Cuando en 1998 el huracán Mitch devastó Nicaragua y buena parte de Centroamérica, los miles de muertos que dejó en el camino pertenecían a los estratos más pobres de la región. La violencia del Mitch encontró un pavoroso aliado en la pobreza y la desesperación de centenares de familias campesinas, desalojadas de sus tierras por […]
Cuando en 1998 el huracán Mitch devastó Nicaragua y buena parte de Centroamérica, los miles de muertos que dejó en el camino pertenecían a los estratos más pobres de la región. La violencia del Mitch encontró un pavoroso aliado en la pobreza y la desesperación de centenares de familias campesinas, desalojadas de sus tierras por el avance de los monocultivos y de la ganadería, lo que permitió que la tragedia alcanzara ribetes nunca vistos en el país.
En el caso de Nicaragua, además, el deslave del volcán Casita, en el tristemente famoso municipio de Posoltega, arrasó con varias comunidades que surgían en las laderas del volcán y enterró a más de 2 mil personas que habían escogido uno de los lugares más peligrosos para sembrar y poder sobrevivir.
Después del desastre, muy poca gente, y mucho menos el gobierno de aquella época, se preguntó por qué miles de personas estaban viviendo en esos terrenos ya fuertemente deforestados y erosionados por las largas temporadas de lluvia. Además, con el paso de los años y terminada la conspicua ayuda internacional que no cambió en nada la situación de pobreza de la zona, sino que enriqueció a unos pocos que supieron aprovechar de la ocasión, los sobrevivientes del Casita y de las zonas aledañas volvieron a poblar nuevamente los lugares del desastre. ¿Qué otra opción tenían?
Igual situación se vivió en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS) y en las riberas del Río Coco, en la frontera con Honduras. Tierras de poblaciones autóctonas -miskita, rama, sumo y mayagna- y afrodescendientes, históricamente aisladas y olvidadas por los gobiernos y las poblaciones del Pacífico.
En los años 80 el gobierno sandinista impulsó la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica, se crearon instituciones regionales autónomas del poder central, pero fue sólo hace pocos años que se reglamentó su funcionamiento y pudo comenzar a ser operativa.
La Costa Atlántica, o Caribe, como prefieren llamarla las poblaciones que la habitan, goza de una enorme riqueza en biodiversidad, madera preciosa, minas de oro y pesca y hasta se dice que a pocos kilómetros de su litoral norte, zona en disputa con Honduras, hay importantes yacimientos de petróleo.
Es justamente aquí que las poderosas transnacionales han históricamente explotado sus recursos, mientras las poblaciones originarias siguen viviendo en la absoluta miseria, incomunicadas, en casas hechas de madera y techos de hojas de palma o láminas de zinc. Sus riquezas son exportadas hacia el Pacífico o el exterior, mientras que la Costa Caribe sigue aportando un gran porcentaje al Presupuesto General de la República a través de la explotación de sus recursos.
Con el huracán Juana en 1988, el Mitch en 1998 y el Beta en 2005, quedó claramente demostrado que de estas regiones se habla solamente cuando ponen los muertos o por ser territorio privilegiado para el narcotráfico.
Los niveles de pobreza y analfabetismo, la explotación de los buzos miskitos para la pesca de las langostas -ya son centenares los que quedaron inválidos- y el aislamiento de comunidades enteras ya no son noticias para nadie, sino algo que se considera natural en el marco de un sistema político, económico y social que ha colocado a Nicaragua entre los países más pobres del continente, y donde la brecha entre ricos y pobres se hace cada día más grande.
Fue solamente en 2000, después del Mitch, que el gobierno de Nicaragua decidió crear el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), un organismo que reúne todas las instituciones y organizaciones involucradas en ese tipo de eventos, regulando su actuación.
Hay que destacar que, a pesar de una partida presupuestaria muy carente, el SINAPRED supo enfrentar con gran profesionalismo y beligerancia los retos que se le presentaron, y se destacó por su entrega y profesionalismo, como acaba de demostrar con el huracán Félix que sacudió una vez más la Costa Caribe de Nicaragua.
Ya transcurrida más de una semana desde que Félix impactó en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), queda aún más claro que los desastres naturales y la pobreza son dos caras de la misma moneda. Independientemente del número de fallecidos, de las y los afectados, de los daños que van a postrar aún más la población caribeña, no hay duda de que las condiciones en que vivía la mayoría de la población fueron un elemento fundamental para que el huracán pudiese ensañarse sobre la población y las débiles e insignificantes infraestructuras.
Se necesita de un cambio de modelo político, económico, social y sobre todo, de un cambio moral, para que paulatinamente Nicaragua entera pueda resurgir.