El proyecto de construir una cárcel de máxima seguridad en Santa Elena se realizará de manera inconsulta y con el riesgo de destruir bosques primarios y restos arqueológicos de culturas ancestrales
El
presidente de la república, Daniel Noboa Azín, en compañía del
gobernador de Santa Elena y el director del SNAI, y en presencia de
otras autoridades como la Ministra de Ambiente presentaron oficialmente
el plan de construcción de la cárcel de máxima seguridad. Este evento se
desarrolló en una cancha de fútbol de la comuna Juntas del Pacífico con
la presencia de funcionarios públicos y simpatizantes del presidente.
En los alrededores de la actividad una delegación de organizaciones sociales y de Derechos Humanos realizó un plantón pacífico expresando su rechazo a la construcción de la cárcel de máxima seguridad. El gobernador de Santa Elena, en coordinación con la Policía Nacional, desalojó a las personas manifestantes restringiendo su derecho legítimo a la protesta social.
Sobre este proyecto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha levantado información que revela que la construcción de la cárcel de máxima seguridad se realizará en tierras pertenecientes a comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy. En estas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia que es un ecosistema primario y alberga árboles de más de 100 años de existencia. Las y los comuneros dueños de los terrenos han protegido y mantenido ese bosque de generación en generación. De igual manera en la zona se constata la presencia de una vasta flora y fauna, así como existencias de restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la Costa. En esa línea, desde hace más de tres semanas funcionarios militares han acudido a las tierras ancestrales a instalar señaléticas (hitos) de puntos georeferenciados de donde empezarán a trabajar la construcción.
Este proceso se ha venido desarrollando incumpliendo el debido proceso y vulnerando los derechos colectivos que les asiste a la Comuna Ancestral Indígena Bajada de Chanduy, esto es la consulta previa, libre e informada, el acceso a la información, el derecho al territorio, entre otros.
Señalamos además que la comuna ancestral Bajada de Chandul ha denunciado previamente que sus predios ancestrales han sido progresivamente invadidos por empresas agrícolas y que se han talado algunos de los árboles, sin que hayan obtenido respuesta alguna.
La
Comuna Bajada de Chanduy ingresó al Ministerio de Agricultura y
Ganadería y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas
Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) peticiones
de información y se constató que no existiría: i) Informe de impacto
ambiental, ii) informes de restos arqueológicos de culturas costeñas
iii) que no existe procesos de consulta previa libre e informada iv) que
la adjudicación realizada por el MAG al SNAI fue realizada sobre otra
adjudicación previa, por lo que el Municipio de Santa Elena emitió
negativa para catastrar, debiendo de oficio el propio MAG emitir otra
adjudicación sobre otro terreno diferente. Aquello determina que
cualquier estudio técnico se realizó erróneamente. V) Que el SNAI ha
solicitado el permiso de construcción a la municipalidad de Santa Elena
pero se niega a entregar información por ser “reservada” a pesar de que
el GAD es autoridad de control de construcciones, uso de suelo y de
ordenamiento territorial.
Adicionalmente, denunciamos la construcción de una nueva mega cárcel como una medida populista, carente de rigor técnico y que se pretende realizar dentro de tierras comunales, las cuales se encuentran protegidas por la Constitución como inalienables, indivisibles e inembargables.
Recordamos a la sociedad ecuatoriana y a la opinión pública que las «Mega Cárceles» son los lugares donde se han registrado los peores hechos de violencia (1), los lugares donde se concentra la corrupción por la dificultad de su control, la insuficiencia de personal (2), el aislamiento de las personas privadas de libertad de vínculos humanos. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su Informe sobre Personas Privadas de Libertad en Ecuador (febrero de 2022) (3) que esta medida “(…) no constituye una solución idónea ni representa una solución sostenible en el tiempo” (4) y que:
139. Adicionalmente, la Comisión ha indicado que los mega complejos penitenciarios ocasionan diversas problemáticas, tales como la generación de condiciones contrarias al principio de individualización de la ejecución de la pena, el incremento de la vulnerabilidad de las personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo, y la dificultad de que los agentes de custodia ejerzan efectivamente el control interno de las instalaciones
140. Esta situación se observa claramente en la crisis penitenciaria que actualmente atraviesa Ecuador. (5)
Por lo manifestado, organizaciones sociales y de Derechos Humanos:
1. Rechazamos la construcción de la cárcel de máxima seguridad propuesta por el presidente Daniel Noboa Azín en los predios de las comunas ancestrales indígenas. Este es un proyecto no solo innecesario, sino antitécnico que, además de violar derechos colectivos y de la naturaleza, incurre en las mismas soluciones fallidas que han incidido en la crisis carcelaria ecuatoriana y, consecuentemente, en la inseguridad que actualmente vive el país.
2. Respaldamos las acciones de resistencia que la comuna indígena Bajada de Chanduy ejerza en defensa de sus territorios, del bosque y de su patrimonio cultural ancestral.
3. Rechazamos el desalojo por la Policía Nacional y el gobernador de Santa Elena contra comuneros y organizaciones que ejercían su legítimo derecho a la protesta social y participaban en el plantón pacífico contra la construcción de la Mega Cárcel.
4. Requerimos de las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, así como de los órganos de protección del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano, estar vigilantes de lo que ocurre en este caso.
Guayaquil, 21 de junio del 2024
Fuentes:
1. CIDH. Informe Personas Privadas de Libertad en Ecuador. Febrero de 2022. “ (…) Los Centros de Privación de la Libertad que más alojan personas, denominados “megacárceles”, son Guayas No. 1, con 7.231 personas; Guayas No.4, con 4.978; y Cotopaxi No.1, con 4.890. En dichas megacárceles se han detectado los peores hechos de violencia.” Pag. 9 y 19. (…) “En este contexto, de manera reiterada se informó a la Comisión que debido a la falta de presupuesto y la logística inadecuada en estas cárceles, la pérdida de control de los centros penitenciarios más grandes del país –en los que coincidentemente han ocurrido los mayores actos de violencia– está intrínsecamente relacionado con la construcción de mega complejos carcelarios” Pág. 51
2.
CIDH. Informe Personas Privadas de Libertad en Ecuador. Febrero de
2022. “ Durante la visita a Ecuador, la CIDH fue informada sobre
distintos actos de corrupción que impedirían el correcto funcionamiento
del sistema y que éste protegiera los derechos de las personas privadas
de libertad de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.
Así, según la información recibida, en las administraciones anteriores
las personas detenidas no estaban siendo clasificadas en atención del
delito cometido, sino en función de cuánto dinero se paga a quien
controla el centro penitenciario. La dimensión del problema se presenta
en mayores proporciones en las denominadas megacárceles –mismas que son
controladas por los propios internos. “ Pág. 42
3. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf
4. Ibid. Pág. 51
5. Ibid. Pág. 51
Descargue Alerta de la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador.