Muchos critican algunas medidas que reclama Mariano Rajoy para reducir el gasto público, como reducir la subvención a los sindicatos, los gastos electorales o ministerios, porque son «el chocolate del loro». Pero son mucho más que eso. No las propone porque crea que de esa manera se va a reducir sustancialmente el déficit. Lo hace […]
Muchos critican algunas medidas que reclama Mariano Rajoy para reducir el gasto público, como reducir la subvención a los sindicatos, los gastos electorales o ministerios, porque son «el chocolate del loro».
Pero son mucho más que eso. No las propone porque crea que de esa manera se va a reducir sustancialmente el déficit. Lo hace como parte de una estrategia bien calculada de debilitar la acción pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en general.
Por eso centran también la reforma laboral en el debilitamiento de la negociación colectiva.
Ni siquiera buscan más beneficios, que podrían obtenerlos con más actividad y con mayor empleo, sino más poder.
Por eso lo que verdaderamente está en juego con la respuesta que los especuladores están logrando imponer a la crisis que ellos mismos han provocado es la democracia y la posibilidad de que los poderes representativos se enfrenten con garantías a los del mercado.
Los grandes financieros y los poderes económicos han conseguido vencer a los gobiernos y están logrando que éstos no solo no adopten ni una sola de las medidas reformadoras que habían previsto sino que, además, lleven a cabo programas de ajuste que, si no se frenan, van a suponer una nueva derrota histórica de las clases trabajadoras.
El procedimiento ha sido sibilino, casi diabólico. Los gobiernos tuvieron que dedicar billones de euros a salvar a los bancos para evitar que su quiebra hiciera saltar por los aires el sistema financiero internacional y a programas de apoyo a la actividad para que las economías no colapsaran. El resultado inevitable fue, o un incremento ingente de la creación de dinero en Estados Unidos y Reino Unido, o de la deuda pública.
Pero años atrás los bancos privados lograron establecer el criterio de que los bancos centrales no pueden financiar a los gobiernos. Era la manera de garantizarse para ellos el gran negocio de la deuda pública cuando se produjera y al mismo lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, mucho menos controlada y más rentable para la banca.
Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para hacer frente a la crisis que los bancos provocaron resultaba que eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que dispusieran de recursos suficientes.
Se ha generado un negocio redondo en lo financiero y en lo político.
Por un lado, los bancos privados han estado recibiendo dinero barato, al 1% más o menos, de los bancos centrales con el objetivo de que pudieran volver a financiar enseguida a las empresas y familias. Pero en lugar de ello, los bancos dedican ese dinero a suscribir la deuda de los gobiernos que se emite al 4 o 5% o a seeguir especulando.
Y no solo eso. Buscando siempre ganar mucho más, los bancos y los grandes fondos especulativos enseguida comenzaron a manifestar que algunos gobiernos (contra los que se disponían a tomar posiciones especulativas) no iban a poder pagar la deuda, o incluso a lanzar rumores sin fundamento simplemente para hacer creer que su situación era mucho peor que la real. Y así obligaban a que subiera el interés al que los gobiernos debían emitir la deuda, alcanzado a veces, como en el caso griego, incluso el 10%.
De esa forma los bancos están obteniendo beneficios multimillonarios, pero no solo eso.
Puesto que ahora disponen de una situación de privilegio frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente a ellos para obtener recursos, les pueden imponer condiciones políticas draconianas.
Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de los trabajadores.
Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de crecimiento de las economías.
De hecho, si no fuera porque en realidad es dramático se podría calificar de cómico el modo de actuar de las agencias de rating que se usan para llevar a cabo esta extorsión a los gobiernos. Primero dicen que van a bajar la calificación si éstos no aplican el ajuste porque entonces «los mercados» no confiarán en su deuda pública y deberán emitirla más cara. Pero cuando aplican el ajuste, las mismas agencias, como ha pasado en España con Fitch, rebajan la calificación porque dicen que se reduje la expectativa de crecimiento….¡como consecuencia de la aplicación del ajuste!
Lo que hay detrás de todo ello está bastante claro por mucho que quieran disimularlo. Los bancos y los grandes especuladores no quieren que se cambie ni una coma de las condiciones de plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. Lo de imponer algún impuesto en algún lugar concreto es lo de menos. Lo importante es la libertad de movimientos y eso es lo que quieren mantener. Pero saben perfectamente que en esas condiciones las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de estabilidad y de bienestar.
No nos engañemos. No hay razones de fondo, ni científicas ni siquiera para aumentar los beneficios empresariales que justifiquen la reducción del gasto público (que en su gran mayoría y directa o indirectamente termina yendo a las cuentas de las empresas), la reforma laboral que se prepara, la privatización de servicios o de las pensiones. Solo se busca privilegiar la capacidad de acción de las grandes empresas y de los financieros. Buscan ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social. Lo que está en juego, pues, no es solo una cuestión salarial, ni un tijeretazo más o menos grandes a los gastos de Estado. Lo que peligra es la democracia y la libertad.
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