Cristo no fue afortunado cuando predicó su famoso mandato: «No robarás». Al menos quienes lo incumplieron siempre han sido los llamados gobernantes cristianos, desde los antiguos curuchupas hasta los curuchupas reencauchados por el neoliberalismo. Los ejemplos forman montón, destacándose el que fuera presidido por Luis Cordero el Grande, acolitado por ese rey de bribones que […]
Cristo no fue afortunado cuando predicó su famoso mandato: «No robarás». Al menos quienes lo incumplieron siempre han sido los llamados gobernantes cristianos, desde los antiguos curuchupas hasta los curuchupas reencauchados por el neoliberalismo. Los ejemplos forman montón, destacándose el que fuera presidido por Luis Cordero el Grande, acolitado por ese rey de bribones que se llamó José María Plácido Caamaño, autor de la histórica «Venta de la bandera», apadrinada por la casa Morgan, lujo financiero del imperio yanqui.
Después tendríamos dos gobiernos saqueadores del Fisco que se tapíñaron con el manto del Rabí de Galilea: el gobierno del Partido Socialcristiano presidido por Camilo Ponce Enríquez (1956/1960), y el gobierno socialcristiano presidido por León Febres Cordero, el papa santo de la oligarquía guayaquileña. Dos administraciones nacionales que se caracterizaron por el empuñe a mansalva de los fondos públicos, tanto que dieron lugar a que, haciendo un símil con los fascistas de Mussolini, llevó a un malvado chistoso a decir: si un socialcristiano es inteligente, roba; si no roba, no es inteligente; si es inteligente y no roba, no puede ser socialcristiano.
Que los gobiernos seudo cristianos hayan robado, o que lo hicieran los gobiernos de la derecha liberal o neoliberal, o bien las dictaduras militares, es perfectamente explicable, pues nacieron del vientre putrefacto del capitalismo. Lo que no se puede admitir es la presencia de este mal en el seno de gobiernos progresistas o revolucionarios que detentan el poder en cualquier parte, y en este caso en América Latina. Y no se lo puede admitir porque hacerlo sería ir en contra de los intereses populares y de los más altos ideales humanísticos y libertarios.
Desgraciadamente, tal infección maligna ha venido presentándose dentro de gobiernos, como los de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y nuestro lindo Ecuador.
Claro que las acusaciones de corrupción, en todos estos casos, forman parte de la estrategia restauradora del imperio, la partidocracia, los medios privados y las redes sociales manipuladas por ellos en contubernio con monopolistas del Internet. Este sector, de suyo poderoso a escala mundial, sabe que tocar esta tecla es tocar las fibras más íntimas de la gente, que conoce por experiencia propia cómo la corrupción le devora a ella y a sus hijos.
Pero no todo es obra de la calumnia o la maledicencia. Existe corrupción en distintos niveles y se la constata en negociados, cifras, contratos o nombramientos, incluso en el caso de proyectos emblemáticos indispensables para el avance de los pueblos, sin que en ello haya un «error de buena fe». Podría haberlo en el cálculo de una empleada doméstica o un pobre analfabeto, pero jamás en el caso de quienes se vanaglorian de poseer perfiles académicos, y más todavía cuando se trata de 40 o 50 millones de dólares, no de unos cuantos centavos.
De allí que en el seno del pueblo ecuatoriano, el problema de la corrupción se ha vuelto inflamable, y puede quemar una montaña de votos en las próximas elecciones. De allí también que resulte oportuno el llamado del vicepresidente boliviano, el lúcido Álvaro García Linera, a «combatir la corrupción sin consideraciones de familia, amistades o compañerismo».
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