Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Cuando se trata de la lucha contra las políticas de opresión de Israel hay dos niveles en conflicto: el del gobierno y el de la sociedad civil. El ejemplo más reciente de esta dualidad son los barcos que mantienen cautivos en los puertos de Grecia. Los barcos, cargados de suministros humanitarios para el millón y medio de personas de la Franja de Gaza, son instrumentos de una campaña de la sociedad civil contra la inhumanidad del Estado israelí. Las fuerzas que los retienen son instrumentos de gobiernos corrompidos por la influencia de intereses especiales y el soborno político.
La mayoría de nosotros desconoce el potencial de la sociedad civil organizada porque hemos abdicado de la esfera pública en beneficio de los políticos profesionales y burócratas y nos hemos retirado a una esfera privada de la vida de todos los días que consideramos separada de la política. Es un grave error. La política conforma nuestras vidas, tanto si le prestamos atención como si no. Al ignorarla permitimos que el poder del Estado no responda tanto a la ciudadanía sino a los intereses especiales. Nuestra indiferencia significa que los políticos y los burócratas del gobierno pueden vivir sus vidas profesionales dentro de sistemas que en gran parte no se interesan, y a veces son incapaces de actuar, por el bien público porque están corrompidos por el poder de los lobbies. La capacidad de hacer justicia también es víctima con frecuencia de cómo funcionan las cosas en la política. El bloqueo de la última flotilla debido a la desproporcionada influencia de los intereses especiales sionistas sobre la política exterior en Medio Oriente de EE.UU. y de Europa es un buen ejemplo de esta situación.
Hay pequeños, pero crecientes, elementos de la sociedad que comprenden este problema y han actuado para remediarlo a través de la organización de ciudadanos comunes para reafirmar su influencia en la esfera pública. Sus esfuerzos constituyen movimientos de la sociedad civil. No todos estos esfuerzos pueden considerarse progresistas. El fenómeno del «Tea Party» en EE.UU. es un movimiento conservador radical que apunta a minimizar el gobierno hasta llegar a su autodestrucción. Pero otros movimientos de la sociedad civil, en sus expresiones de acción directa por la causa de la justicia, son mucho más saludables. El movimiento mundial por el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) de Israel, cuyo vástago es la flotilla, es uno de estos.
El foro del derecho internacional
La lucha resultante entre la política corrupta que mantiene a Occidente alineado con la ideología opresiva y racista que gobierna Israel y el movimiento de la sociedad civil que trata de liberar a las víctimas de esa ideología, tiene lugar en todo el mundo y en numerosos foros. Uno de ellos es el foro del derecho internacional. Actualmente, el debate se desarrolla alrededor de la legalidad del bloqueo de Gaza por Israel y el esfuerzo de la flotilla por desafiarlo. Consideremos este aspecto del conflicto.
1. El conocido abogado estadounidense Alan Dershowitz, firme defensor de Israel, ha declarado abiertamente: «El bloqueo naval de Gaza por parte de Israel es legal según el derecho internacionalm, cualquiera que trate de romperlo puede ser arrestado y procesado por un tribunal». Por cierto, Dershowitz no es un experto en derecho internacional. Ha creado más bien su reputación como abogado defensor apasionado por casos de asesinato (lo que hace que sea bastante adecuado para defender al Estado israelí). Habiéndolo dicho, ¿cuál es la base de su afirmación de que el bloqueo de Gaza es legal?
2. El argumento a favor de la legalidad del bloqueo se basa en la Declaración de Londres de 1909 y el Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados en el Mar de 1994. Ambos forman parte de un sistema de tratados internacionales que establecen los parámetros de gran parte del derecho internacional. Según estos documentos dos Estados involucrados en un conflicto armado pueden bloquearse legalmente el uno al otro por razones militares evidentes. Sin embargo todo bloqueo deja de ser legal si «el daño a la población es, o se puede esperar que sea, excesivo con respecto a la ventaja concreta y directa anticipada del bloqueo». Los defensores de las acciones israelíes como Dershowitz realizan una lectura muy superficial de los documentos y razonan que Israel está en un conflicto armado con Hamás, que es la autoridad gobernante en Gaza, y por eso Israel puede bloquear legalmente Gaza con el fin de detener la importación de armas y combatientes «terroristas».
3. Los agujeros de este razonamiento son lo bastante grandes como para que una flotilla de pequeños barcos navegue a través de ellos (si no hubieran sido apresados en los puertos griegos). Por lo tanto, Israel ciertamente no se considera involucrado en un conflicto armado con otro Estado. Si alguien duda, basta con que pregunte a algún miembro del actual gobierno israelí si él o ella definiría a Palestina, incluida Gaza, como Estado. En realidad, la definición apropiada de la presencia de Israel en Cisjordania y Gaza es la de una potencia colonial ocupante, cuyas políticas y acciones constituyen violaciones extremas de las Convenciones de Ginebra. Es decir que, en virtud de sus acciones colonizadoras y de su trato a los residentes de los Territorios Ocupados, su presencia en Palestina más allá de las fronteras de 1967 no es legal (se podría discutir sobre la legalidad de Israel dentro de las fronteras de 1967). Esto significa que están en conflicto armado contra los que se resisten a la ocupación ilegal. No hay ley internacional que haga que sea legal que Israel, actuando de por sí ilegalmente, bloquee a los que se resisten legalmente a sus acciones. La calificación arbitraria de los que resisten como «terroristas» no cambia esta situación legal.
4. Como señalo anteriormente, los bloqueos «legales» deben tener un objetivo militar y no deben causar daño excesivo a la población civil. Sin embargo existe evidencia de que los objetivos del bloqueo de Israel no son primordialmente militares sino, más bien, apuntan a cometer un daño excesivo a la gente de Gaza. El bloqueo de Gaza no se hizo por temor al contrabando de armas o a la infiltración de terroristas, sino que más bien constituyó un acto consciente de guerra económica contra el pueblo de Gaza por haber tenido la audacia de elegir a Hamás, el vencedor en una elección libre y justa en 2006. Existe evidencia documental de esta interpretación de los eventos. Por ejemplo, en 2006, Dov Weisglass, asesor del entonces primer ministro israelí Ehud Olmert, declaró públicamente que el objetivo de la política israelí en Gaza es «poner a dieta a los palestinos, pero no matarlos de hambre». Entonces, en junio de 2010, McClatchy Newspapers publicó documentos del gobierno israelí que atestiguan el hecho de que Jerusalén vio primordialmente el bloqueo como un acto de guerra económica, y no una medida de seguridad. A esto se puede agregar el hecho de que las cañoneras israelíes disparan regularmente contra los pescadores de Gaza, de quienes saben que no hacen nada sino pescar. Lo que tenemos en este caso es el castigo colectivo de 1,5 millones de palestinos. Como tal no es legal, es ilegal, una violación de las Convenciones de Ginebra. El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, que usualmente es sensible a las demandas de EE.UU., se liberó momentáneamente, y en su informe anual de 2009 dijo que los israelíes deberían terminar su injustificado bloqueo. No se tuvo en cuenta.
No podemos contar con gobiernos o con el derecho internacional
¿Cómo es posible entonces que los israelíes se puedan permitir estos crímenes? Es porque, al nivel de los gobiernos, sus lobistas y defensores tienen suficiente influencia como para deformar la formación política de los gobiernos occidentales. Contra esta influencia corruptora, el derecho internacional significa muy poco. Incluso embarazadoras analogías históricas significan poco. Nima Shirazi, cuyo blog Wide Asleep In America se encuentra en http://www.
Como consecuencia, los que buscan justicia para los palestinos no deben, por el momento, depositar mucha esperanza en gobiernos o en el derecho internacional. Deben actuar dentro del campo de la sociedad civil, el fortalecimiento del movimiento BDS y sus vástagos. Cuando los gobiernos actúan e intentan bloquear las acciones de la sociedad civil, estas acciones deben volverse contra los gobiernos, aunque sea al utilizarlas como instrumentos de campaña para expandir el movimiento BDS. Si persistimos llegará un momento, como en el caso de Sudáfrica, en el que el poder de la sociedad civil será tal que políticos y burócratas verán que el coste de desafiar a la opinión popular es mayor que el de desafiar a los lobbies sionistas.
Desde todo punto de vista, cuando se trata del conflicto palestino-israelí, los gobiernos de EE.UU. y de Israel se colocan por encima de la ley. Eso significa no solo por encima del derecho internacional, sino también por encima del derecho interior selectivo. El uso ubicuo e indecoroso de categorías como «terrorista» o «entregar ayuda material a terroristas» son en este caso los vectores corruptores. La única esperanza de la justicia y la integridad del derecho se encuentra en el campo de la sociedad civil que podría redimir en el futuro no solo a Palestina, sino también a EE.UU. e Israel.
Lawrence Davidson es profesor de historia en la Universidad West Chester en West Chester PA.
Fuente: http://www.counterpunch.org/
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