La propuesta de un mayor impuesto para los multimillonarios se convirtió en tema de máxima actualidad en la reciente reunión ministerial del G20 (Grupo de los 20) en Río de Janeiro. Y será punto de agenda en la próxima cumbre de alto nivel a realizarse en noviembre de este año, nuevamente en Brasil, país que ocupa la presidencia de ese grupo.
El sitio oficial Brasil 2024 del G20 (Grupo de las 20 naciones y regiones más desarrolladas del planeta) menciona la aprobación a fines de julio “de un documento sobre cooperación para la tributación internacional” y explica que “Brasil impulsa, por primera vez en el G20, la adopción de medidas a fin de intensificar la cooperación para la justicia tributaria, lo cual incluye [también] la tributación a los multimillonarios”. Según Fernando Haddad, ministro de Hacienda brasilero, un impuesto global del 2% a los superricos permitiría recaudar anualmente un mínimo de 250 mil millones de dólares.
El último lunes de julio Haddad recordó que la reunión de los ministros de Finanzas y los presidentes de los Bancos Centrales del G20 realizada en Río de Janeiro aprobó por aclamación una Declaración Ministerial sobre Cooperación Tributaria Internacional. Ese evento se clausuró con aplausos para la declaración que, entre otras consideraciones, contempla uno en especial: la propuesta brasilera de comenzar a definir la tributación internacional de los individuos superricos (https://www.g20.org/es/noticias/boletin-de-radio-del-g20/boletin-g20-ed-98-el-g20-aprueba-un-documento-sobre-cooperacion-para-la-tributacion-internacional).
Un principio de justicia social
Uno de los expertos más militantes a favor de esta propuesta de nuevo
sistema tributario internacional es el economista francés Gabriel Zucman, a
quienes diversas fuentes le asignan la copaternidad de la iniciativa en marcha.
En un reciente artículo publicado por el medio alemán Deutsche Welle,
Zucman se refiere a un grupo relativamente reducido “de unos 3.000
multimillonarios que hasta ahora pagan impuestos inferiores al promedio, en
comparación con sus posibilidades: aproximadamente solo un 0,3 por ciento de
sus fortunas”. El economista francés asegura que, si se considera la totalidad
de la carga tributaria, cada uno de estos superricos llega a pagar un máximo de
un 20 por ciento de sus ganancias. En cambio, una persona de clase media en
Alemania o en Francia paga más del doble. Y argumenta que «Esta es una
injusticia fundamental: los más ricos, que podrían aportar más, tienen la menor
carga tributaria efectiva”.
Su propuesta de un impuesto mínimo individual de un 2% sobre la renta de las fortunas de los multimillonarios garantizaría que no paguen menos y sean equiparados porcentualmente a sus choferes o sus empleadas domésticas, o con el resto de la población. “A nadie puede parecerle bien que los multimillonarios paguen menos que los otros”, concluye Zucman (https://www.dw.com/es/brasil-quiere-entusiasmar-al-g20-con-la-idea-de-un-impuesto-a-los-superricos/a-69834124).
Sociedad civil reacciona positivamente
Tan pronto como se conoció la resolución de Río de Janeiro, Susana Ruiz, responsable de Política Fiscal de la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam Internacional, reconoció que «Se trata de un avance global importante: por primera vez en la historia, las mayores economías del mundo han acordado cooperar para gravar a los ultrarricos. Por fin, a los más ricos, se les está diciendo que no pueden manipular el sistema impositivo ni evitar pagar su parte justa”.
Según OXFAM, durante el siguiente paso, la Cumbre del G20 de noviembre de este año, será importante acordar un nuevo estándar global que grave a los ultrarricos con una tasa lo suficientemente alta como para cerrar la brecha entre ellos y el resto de la población mundial.
Un elemento metodológico crucial en la propuesta de amplios actores de la sociedad civil internacional: es imprescindible que el liderazgo de la reflexión y las decisiones lo asuman las Naciones Unidas y que se establezca un proceso verdaderamente democrático para fijar normas globales sobre el nuevo tipo de tributación. Argumentan que no sería apropiado ni suficiente confiar esta tarea a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a las naciones más ricas del mundo.
El 24 de julio, varias organizaciones y redes internacionales le entregaron al Gobierno de Brasil una petición con más de 1.5 millones de firmas provenientes del mundo entero solicitando que el G20 defina e imponga impuestos especiales a los multimillonarios. Entre los promotores de la iniciativa se encuentran la misma Oxfam, así como Avaaz, Patriotic Millionaires, TaxMeNow, 350.org, Fight Inequality Alliance y WeMoveEurope.
Días antes, el 11 de julio, una veintena de ex jefes de Estado y de gobierno (varios de ellos de países del G20), envió una carta abierta a los actuales líderes del Grupo para pedirles que apoyen un “nuevo acuerdo global para gravar a los individuos ultrarricos del mundo”. Dicha carta, coordinada por el Club de Madrid y Oxfam, advierte que los ingresos del 1% más rico del mundo aumentó un 45% en cuatro décadas, mientras que los impuestos máximos sobre sus ingresos se redujeron en un tercio (https://clubmadrid.org/former-heads-state-government-call-president-biden-fellow-g20-leaders-back-global-deal-tax-ultra-rich/).
Prioridad en la agenda internacional
Una vez más, el tema de la tributación fiscal internacional será parte de la
agenda del G20 en su próxima cumbre, el 18 y el 19 de noviembre en Río de Janeiro.
Hasta entonces, durante los próximos 90 días se prevé una reflexión a varias
puntas y en diferentes espacios, especialmente en el marco de las Naciones
Unidas y la sociedad civil internacional.
Alliance Sud (Alianza Sur), la plataforma de las ONG suizas más importantes de
la cooperación al desarrollo, anticipa que dicho asunto “será un tema candente
este verano [en el continente norte]” y que, en hasta mediados de agosto, “el
Comité Ad Hoc encargado de redactar los términos de referencia para una Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional se
esforzará por definir el alcance político y los procedimientos de toma de
decisiones” que integrarán ese convenio.
Para Alliance Sud, esta problemática, en apariencia extremadamente técnica, es fundamentalmente política. A corto plazo, los negociadores tendrán que determinar cuánto poder tiene la OCDE, la cual ha dominado la agenda multilateral sobre política fiscal internacional desde los años 1970. Si la ONU asume en el futuro el rol de decisión sobre este tema, los Estados del Norte –que siguen dominando la política económica global a pesar del ascenso de China– perderían la supremacía en que ahora tienen en este rubro.
Es por eso que la Unión Europea, Estados Unidos y los principales
beneficiarios del sistema fiscal internacional bajo los auspicios de la OCDE,
es decir, los países fiscalmente indulgentes con las multinacionales y los
grandes centros financieros, se oponen firmemente a una convención fiscal
fuerte de la ONU. Cuando las cuestiones tributarias multilaterales se negocian
en la ONU, en lugar de la OCDE, las proporciones de mayoría cambian y los
países del Sur adquieren un peso determinante.
Alliance Sud sostiene que la propuesta actualmente en discusión establece un
vínculo directo entre el convenio fiscal y la financiación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y, en particular, formula
como horizonte el establecimiento de un sistema fiscal internacional inclusivo,
justo, transparente, equitativo y eficaz para el desarrollo sostenible.
Para ello deberían lograrse acuerdos y obligaciones de los Estados signatarios en diversos puntos. Entre ellos, la distribución equitativa de los derechos impositivos de las multinacionales; la tributación efectiva de las personas ricas; la garantía para que las medidas fiscales contribuyan a resolver los problemas medioambientales y la transparencia y el intercambio efectivo de información para fines tributarios, así como la prevención y resolución efectiva de conflictos tributarios. (https://www.alliancesud.ch/fr/convention-fiscale-de-onu-Bale-Ville-Zoug).
El Foro Independiente de Expertos en Políticas GPF (Global Policy Forum, según sus siglas en inglés) asegura que el impacto que podría tener la nueva Convención sobre Tributación tendría repercusiones como la que produjo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y se muestra optimista porque los miembros de la ONU, así como las organizaciones de la sociedad civil, ya están abordando el proceso con gran determinación.
Subraya, además, que dicha Convención intenta abordar una amplia gama de cuestiones de política fiscal, muchas de las cuales tienen un enorme potencial de ingresos para financiar, entre otros sectores, el desarrollo sostenible y la protección del clima. Los cálculos del GPF son más amplios que los del mismo ministro brasilero Fernando Haddad, como puede apreciarse por su comentario de que “un sistema internacional de tributación corporativa justo, por sí solo, podría generar 500 mil millones de dólares adicionales al año en ingresos públicos, incluidos 200 mil millones de dólares para los países en desarrollo. En tanto que un impuesto global sobre el patrimonio de los multimillonarios podría generar entre 200 y 250 mil millones de dólares adicionales al año”. Por otra parte, según el GPF la introducción globalmente coordinada de impuestos ambientales progresivos no sólo podría generar ingresos adicionales, sino que también tendría fuertes efectos positivos en la promoción del desarrollo sostenible en todo el mundo” (https://www.globalpolicy.org/de/publication/die-neue-steuerrahmenkonvention-der-vereinten-nationen).
El Foro GPF, con secretariados en Nueva York y Bonn, concluye: “El Convenio Fiscal de las Naciones Unidas tiene un potencial considerable para cerrar las brechas que existen con respecto a la financiación del desarrollo sostenible, tanto en el Norte como en el Sur”. Y mira en perspectiva el aporte positivo que ese impuesto a los superricos puede implicar para los sectores menos pudientes de la población mundial: “Los ingresos fiscales [también] permitirían que los gobiernos proporcionen más servicios públicos a fin de implementar sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.