Creo que se atribuye a Oscar Wilde la cita «cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad». Pues bien, eso es exactamente lo que ha pasado con el canon digital, que ha desaparecido a nivel formal y jurídico, pero de la peor de las maneras posibles. Vamos a analizar que ha pasado. […]
Creo que se atribuye a Oscar Wilde la cita «cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad». Pues bien, eso es exactamente lo que ha pasado con el canon digital, que ha desaparecido a nivel formal y jurídico, pero de la peor de las maneras posibles. Vamos a analizar que ha pasado. Compensación por copia privada El País, 21-10-2010: las ocho entidades españolas de gestión de los derechos de autor dicen que hoy respiran más tranquilas: El canon no es ilegal en España ni en Europa, según el Tribunal de Justica de la Unión Europea. Otra cosa es que lo considere indiscriminado porque sólo «cabe aplicar el canon a dichos soportes cuando éstos puedan ser utilizados por personas físicas para su uso privado».
Suponemos que ahora que el Gobierno del PP ha arrancado la gestión del cobro del canon, o compensación por copia privada, a las propias entidades de gestión, éstas no estarán tan contentas como decían que estaban a finales del 2010. En esas fechas, desde una institución de la UE se le daba un toque serio al Gobierno socialista en lo que a canon digital se refería: después del Caso Padawan, quedaba claro que el cobro de éste era indiscriminado -el estado era el mayor pagador de canon, algo demencial- y no conforme con el derecho de la Unión Europea.
De todas maneras no se crean que el lobby nacional, antes del escenario actual, hizo propósito de enmienda. Recientemente en la web de Ibercrea se felicitaban de que (aparentemente) una sorprendente sentencia en Tenerife contradecía el Caso Padawan. Ahora mismo todo esto da igual, y lo resume perfectamente David Maeztu en su blog: Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre
Décima. Modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada. 1. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con los límites establecidos en el artículo 31.2 de la misma Ley. 2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 3. La cuantía de la compensación se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado.
(…)Hay que tener en cuenta que los tribunales, y en concreto el TJUE, han señalado que el procedimiento previsto en España iba contra la normativa europea en la medida en que era indiscriminado, por lo que difícil encaje veremos ahora para jusitficar este hecho de ser corresponsables de ese pago a todos los ciudadanos, usen o no obras, compren o no equipos y soportes que admitan la reproducción de las mismas. (…)La razón para abordar este lío, parece ser que es tratar de satisfacer a parte de la oposición a la ley sinde y su reglamento, también aprobado ayer, que se han opuesto al canon digital. Pero desde luego que el resultado es una situación pésima, casi impeorable, para todas las partes(…). Ahora mismo se va a dar una situación bastante caótica, donde lo poco que queda claro es que, lo que era el cobro indiscriminado por parte de entidades de gestión privadas, ahora va cargo de los Presupuestos Generales del Estado. No creo que estén muy contentos tampoco todos los activistas que han luchado por la abolición del canon digital. Menudo mérito el del PP.
Varios avisos y al final intervención de la SGAE El lugar común es de sobra conocido: la izquierda parlamentaria en el poder tiene que acometer determinados «ajustes» impensables por coste político para un Gobierno de derechas, y a la inversa: sólo la derecha puede plantearse en serio el desmontaje del entramado de las entidades de gestión (recordemos, privadas), cuyas caras públicas han sido artistas vinculados de una u otra manera asociadas a la izquierda: no fue en absoluto anecdótico el paso del socialista Javier Moscoso por la SGAE.
Al caer de la dirección de la SGAE y salir por la puerta de atrás Juan José Alonso Millán -según las malas lenguas, «ayudado» por Teddy Bautista por el uso poco claro de una tarjeta de empresa- los periódicos y medios donde participaba su íntimo amigo Luis María Anson fueron los primeros en atacar a una semi-desconocida SGAE, y con todo lo que tenía a mano. ABC y La Razón -no hay más que tirar de hemeroteca- fueron los primeros medios desde donde se pidió una intervención de la SGAE con acusaciones de despilfarro, opacidad, malversación… con apoyos puntuales y erráticos de algunos miembros del PP, pero siempre en la oposición. Todo estas acusaciones a la SGAE parecieron olvidarse en la etapa Aznar del PP en el poder, probablemente al ser el nuevo Gobierno consciente del papel crucial jugado en su momento por las entidades de gestión, en el proyecto de desactivación de cualquier atisbo problemático de la cultura (lo que llama Guillem Martínez y otras gentes Cultura de la Transición).
Al final, ha sido durante el período de Zapatero cuando la SGAE es intervenida, en el seno de un escándalo financiero e inmobiliario mayúsculo, que ha dejado a la SGAE en particular y a las entidades de gestión en general con una imagen pública dañana ya de manera casi irreparable. Incluso con un hipotético cambio de nombre y cambios más o menos cosméticos, las EEGG a nivel sociológico quedan ya como un nuevo capítulo de la leyenda negra española, por méritos propios. Y la intervención de la SGAE parece, de manera voluntaria o involuntaria, otro de los favores de Zapatero al Gobierno del PP entrante… aclaremos por qué.
¿Vaciando de contenido las entidades de gestión? Público 02-01-2012 el carácter público del dinero [de la recaudación de lo que era el canon] puede vaciar de contenido a las entidades de gestión. «Debe haber un control de la Agencia Tributaria u otra entidad estatal sobre ese dinero. ¿Se les está convirtiendo en entes públicos? Pues control público entonces», mantiene Domingo. El abogado Maeztu cuestiona más la propia misión de las entidades. «Su papel era ahorrar al autor tener que ir uno tras uno de los que usan su obra. Pero, si ahora lo recoge el Estado, ¿para qué necesita a las entidades de gestión?».
En un interesantísimo texto sobre fetichismo tecnológico, escrito antes del 15M pero anticipando muchos de los problemas que aquejan ahora a éste, César Rendueles planteaba en los párrafos finales:
(…)a lo largo de la extenuante polémica en torno a la Ley Sinde, prácticamente nadie ha propuesto algo tan sencillo como acabar con ese residuo medieval que son las entidades de recaudación de impuestos privadas. La creación de una entidad de gestión de derechos pública (…) podría asegurar una remuneración de los autores evitando los abusos actuales (…). Una organización como esta podría potenciar las licencias libres mediante incentivos fiscales y redistribuir una parte del dinero recaudado invirtiendo en proyectos culturales(…).
La cuestión ahora es que tenemos un escenario de pago por copia privada aún más discriminado (por tanto, ¿más impopular?) y, a la vez, un contexto muy propicio para una nacionalización de las entidades de gestión por parte de la derecha. Dudamos seriamente que en el PP se tenga en mente ni una de las propuestas de Rendueles (de las licencias libres, entidad pública o la propuesta redistributiva), por lo que a día de hoy es una verdadera incógnita de como puede ser el final de una era, aquella de los monopolios (Comisión Nacional de la Competencia dixit) de las entidades de gestión privadas.
¿Qué pesaba más en la polémica que hemos arrastrado todos estos años, el propio concepto y pago del canon? (que por cierto, ya se hacía sin conflictos en la era analógica) ¿que éste fuera de cobro indiscriminado? ¿o el problema era en realidad que éste se recaudaba a través de la denostadísima y casi irrecuperable SGAE? Por tanto ¿es inminente el fin de las entidades de gestión tal y como las conocíamos?
Si alguien tiene problemas con la propuesta de Rendueles -una entidad de derechos pública- o con como puede manejar el PP el desmontaje y ¿nacionalización? de las entidades de gestión, que no cunda el pánico. Quien piense que se puede montar una organización a caballo entre una entidad de gestión y un sindicato para defensa de los autores, desde el uso e impulso de licencias libres (en sentido amplio), de funcionamiento asambleario y horizontal, y con filosofía open access para el repertorio… pues ya sabe: razón aquí.