La CONSULTA POPULAR fue concebida como una tabla de salvación para un gobierno débil y desprestigiado, y terminó convertida en cortina de humo para ocultarle al país los escándalos de corrupción que salpican al propio presidente Lasso.
En efecto, al gobierno no le interesa resolver los problemas de fondo que afectan al país; solo intenta dar un golpe de efecto que la permita contener el acelerado deterioro de su imagen pública. La ciudadanía está absolutamente decepcionada con las desastrosas políticas de su administración, de manera especial con el intento de arremeter a sangre y fuego contra las comunidades que se resisten al extractivismo minero y petrolero.
La consulta popular es tramposa. Se aprovecha de la angustia general frente a la inseguridad, y del desencanto popular con instituciones como la Asamblea Nacional, para motivar el voto afirmativo. A Lasso únicamente le interesan los resultados electorales de la consulta, no las graves condiciones de vida de la gente y ni siquiera alcanzar los objetivos que motivan la consulta. Por eso, precisamente, ha rehuido un debate público responsable, porque quiere poner distancia con su creciente impopularidad. El gobierno evita a toda costa que el pueblo identifique la consulta con su deficiente gestión. Pero esos esfuerzos al final resultan nulos: la ciudadanía, inteligente e intuitiva, terminará votando NO en todas las preguntas, como expresión de su rechazo a la inoperancia, ilegitimidad e insensibilidad oficiales.
Hay que cuidar los votos en las urnas. En su desesperación por conseguir aunque sea una ínfima victoria, el régimen intentará manipular los resultados finales.
El NO a las ocho preguntas debe ir acompañado por un NO a la eventual metida de mano a la voluntad popular.
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