En este artículo la autora analiza los efectos de las recientes movilizaciones a favor de la democracia y el avance de Bolsonaro.
A 52 días de las elecciones presidenciales del 2 de octubre, una multitud se reunió el último jueves en diversas universidades de Brasil para escuchar la lectura de una carta a favor de la democracia y del sistema electoral del país, en un contexto de ataque permanente del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro al sistema de voto electrónico que se utiliza en el país desde 1996.
Dos manifiestos impulsados por estudiantes, sindicatos, empresarios y artistas fueron leídos en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo. Miles de personas acompañaron el acto en los exteriores de la Universidad y se registraron también protestas en 26 estados y el Distrito Federal. Bolsonaro buscará su reelección ante el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien, por ahora, encabeza la intención de voto.
Sin asimilar el golpe, Bolsonaro, volvió a criticar los manifiestos en defensa de la democracia y contra los ataques al sistema electoral y comparó estas iniciativas ciudadanas con «un manifiesto en defensa de la mujer firmado por (el asesino serial) Maníaco del Parque».
Los centenares de mítines en todos los 26 estados brasileños y en Brasilia revelaron que buena parte de la sociedad organizada del país huele la asfixia inminente, pero la ciudadanía no prioriza la democracia, hasta que se vuelve poco respirable.
La actual reacción de los representantes de amplios sectores de la población solo ocurre ahora, tras tres años y medio de menoscabo de las instituciones de control democrático, como el Ministerio Público (fiscalía) y las agencias de monitoreo de delitos financieros, y de las políticas ambientales, educativas, antirracistas y de derechos humanos.
No se puede vivir en el pasado: la nueva realidad
La incertidumbre crece a medida que las encuestas registran un acercamiento entre los presidenciables que polarizan la elección. Según la mayoría de ellas, los comicios se encaminan hacia un balotage, alejándose la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta. La gran preocupación de la mayoría de los analistas es que mientras más parejo se torne el proceso, más posibilidades de desestabilizar al sistema tendrá el ultraderechista ex militar.
Un estudio de la Consultora Quaest, indica un virtual empate técnico en el estado de Sao Paulo, con guarismos de 37% para el candidato de la izquierda y 35% para Bolsonaro.
La gran apuesta del actual presidente para remontar una elección que se le presenta adversa es el programa Auxilio Brasil,que comenzó a implementarse la última semana, por el cuál el gobierno le pagará 600 reales por mes (120 dólares) hasta diciembre a un total de 20,2 millones de familias, alcanzando a unas 60 millones de personas (casi el 30% de la población total).
El analista y docente universitario Gilberto Maringoni señala que ahora la campaña electoral comienza en serio. Dice que hablar de manifiestos, ganar en primera vuelta, de gobiernos anteriores está muy bien, pero que ya basta de jurar responsabilidad fiscal para complacer a la derecha y sugiera que la campaña de Lula invirtiera en cambiar la política y motivar al voto del ciudadano común.
Señala que el viento no está a favor de Lula y que la elección no se ganará en la primera vuelta… y la segunda será una cantera. Es necesario decir claramente cómo será Brasil a partir del primero de enero y para ello hace falta más propuestas de futuro y concretas contra el hambre y la desesperación y menos blablablá del pasado, lo que implica más radicalidad y menos abstracción subjetiva, y también cambiar la comunicación, añade.
Maringoni señala que dramáticamente hubo un cambio en los campos de disputa. Hasta la década de 1990, la izquierda era la militancia y la derecha reclutaba funcionarios electorales pagados y sin motivación. Hoy Bolsonaro tiene una horda de fanáticos dispuestos a todo y que no trabajan por dinero. “Más que una disputa electoral, estamos en una verdadera decisión de vida o muerte y eso hay que decirlo en las redes sociales”, afirma, tras señalar que “no es el amor lo que vence al odio, es el combate”.
Mientras, desde Estados Unidos el senador demócrata Bernie Sanders alertó que «en defensa de la democracia y del respeto al proceso electoral brasileño», pedirá que el gobierno de Joe Biden no tenga más relaciones con el gobierno brasileño si Jair Bolsonaro no acepta el resultado de las elecciones en caso de ser derrotado.
“Sería inaceptable que EU reconozca y trabaje con un gobierno que realmente perdió la elección, enviaría un mensaje espantoso para el mundo entero sobre la fuerza de la democracia”, dijo, tras reunirse con una veintena de representantes de la organizaciones de la sociedad civil brasileña en el Capitolio.
“Lo que escuché de la comitiva me suena, infelizmente, muy familiar por causa de los esfuerzos de Donald Trump y sus amigos de minar la democracia estadounidense. No me sorprende que Bolsonaro esté intentando hacer lo mismo en el Brasil”, añadió.
Trabajo y capital ¿unidos?
Para algunos analistas el movimiento del 11 de agosto puso de relieve la resistencia de la sociedad civil a las amenazas contra las instituciones, las elecciones y las urnas electrónicas, proferidas por el presidente Jair Bolsonaro, sus hijos y sus seguidores y mostró que la Corte Suprema, el Tribunal Superior Electoral y los medios, no están solos en su embate contra las pendencias bolsonaristas.
Otros destacaban que no se había visto este nivel de unidad entre sectores tan diversos desde 1983-1985, cuando las calles del país se vieron recorridas por largas columnas ciudadanas que pedían “elecciones directas ya”.
El manifiesto superó en 16 días el primer millón de adhesiones, representando a todos los sectores y superando las expectativas más optimistas. Los primeros firmantes fueron juristas, abogados, profesores universitarios, líderes sindicales y empresariales, artistas, economistas y representantes de movimientos sociales.
Brasil debería estar viviendo “cúspide de la democracia”, rumbo a los comicios de octubre, pero “en lugar de una fiesta cívica, vivimos momentos de inmenso peligro para la normalidad democrática, de riesgo para las instituciones de la República e insinuaciones de desacato al resultado de las elecciones”, dice la carta.
“En Brasil ya no hay espacio para retrocesos autoritarios. Dictadura y tortura pertenecen al pasado. La solución de los inmensos desafíos de la sociedad brasileña exige necesariamente el respeto al resultado de las elecciones”, concluye el manifiesto.
No se menciona nombres, pero todos conocen que las amenazas parten de Bolsonaro, en su ofensiva contra las urnas electrónicas. Sostiene que los fraudes impidieron su triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2018 y que podrán repetirse en octubre, cuando intentará la reelección, en la primera vuelta el 2 o la segunda el 30.
El colmo fue su intento de descalificar el sistema electoral brasileño ante cerca de 70 embajadores, que convocó a un encuentro en su residencia oficial, el Palacio da Alvorada, el 18 de julio, en una iniciativa inédita en un jefe de Estado de este país sudamericano de 214 millones de habitantes. Fue, quizá, la última gota para movilizar distintos sectores de la sociedad brasileña en defensa de la democracia.
El revés más contundente para el actual presidente, que busca su reelección, fue la decisión de importantes gremios empresariales de proclamar su apoyo a “la estabilidad democrática, el respeto al Estado de Derecho y el desarrollo (que) son condiciones indispensables para que Brasil supere sus principales desafíos”.
Los empresarios expresan su “compromiso inquebrantable con las instituciones y las reglas básicas del Estado Democrático de Derecho”, al concluir su propio manifiesto, encabezado por la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo y separado de la carta de la ciudadanía en general, incluyendo a los más altos ejecutivos de mayores bancos como Itaú y Bradesco, dueños de grandes marcas, industriales y financistas.
Entre los organizadores de la iniciativa se destacan Arminio Fraga, economista, quien fue titular del Banco Central durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso; Oscar Vilhena, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas; la reconocida politóloga María Herminia Tavares, y Neca Setúbal (una de las herederas del Itaú)
“Hoy capital y trabajo se juntan en defensa de la democracia”, celebró José Carlos Dias, exministro de Justicia que defendió, como abogado, a más de 500 perseguidos políticos en la dictadura militar. Centrales sindicales y movimientos sociales también firmaron esa segunda carta a la nación “en defensa de la Democracia y la Justicia”.
Pluralismo partidario, étnico, de género, profesiones, clases y edades caracterizaron las protestas. “Mientras haya racismo, no habrá democracia en Brasil”, coreó Beatriz Santos, como representante de la Coalición Negra por Derechos en el acto en São Paulo.“No queremos la democracia del hambre, de las masacres y tampoco la democracia de los ricos, queremos la democracia de los pueblos”, añadió Manuela Morais, la presidenta del Centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la USP.
La jornada de reafirmación de la democracia se inspiró en un acto que la misma Facultad de Derecho vivió 45 años antes, el 8 de agosto de 1977, cuando se trataba de recuperar la democracia. La acción demandó coraje para desafiar la represión que podría significar encarcelamiento, tortura y muerte.
Representantes de lo que parece ser la mayoría de la sociedad brasileña repiten ahora una movilización similar, sin el riesgo de la violencia represiva del pasado, pero ante el temor de que vuelva, ya que parte de las fuerzas actualmente en el poder se inspira en la vieja dictadura y las bayonetas de los militares.
Bolsonaro obtuvo 57,8 millones de votos, o 55,1 % del total de sufragios válidos, que lo eligieron en la segunda vuelta, en octubre de 2018, pese a que su discurso era declaradamente antidemocrático, e incluía la alabanza de la dictadura militar de 1964-1985, incluido el uso de la tortura, y prejuicios en contra de las mujeres, los negros, los indígenas, los ambientalistas y los derechos humanos.
Pese al deterioro de la democracia y los desastres en la gestión de la pandemia de covid-19, Bolsonaro sigue teniendo más de 30 % de la intención de votos en las encuestas sobre preferencias electorales y ese respaldo está en ascenso en las últimas semanas, que es lo demás muy preocupante. Pero para salvar Brasil, no bastará con derrotar a Bolsonaro en las urnas. El desafío es más profundo.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.