Días atrás, en la apertura del año judicial, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, planteó mejorar la respuesta a las denuncias por torturas. Abogó por mejorar la respuesta de la justicia a «denuncias de violaciones de derechos humanos» y afirmó que «nos avergüenza la nueva condena a nuestro país del tribunal europeo de […]
Días atrás, en la apertura del año judicial, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, planteó mejorar la respuesta a las denuncias por torturas. Abogó por mejorar la respuesta de la justicia a «denuncias de violaciones de derechos humanos» y afirmó que «nos avergüenza la nueva condena a nuestro país del tribunal europeo de Derechos Humanos por no haber investigado debidamente las denuncias por graves violaciones de derechos humanos».
Juan Calparsoro, el fiscal superior de la CAV, no es nuevo en plaza, no se ha desayunado hoy en nuestro pueblo. Hace ya unos años que cumplió los cincuenta. Nació en Donosti, ejerció de fiscal en la bella Easo desde 1986 y de teniente fiscal entre 1998 a 2004. En 2004 pasa a convertirse en fiscal superior de La Rioja y desde 2010 es nombrado fiscal superior de la CAV. Conoce desde años las torturas en las diversas comisarías del gobierno, las denuncias de víctimas y allegados. Ha vivido, entre otros muchos, el caso de Lasa y Zabala, estos días visualizado y hecho película y recuerdo doliente, sangrante. Se pasea con frecuencia por ETB exigiendo a otros perdones y arrepentimientos. ¿Y qué ha hecho este señor fiscal ante la tortura sangrante y floreciente en nuestro pueblo de Euskal Herria, él que tantos consejos amontona para otros? ¿De qué se avergüenza cuando dice avergonzarse? ¿Se avergüenza acaso de él mismo, de su silencio, de su cobardía, de su complicidad con la tortura? ¿Se avergüenza de que tribunales foráneos le echen en cara su laissez-faire ante la tortura? ¿Acaso la tortura entre nosotros es una flor primavera, explicable sin la colaboración activa de funcionarios policiales y judiciales, de gobierno, policías, jueces, fiscales y forenses?
El joven Andoni Akesolo Zuazo denunció por tres veces ante la prensa y el juzgado el acoso parapolicial, que venía sufriendo en sus carnes. Lo hizo el 23 de octubre de 2009: «Cuatro encapuchados que se identificaron como guardias civiles mantuvieron retenido a un joven de Igorre para pedirle colaboración policial y, según denunciaron ayer, le mostraron una pistola y le entregaron una bala a modo de advertencia y amenaza».
Vecinos del valle de Arratia comparecieron en Igorre para denunciar el acoso policial sufrido por el joven Andoni Akesolo, que trabaja como camarero de un bar de la localidad bizcaina. Según dieron a conocer, el pasado 23 de octubre Akesolo fue asaltado por cuatro encapuchados que se identificaron como guardias civiles y tras colocarle las esposas en una mano y enseñarle una pistola, le mantuvieron retenido contra la pared para pedirle colaboración policial.
Los hechos se produjeron cuando el joven salió del establecimiento hostelero en el que trabaja a vaciar un balde con agua sucia, cuando estaba a punto de cerrar el bar. En ese momento se le acercaron los cuatro encapuchados que le dijeron que todo se iba a solucionar con unas preguntas y tras mencionarle los nombres de tres jóvenes de Arratia, le preguntaron de qué les conocía.
Según indica en el testimonio, al no contestar a las preguntas comenzaron a amenazarle con que se iba a «comer un marrón» si no colaboraba y le propinaron un par de puñetazos en la cabeza y en la tripa. Asimismo, relata que al final le colocaron una bala en la mano, pero que al escuchar ruidos de coche y voces de gente en los alrededores del bar huyeron corriendo.
Y lo hizo el 16 de mayo y en diciembre del 2010: «Un joven del valle de Arratia ha interpuesto una tercera denuncia en el Juzgado de Durango, después de que en esta ocasión haya sido llevado a la fuerza a un bosque entre cuatro encapuchados, donde le aguardaban otros cuatro y fue interrogado y golpeado durante una hora, mientras lo mantenían esposado. La denuncia fue hecha pública ayer al mediodía en una comparecencia en Dima, donde relataron que es la tercera ocasión en la que el mismo joven ha sido «retenido», amenazado e interrogado por «policías encapuchados».
En la rueda de prensa realizada en la plaza de Dima, y en la que participaron representantes de la izquierda abertzale, de Eusko Alkartasuna y del movimiento pro amnistía, entre otros, así como el propio afectado, relataron cómo hace varios días el denunciante fue abordado por «cuatro policías encapuchados» cuando se dirigía a casa. Una vez apresado, fue llevado a un bosque cercano donde les aguardaban otros cuatro encapuchados. Señalaron que después de esposarlo, fue interrogado y golpeado durante una hora. «Después de todo eso, este joven todavía sigue padeciendo el seguimiento de la Policía, y poco después de los hechos fue abordado en la calle por dos policías de paisano, quienes lo amenazaron con que se complicaría la cosa si hacía público lo ocurrido», denunciaron, añadiendo que, a pesar de ello, el joven ha presentado una denuncia, la tercera en poco más de un año, en el Juzgado de Durango.
La resolución dictada por la juez Dª María Teresa Trinidad Santos del Juzgado de Instrucción nº 3 de Durango (Bizkaia), le comunica (sin siquiera llamarle, interrogarle o interesarse jamás por él) que ante la «denuncia interpuesta por Andoni Aquesolo Zuazo por detención ilegal… se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa».
El señor Juan Calparsoro era ya para entonces fiscal superior de la CAV, y guardó silencio. Andoni Akesolo es tan sólo uno de los muchos casos ocurridos en estos cinco últimos años. El Sr. Calparsoro ha seguido silbando al viento.
Mi experiencia de años así como los abundantes casos, recogidos en el libro «No les bastó Gernika» (Euskal Memoria fundatioa, 2010), me hace pensar que, al menos hasta el momento presente, casos atribuidos a elementos policiales o parapoliciales han permanecido en la obscuridad y en la penumbra, posiblemente porque entre quien debiera indagar y el actor pudiera haber cierta cercanía y colaboración. Y denuncio ante el juzgado de guardia el desistimiento por parte de la jueza, pido que se le abran diligencias, y por quien corresponda se tome cartas ante la reiterada persecución de este joven. En una palabra, pido amparo, protección y justicia para Andoni Akesolo.
Con fecha 30 de marzo del 2011 recibo el acuerdo de sala, en el que se me comunica que «en virtud de los razonamientos expuestos… no haber lugar a admitir a trámite la denuncia formulada por Mikel Arizaleta contra la juez del juzgado de Instrucción nº 3 de Durango, Dª María Teresa Trinidad Santos, por no revestir la preceptiva forma de querella». La denuncia por el hecho grave, causado reiteradamente presuntamente por funcionarios estatales, se presenta ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Bilbao, que es quien acusa recibo del mismo. Interviene el Ministerio Fiscal, quien solicita que no se admita la denuncia y no se incoe procedimiento contra la jueza denunciada por no haber querella del perjudicado ni, tampoco, acción popular y, además, el competente para el caso sería el Tribunal Superior, del que recibo el acuerdo denegatorio.
Ni que decir tiene que el juzgado no indagó en el caso: Ni fiscales ni jueces se interesaron jamás por Andoni, ni por sus torturas ni por sus huellas en su ánimo y su futuro. En estos últimos cinco años ha habido numerosas denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos en detenciones y comisarías, en viajes y visitas a presos… ¿Ha oído alguien alguna vez clamar al presidente del Tribunal Superior de la CAV, Juan Luis Ibarra, o a su fiscal superior, Juan Calparsoro, ante tales abusos y vulneraciones de derecho?
Me avergüenzan sus conductas y sus comportamientos ante la tortura. Todavía, después de largos años de padecer esta lacra, sentencias contra ella, que producen sonrojo en nuestra tierra, siguen proviniendo de otros juzgados, llevan la firma de otros jueces y otros fiscales, foráneos, no de Juan Calparsoro ni la fiscalía. Ellos siguen silbando al viento y aconsejando archivar los casos.
Después y todo, aunque la historia demuestre lo contrario, uno tiene derecho a soñar en tribunales de Justicia, que defiendan los derechos de las personas. Es lo que deseo.
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