, cuando Lula triunfó por primera vez.
Uno de los instrumentos para ello, heredado directamente de los gobiernos estadounidenses, es la caracterización como terrorismo de los movimientos sociales que supuestamente atentarían en contra del derecho a la propiedad privada -antes de todo al MST- para atacarlos e intentar destruirlos.
El gobierno ha retomado una modalidad todavía más radical del neoliberalismo, con la destrucción del patrimonio público, la liquidación de los derechos de los trabajadores y el congelamento de los recursos para políticas sociales. Una política que sólo atiende a los intereses del capital financiero.
Un modelo antipopular y antinacional como ese, requiere un régimen político antidemocrático, que busca impedir una nueva derrota electoral de la derecha, como ha ocurrido cuatro veces de 2002 a 2014, en disputas democráticas. De ahí la ruptura de la democracia con el golpe que sacó a Dilma Rousseff del gobierno, sin ningún fundamento legal, que contó con el silencio cómplice del Poder Judicial. Se ponía en práctica la guerra híbrida, la nueva estrategia de la derecha en escala internacional, que incluye la persecución política por la instrumentalización de las leyes y por la judicialización de la política, con el Poder Judicial sustituyendo a la soberanía popular por sus decisiones arbitrarias.
Un Estado es indispensable para que la falta de popularidad de la política económica neoliberal no lleve, mediante elecciones democráticas, a derrotas sistemáticas de la derecha, como ha ocurrido en Brasil desde 2002. Fue necesario apelar a instrumentos antidemocráticos tanto en el golpe en contra de Dilma, como en la persecución a Lula y en la victoria con fraude en las elecciones presidenciales.
El debilitamiento de Moro por las denuncias de The Intercept debilitan el proyecto de la derecha. El paquete que Moro ha enviado al Congreso, con duras medidas represivas, tiene cada vez menos posibilidades de ser aprobado, así como un torpe decreto que firmó para permitir la expulsión del país al periodista de The Intercept. Toda su reacción a las revelaciones de las conversaciones deben haber sido el objeto de un apresurado viaje de Moro a Estados Unidos, de la cual retornó con medidas que buscan desviar la atención de las denuncias, pero que han tenido efecto contrario.
Romper el eje del Estado policial del gobierno es un objetivo importante para las fuerzas democráticas brasileñas, tanto para frenar el proyecto de construir un Estado de excepción, como para ampliar los espacios democráticos, que son los que permiten que las mayorías puedan expresarse de forma libre y democrática sobre el futuro del país.
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