En este artículo la autora reflexiona sobre la lucha de los pueblos indígenas de Brasil contra las leyes que pueden abrir la puerta a un mayor genocidio.
Cuando los portugueses resolvieron descender el litoral de la Tierra de Santa Cruz y pasaron por Santa Catarina en 1515 ya habían detectado la presencia de los guaraní, por ellos llamados carijós, en estas tierras. Esa etnia ocupaba grandes extensiones de tierra, que alcanzaban desde lo que hoy es el Mato Grosso hasta la Lagoa dos Patos, en el Río Grande do Sul, y tenían como centro de su mundo el espacio donde hoy está Paraguay. Como muchas otras etnias que entraron en contacto con los portugueses, los guaraní los recibieron en paz. Eran seres extraños en barcos extraños, pero fueron acogidos. Sólo más tarde los guaraní comprendieron que estaban tratando con predadores, razón que les hizo moverse hacia el interior del territorio. La invasión de las tierras guaraní en Santa Catarina se hizo en un corto período de tiempo, solo a partir de 1650 la colonización del territorio se empezó a realizar más sistemáticamente, primero en São Francisco do Sul y después en la región de Desterro, hoy Florianópolis, y áreas limítrofes.
Es por debido a esa vieja historia, sabida y re/sabida, la razón por la cual la gente guaraní que hoy ocupa la tierra del Morro dos Cavalos insiste en su derecho a vivir en ese espacio.
El proceso oficial de homologación de las tierras del Morro dos Cavalos comenzó en 1993, pero la lucha ya había comenzado allá por el año 1985, así pues, antes de la Constitución. Y aunque no fuera así, la historia registra que esa es una tierra guaraní. En 1995 la Funai, tras un estudio técnico, sugiere 121 hectáreas como tierra indígena, pero eso no es suficiente para las necesidades de las familias, que por otra parte insisten en participar en las discusiones y deliberaciones que se están realizando en torno a la demarcación de sus tierras. Es el momento de las aty guaxu (grandes reuniones). Con nuevas reglas para las demarcaciones, el proceso fue reevaluado en 2002 y se emite un nuevo informe, en el que se propone que la demarcación alcance las 1.988 hectáreas. Para llegar a esa nueva demarcación se tuvieron cuenta los lugares tradicionales de caza, pesca, recolección de material para artesanía, construcción de casas, plantas medicinales y otros espacios necesarios para la vida, para su modo de ser (mbya reko). En 2008 el ministerio de Justicia finalmente reconoció la tierra reivindicada como tierra guaraní, falta solo su homologación.
No obstante, ese proceso de demarcación no se desarrolló en un ambiente de paz y concordia. Estuvo envuelto en mucha controversia, mucho prejuicio, mucho racismo y mucha violencia, tanto por parte de algunos políticos de la región como de algunas familias que ocupaban las tierras circundantes, muchas comprada de buena fe, otras no. Fueron años y años de conflictos, en los cuales las familias guaraní necesitaron enfrentar tanto a la justicia del mundo burgués como a los vecinos, responsables de numerosos actos de extrema violencia. No siendo eso suficiente, tuvieron que enfrentarse al propio Estado, que se opuso a la demarcación en la medida en que pretendía usar esas tierras para construir una carretera y un túnel. Así, cuando en el año 2008 el gobierno federal reconoció la posesión de la tierra a los guaraní, fue de nuevo el gobierno del Estado quien asumió la petición de anulación de la demarcación, consiguiendo que el proceso acabase en el Supremo Tribunal Federal en 2014, alargando por más años la lucha de los guaraní. Desde ese momento el proceso estuvo presidido por la desidia y el desinterés.
No obstante, esta semana pasada la justicia federal atendió una petición del ministerio público federal, que pedía que fuera mantenida la resolución del ministerio de Justicia de 2008, que reconoce que la tierra pertenece a los guaraní. A raíz de esa iniciativa, fueron trasladadas a la Unión y a la Fundación Nacional del Indio (Funai) “providencias administrativas y judiciales para impedir ataques, obras, intervenciones dañinas e invasiones en el área indígena del Morro dos Cavalos, en toda su extensión (resolución del ministerio de Justicia), inclusive por medio de la identificación y penalización de personas o entidades que busquen azuzar los ánimos y cometan apología o crimen de discriminación racial”.
En la decisión judicial se insiste en que «ya han pasado más de veinte años desde la edición de la resolución de 1995, habiéndose realizados numerosos estudios antropológicos que reconociendo la existencia de la comunidad indígena de Morro dos Cavalos. En este sentido, no hay justificación ninguna para la tardanza de la Administración Pública, que está motivada ciertamente por razones políticas. Los principios de la eficiencia de la Administración Pública y de la razonable duración del proceso no son compatibles con un atraso de más de veinte años para la conclusión del procedimiento administrativo, lo que evitaría incontables agresiones físicas y morales que ha sufrido la comunidad indígena«.
Dicho eso, la justicia también instó a la Unión a finalizar el proceso de demarcación, mediante la firma de la homologación por parte del presidente de la República en el plazo máximo de 30 días y la consecuente publicación oficial.
Esa decisión fue una importante victoria no sólo para los guaraní del Morro dos Cavalos, sino también para todos los pueblos indígenas del país, principalmente en esta semana de lucha contra el PL 490, que pretende hacer legal la propuesta de “marco temporal”, lo que significa que solamente serán consideradas tierras indígenas aquellas que estén siendo ocupadas por alguna etnia en el año concreto de su demarcación. El proyecto, se llega a ser aprobado, pretende servir de barrera para la demarcación de incontables tierras hoy en disputa. El proyecto, además, abre la puerta a la posibilidad de que el gobierno retome las tierras indígenas ya demarcadas, concede a las propiedades indígenas que fueron compradas el estatuto de propiedades privadas, viola el derecho a la consulta, permite la extracción de las riquezas en las tierras demarcadas e interfiere en las políticas referentes a los pueblos aislados. O sea, en la práctica, entrega las tierras indígenas al ensañamiento privado.
No es sin razón que las más de 300 etnias que sobreviven aún en Brasil están en lucha, con un campamento en Brasilia, presionando ante el Supremo Tribunal Federal, en donde se tiene que tomar una decisión judicial sobre el marco temporal, y también ante el Congreso Nacional, buscando evitar la aprobación del PL 490. No obstante, a pesar de todo, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia y sigue su camino hasta llegar al pleno, un camino pavimentado con mucha violencia y represión a los pueblos originarios que están en la capital.
Este miércoles vuelve a reunirse el Supremo Tribunal Federal, por lo que están convocadas nuevas manifestaciones.
En el Morro dos Cavalos, la comunidad conmemora la decisión de la justicia, aunque solo lo podrá celebrar después de que Jair Bolsonarofirme la homologación, lo que concluirá definitivamente el proceso. Mientras tanto, los guaraní siguen firmes en su lucha, que no cesará hasta que se abandone el PL 490, ya que eso supondría un enorme retroceso, tanto para ellos como para todos los parientes.
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