Uno de los expedientes más habituales con que buena parte de la derecha de este país justifica su oposición a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados es el consistente en equipararla a las políticas nazis de ‘eutanasia’.
El objeto de la presente nota es denunciar semejante demagógica grosería intelectual, recordando una vez más la naturaleza de dichas políticas y su radical diferencia respecto a los contenidos del nuevo derecho a recibir ayuda para morir dadas ciertas condiciones, reconocido en la mencionada proposición de ley. No dudo que los lectores de mientras tanto saben perfectamente distinguir entre la ‘eutanasia’ nazi y la eutanasia regulada en la ley debatida en el Congreso de los Diputados, pero quizás este escrito les proporcione un material con el que mejor rebatir a algún que otro conocido despistado que se haya creído la calumniosa y bochornosa reductio ad Hitlerum esgrimida contra la proyectada eutanasia legal española. De este modo, les harán un favor: evitarles un espantoso ridículo. No se hará aquí, en cambio, ningún análisis crítico ni ninguna argumentación justificadora de esa proposición de ley. Sólo se pretende advertir que quien quiera criticarla debe buscarse razones atendibles en lugar de hacer grotescas comparaciones.
Comenzaré con un relato de los hechos constitutivos de la mal llamada ‘eutanasia’ nazi.
En el verano de 1939, en vísperas de la invasión de Polonia, que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, Hitler encargó al jefe de la Cancillería del Führer —un organismo del estado-partido nazi equivalente a la secretaría personal de un jefe de estado—, Philipp Bouhler, y a uno de sus jefes médicos de confianza, el profesor Karl Brandt, organizar el asesinato de los enfermos mentales graves tenidos por incurables y los niños con malformaciones graves incapacitantes recluidos en centros psiquiátricos y orfanatos públicos y privados de todo el Reich (que, desde 1938, incluía también Austria y la región checa de los Sudetes).
Según el liderazgo nazi, el coste económico que representaba el mantenimiento y cuidado de enfermos y niños incapaces de trabajar y sin perspectivas de poder hacerlo en el futuro era insostenible para el Reich en el contexto de la inminente conflagración mundial por el dominio de Europa. Por otra parte, se consideraba que esas personas representaban, a pesar de su encierro, una amenaza biológica potencial para las futuras generaciones de alemanes y la opción de matarlos resultaba mucho más económica que la política practicada hasta entonces, la esterilización forzosa. Bouhler y Brandt calcularon que se debería asesinar, al menos, a entre setenta mil y ochenta mil residentes de las citadas instituciones. A este programa de asesinatos masivos se le denominó Aktion T-4, por la dirección del edificio desde el cual se iba a dirigir toda la operación (Tiergartenstrasse 4, Berlín). También el liderazgo nazi se refería a él muy a menudo con la denominación eufemística de ‘eutanasia’ (“buena muerte”, como es sabido), denominación no exenta del cruel sarcasmo al que eran muy dados los dirigentes nazis.
La operación se mantendría en secreto y al margen de la ley, pues según Hitler y sus acólitos la sociedad alemana no estaba aún preparada para aceptar el exterminio abierto y legal de seres humanos enfermos o deformes tenidos por incurables ordenado por el estado. Formalmente, pues, podría considerarse que la ‘eutanasia’ nazi era constitutiva de delito incluso desde la perspectiva de la legislación penal vigente en el Tercer Reich. En suma, la Aktion T-4 fue organizada y dirigida por la Cancillería del Führer con el beneplácito expreso de Hitler (existen pruebas documentales escritas de esto último). Contó con la colaboración de un numeroso grupo de médicos, en su mayoría del cuerpo médico de las SS, de algunos profesores universitarios de medicina y psiquiatría entusiastas de las doctrinas eugenésicas y de las autoridades sanitarias del Reich. Todos los individuos que participaron en la acción, lo hicieron voluntariamente (por razones ideológicas y para promover su carrera profesional).
La implementación de la Aktion T-4 se inició ya antes de la invasión de Polonia, al parecer en el mes de agosto de 1939, y sus primeras víctimas fueron niños mental o físicamente discapacitados. Estas primeras víctimas infantiles fueron asesinadas mediante inyección letal (por lo general, con Luminal o morfina-escalopamina). Pero enseguida la Aktion T-4 se amplió a los enfermos mentales graves adultos de los hospitales, sanatorios y otros centros psiquiátricos. En líneas generales el procedimiento era el siguiente: la organización de la Aktion T-4 enviaba con cualquier pretexto unos formularios debidamente camuflados mediante los cuales se recababa de las direcciones de los centros psiquiátricos información acerca del estado de los internos bajo su responsabilidad; una vez rellenados los formularios y reenviados a Berlín dentro del plazo estipulado, los médicos del programa de ‘eutanasia’ los leían y decidían quiénes debían vivir y quiénes morir (si estimaban que un interno debía ser asesinado se escribía el signo «+» en el lugar dispuesto al efecto; si se optaba por lo contrario, se escribía el signo «-«); si el centro psiquiátrico en cuestión se retrasaba en remitir los formularios o los médicos de la Aktion T-4 lo creían oportuno, visitaban el centro y realizaban ellos mismos la selección in situ; a continuación, tras identificar a sus víctimas mediante los formularios remitidos o las visitas presenciales, se las trasladaba a uno de los seis manicomios especiales del Reich designados para llevar a cabo la operación de exterminio, centros a los cuales se habían añadido cámaras de gas y hornos crematorios con este propósito. Las víctimas seleccionadas eran intoxicadas hasta la muerte con monóxido de carbono suministrado por el gigante de la industria química alemana IG Farben.
Para favorecer el ocultamiento de sus asesinatos y contener en la medida de lo posible los rumores que pudieran alertar a la población de la existencia del programa de ‘eutanasia’, los organizadores y cómplices de la Aktion T-4 solían dejar en paz a aquellos pacientes cuyos familiares los visitaban regularmente y por los cuales los parientes mostraban un activo y sostenido interés por su supervivencia. Sin embargo, esta precaución no evitó que la operación de aniquilación de enfermos acabase convirtiéndose en un secreto a voces. Las propias dimensiones de la operación y las incoherencias a la hora de notificar a los familiares la causa, el lugar o la fecha de las muertes evidenciaron que el régimen nazi estaba haciendo algo espantoso con los internos de los establecimientos psiquiátricos. Y aunque sólo un intrépido juez se atrevió a amenazar con abrir un proceso criminal (Lothar Kreyssig, destinado en Brandemburgo) y sólo una valerosa autoridad eclesiástica de relieve (el obispo católico de Münster, Clement August von Galen) osó denunciar en un sermón público en una iglesia la ‘eutanasia’ nazi como un repugnante asesinato, pues el terror nazi disuadía al más pintado de oponerse abiertamente a cualquier decisión del liderazgo nazi, Hitler decidió aplazar hasta después de la guerra, en algún momento del otoño de 1941, la continuación de la Aktion T-4 por juzgarla nociva para la moral de guerra alemana (las noticias sobre los asesinatos en masa de conciudadanos enfermos habían llegado también a los frentes de batalla).
Pero no se debería pensar que el aplazamiento o suspensión de la Aktion T-4 pusiera un fin efectivo a la política de asesinato de enfermos mentales y discapacitados durante la guerra. En realidad, se produjo más bien una redefinición de la ejecución de esta política. Por un lado, la organización central del programa de ‘eutanasia’ en Berlín, dependiente de la Cancillería del Führer, pervivió un tiempo más, hasta primavera de 1942, para encargarse a petición de Himmler del asesinato expeditivo en sus seis centros de exterminio disfrazados de manicomios de los enfermos incapaces de trabajar internos en los campos de concentración y exterminio de las SS (se trata de la llamada Operación 14f13). Cuando estos campos finalmente desarrollaron su propia infraestructura de gaseamiento y cremación en un grado suficiente para poder ocuparse de todos sus prisioneros sin necesitar ayuda externa, se desmanteló la oficina central de la Aktion T-4. Por otro lado, el creciente influjo de la ideología nazi sobre la medicina alemana, en general, y la psiquiatría germana, en particular, así como su receptividad a la idea de que en los hospitales psiquiátricos se malgastaban en seres improductivos los recursos cada vez más escasos con que contaba Alemania para proseguir la guerra, llevaron a las direcciones de los centros mentales a la práctica de políticas sistemáticas de maltrato y privación de bienes básicos que conducían indefectiblemente a la muerte de los pacientes. A lo cual se debe sumar la práctica de estas mismas políticas por parte de las direcciones de las prisiones respecto a los enfermos mentales poco productivos de los centros penitenciarios.
La descripción acabada de hacer de lo que en verdad fue la ‘eutanasia’ nazi deja meridianamente claro para todo aquel que se haya leído nuestra futura ley reguladora de la eutanasia lo disparatado de la equiparación entre una y otra, como no podría ser de otro modo. Hay que ser muy ignorante o tener muy mala fe para llamar nazi a la mencionada ley. Lo cual queda aún mucho más claro si sistematizamos sus contenidos y contraponemos sus respectivos principios rectores:
• Objetivos eugenésico-económicos versus motivaciones éticas liberales. La ‘eutanasia’ nazi se fundamentaba en la convicción de que los enfermos graves considerados incurables y los física o mentalmente discapacitados eran una carga económica injustificable, tanto para la sociedad como para el presupuesto público, unos seres improductivos que no contribuían en nada al bienestar del pueblo y lastraban sus posibilidades de desarrollo. A ello se agregaban las consabidas consideraciones eugenésico-racistas típicamente nazis, en virtud de las cuales esas personas constituían un auténtico problema de salud pública racial, al poner en peligro la pureza de la raza nórdica. En cambio, la futura ley española de eutanasia tiene su base en la autonomía individual —supuesto alfa y omega del liberalismo— y en la empatía o compasión hacia las personas que desean no sufrir más a causa de una enfermedad o un estado mental o físico insoportables para ellas e incurables o insuperables desde el punto de vista médico científico. No hay intención alguna de sacrificar la vida de la persona en aras de un supuesto bien colectivo superior, ya sea la nación, el pueblo, la ciencia o el bienestar de la familia.
• Coercitividad versus voluntariedad. Los nazis no pedían permiso o autorización alguna a sus víctimas a la hora de matarlas. Por eso, precisamente, se habla en este texto de asesinatos. Este es el punto esencial de toda la cuestión. La incorrectamente denominada eutanasia nazi es una política estatal en virtud de la cual el liderazgo de un régimen político decide por iniciativa propia matar premeditada, sistemática y despiadadamente a una entera categoría de personas contra su voluntad o sin contar para nada con ella (obviamente, pues estamos ante la comisión de asesinatos). Por el contrario, la proposición de ley de eutanasia discutida en España confiere a la persona un derecho subjetivo para recabar una prestación pública cuyo contenido es anticipar su muerte dadas una serie de condiciones relativas a la salud de esa persona médicamente evaluadas. La persona a la que se reconoce el derecho subjetivo de obtener la ayuda para morir puede ejercerlo o no ejercerlo: eso lo decide él, no el estado (ni sus familiares o sus representantes legales: este es un derecho que no se puede ejercer mediante representación). Justamente por ello, no cualquiera tiene reconocido el derecho subjetivo previsto en el texto de la proposición de ley de eutanasia. Los menores de edad y los legalmente incapacitados no lo tienen reconocido, ni tampoco aquellos respecto de los cuales el personal experto determine fundadamente que no están en condiciones de prestar un consentimiento válido. La iniciativa de solicitar la ayuda a morir ha de partir, naturalmente, del propio interesado, no de sus familiares o de los médicos (se establecen garantías para asegurarse de que la voluntad del interesado no está viciada por influencias indebidas). Y la proposición de ley exige, además, que el consentimiento sea reiterado (tres veces, de hecho, si no me equivoco, a lo largo de un cierto período de tiempo) y que la petición de ayuda a morir, tras un primer control del personal médico que atiende al paciente, reciba el visto bueno de un organismo creado ex profeso para el análisis de las solicitudes de eutanasia. Como es lógico, el paciente siempre puede revocar su consentimiento, hasta el último momento. En cuanto a los pacientes en estado vegetativo sin perspectivas razonables de recuperar su consciencia, se permite la eutanasia si antes de perder la consciencia, siendo entonces plenamente capaces para consentir, han manifestado su consentimiento en un ‘testamento vital’ válidamente emitido (o, al menos, así es como he interpretado yo el texto de la futura ley; me permito indicar que, tal vez, el legislador se debería haber expresado con mayor precisión en este punto: el texto de los artículos 5.2 y 6.4 contiene cierta vaguedad que debería corregirse, si es posible).
• Clandestinidad versus transparencia (para con el individuo) y legalidad. Ya se ha insistido lo suficiente en el carácter secreto y al margen de la ley del asesinato en masa medicalizado nazi de enfermos al describirlo anteriormente. Contra esta última alusión a la falta de legalidad de la ‘eutanasia’ nazi no cabe alegar, por cierto, la regla implícita existente en el derecho nazi de que la voluntad de Hitler era ley, puesto que el propio Hitler prefirió no dar cobertura legal a la Aktion T-4 por la razón ya señalada antes. Por consiguiente, el plan de ‘eutanasia’ nazi se ejecutó de manera clandestina y tratando de ocultar su existencia a la sociedad alemana. Sobre todo, se ocultó, no siempre con éxito, a las víctimas del plan lo que éste les tenía reservado hasta el instante mismo de la administración de la inyección letal o el gaseamiento (en una estratagema que los nazis repetirían en los campos de exterminio, se simuló que las cámaras de gas eran duchas). Se amenazó a algunos responsables recalcitrantes de hospitales psiquiátricos que se barruntaban la verdadera misión de los médicos de la Aktion T-4 con una temporada en un campo de concentración. En vivo contraste con la ‘eutanasia’ nazi, la eutanasia activa de nuestros tiempos, la prevista en la proposición de ley de regulación de la eutanasia, estará amparada en una ley aprobada por un parlamento elegido democráticamente y publicada en un diario oficial al cual todo el mundo podrá acceder si quiere, por lo que, a priori, no se ocultará a la sociedad, sino todo lo contrario. Lo decisivo es que la práctica de la eutanasia dependerá en el derecho español de una decisión informada y meditada de la persona que ejerce su derecho subjetivo a obtener la ayuda para morir. En el texto de la proposición de ley, se señala que esa persona debe recibir una información completa de su situación médica, del futuro desarrollo probable de la misma, de los cuidados paliativos existentes y de todo el proceso eutanásico que se seguirá si opta por ejercer el referido derecho subjetivo. Como ya se ha señalado, el consentimiento de la persona (en rigor: la petición o requerimiento de la persona) ha de reiterarse y el texto legal prevé, con la finalidad de forzar a la persona a que tome su decisión tras una reflexión seria sobre el asunto, que el médico, también reiteradamente, delibere con su paciente y no sólo se limite a comunicarle información de un modo comprensible para él o ella. Es importante resaltar una vez más que la iniciativa la tiene siempre el titular del derecho a la ayuda para morir, de tal modo que la información sobre el proceso eutanásico y la deliberación médico-paciente sólo tienen lugar tras una primera solicitud de este último. Y a los médicos que aborrezcan la práctica de la eutanasia no se les ofrece pasar una temporada en un campo de concentración, sino un derecho a la objeción de conciencia.
No sólo los principios rectores de la política ‘eutanásica’ nazi nada tienen que ver con los de la proposición de ley reguladora de la eutanasia en España. También sus respectivos alcances o ámbitos de aplicación personal, por decirlo de algún modo, difieren parcialmente. La eutanasia propuesta por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno se restringe, por supuesto, a mayores de edad capaces de obrar, pues únicamente estos pueden consentir válidamente, salvo en los casos previstos en nuestro ordenamiento jurídico en que los menores e incapaces pueden prestar un consentimiento vinculante, entre los cuales no estará incluido, por descontado, el ejercicio del derecho subjetivo a obtener la prestación eutanásica. La ‘eutanasia’ nazi, en cambio, comprendía tanto a niños e incapaces como a adultos que no habían sido legalmente incapacitados.
¿Hace falta añadir algo más para mostrar que equiparar los preceptos de la proposición ‘socialcomunista’ de ley orgánica de regulación de la eutanasia a los crímenes ‘eutanásicos’ nazis es una aberración intelectual?
Para más información sobre la ‘eutanasia’ nazi: Probablemente, la monografía más completa sobre el tema sea el libro Die Belasteten, del autor alemán Götz Aly, historiador, por lo demás, bastante conservador (hay traducción española: Los que sobraban. Historia de la eutanasia social en la Alemania nazi, 1939-1945, Crítica, Barcelona, 2014).
Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-197/ensayo/no-invocaras-los-crimenes-del-nazismo-en-vano