Llevamos semanas ocupando las portadas de la prensa y abriendo los informativos de radios y televisiones. Jamás, que yo recuerde, salvo cuando hace algunos años, los vecinos de algunas ciudades españolas cogieron la costumbre de salir en plan Ku Kux Klan, pero con la cara descubierta, para incendiar las casas de los gitanos, o para […]
Llevamos semanas ocupando las portadas de la prensa y abriendo los informativos de radios y televisiones. Jamás, que yo recuerde, salvo cuando hace algunos años, los vecinos de algunas ciudades españolas cogieron la costumbre de salir en plan Ku Kux Klan, pero con la cara descubierta, para incendiar las casas de los gitanos, o para concentrarse en la puerta de las escuelas a impedir que sus niños entraran a clase, ( la ultima vez que ocurrió esto fue en Cortegana), los gitanos hemos merecido tanta atención mediática. Solo falta que también nuestra voz se escuche, pues es de suponer que algo tenemos que decir.
Lo que está corriendo en Francia con las deportaciones forzosas de inmigrantes de otros países, solo por pertenecer a una determinada minoría étnica, constituye la más grave violación de los derechos humanos perpetrada por un país de Europa occidental, desde la Segunda Guerra Mundial, y debería haber provocado una protesta ciudadana capaz de obligar a la UE a sancionar seriamente al gobierno francés y tomar las medidas que impidieran que algo así pueda volver a ocurrir. Sin embargo, todo se ha saldado con la manifestación de Paris del 4 de septiembre, donde la corrección política salvó la cara, y con el paripé del Parlamento Europeo y de la Comisión, que solo ha servido para que Sarkozy y sus planteamientos racistas y xenófobos salgan políticamente fortalecidos.
Pero como bien dijo uno de los ministro del Gobierno de Francia, ya se terminó con la hipocresía sobre los gitanos. Y al contrario de lo que ocurre con todos los demás asuntos, los políticos han hecho «que sea normal lo que a nivel de calle ya era normal». O sea, el enorme rechazo social hacía los gitanos, sean nacionales o inmigrantes, y la importancia de este asunto a nivel electoral. Pues ciertamente, el problema es que esa aberración jurídica y política que significan las deportaciones masivas de personas que no están acusadas formalmente de ningún delito, salvo el de ser de etnia gitana, cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos europeos. En España, por ejemplo, ese apoyo llega al 90% según diversos sondeos, y si miramos los foros de Internet, veremos que muchos de los que opinan en ellos, se atreven a proponer medidas muchos más «definitivas» que la simple expulsión.
Por eso, es mentira, que estemos ante un asunto de inmigración ilegal, que no lo es, ni que los gitanos rumanos sean un problema social o de orden publico cuantitativamente importante, dentro de la globalidad del fenómeno migratorio en países como Francia o España. Lo que ocurre, es que los de Sarkozy van en busca de los votos de Marine Le Pen, la líder del racista Frente Nacional, que en las ultimas elecciones regionales de marzo, obtuvo más del 17% de los votos en 12 departamento, y que les pueden dar un buen susto en las presidenciales del 2012. Y lo mismo que ellos, el resto de los dirigentes europeos, que saben que las aguas infectadas del racismo, siempre fueron un buen caladero de votos, sobre todo cuando está cebado con el desempleo, las frustraciones y las desesperanzas de las clases más humildes, y que si no lo explotan unos lo explotaran otros.
Ahí tenemos a los del PP paseando a una eurodiputada del partido de Sarkozy por los barrios obreros de Badalona asustando a la gente pobre con el qué «vienen los gitanos.» Unas veces añaden lo de rumanos y otras no. Zapatero no dice eso porque es mucho más sutil, y guarda las formas de esa izquierda etérea e insustancial que el tan bien representa. Sin embargo, fue el primero en ofrecer su emocionado apoyo al presidente Francés. Evidentemente corren malos tiempos para nosotros, los gitanos, y cada día está más claro que nos toca jugar el papel de ser los judíos del siglo XXI, al menos, en lo que se refiere a ser utilizados como chivos expiatorios para embobar a esas mayorías sociales obnubiladas por el consumismo y frustradas por la crisis, pero que tienen en sus manos los votos que ponen y quitan a los gobiernos.
Nuestros ministros y ministras, apoyados por los dirigentes de algunas ONG, muy agradecidos por las millonarias subvenciones que reciben en nuestro nombre, pero que no sabemos que hacen con ellas, andan por ahí pregonando que España es un ejemplo a seguir en políticas de igualdad con los gitanos, y que esto es poco menos que «gitanolandia». Sin embargo, todo es pura mentira, pues en nuestro país, donde hasta los años 80 nunca había existido un rechazo social importante hacía los gitanos, en las ultimas décadas ese rechazo se ha multiplicado por 10, como bien lo demuestran los estudios de Tomás Calvo Buezas, que desmienten tanto tópico y tanta simplificación de nuestra historia en España y nuestro «progreso» en la democracia.
Esa involución en la convivencia y en la integración de los gitanos, tiene unas causas perfectamente localizadas y delimitadas, pero sobre las que no se actúa para no perjudicar los intereses espurios de todos aquellos que medran en el pesebre de unas supuestas políticas de «integración» perfectamente inútiles y segregacionistas, que solo han servido para marginar más a los gitanos más excluidos y para desacreditar a una mayoría que lo que necesitan, sobre todo, es verse respetados y considerados , y no tratada como refugiados en su propio país. Pero, sobre todo, el aumento de esta gitanofobia, es el fruto de la criminalización que sufrimos por parte de la mayoría de los medios de comunicación que, voluntaria o involuntariamente, han conseguido que se identifique al conjunto de los gitanos con los grupos más marginales y conflictivos que, a pesar de ser una minoría, son visto por la opinión pública como el paradigma de la identidad gitana.
Puede que esto sorprenda a algunos, pero en contra de lo que se empeñan en demostrar la prensa, la televisión, el cine, la literatura, e, incluso, algunas fundaciones y entidades que han hecho de la tarea de «integrarnos» un lucrativo negocio, la mayoría de nosotros no vivimos en los llamados «poblados gitanos», también bautizados como «supermercados de la droga», ni estamos gobernados por «patriarcas» ni decimos «fragoneta» ni «malacotones. Sin embargo, nada de eso parece importarles lo más mínimo a esos medios de comunicación, que con programas de televisión del estilo de «Callejeros» o «Comando Actualidad», han provocado más odio y más racismo hacía los gitanos que siglos de persecuciones o marginación. Titulares de prensa como «reyerta entre gitanos» o «detenidos varios gitanos por tráfico de drogas», se encuentran por miles en los últimos años en todo los periódicos. Y aunque sean ciertos, los códigos deontológicos de la profesión periodista, reconocen que mencionar la raza de las personas. en contextos peyorativos, alienta los prejuicios y el racismo. Hay quien opina ese dato es relevante para la información, sin embargo, solo se usa con nosotros, pues nunca se dice «Un niño payo decapita a sus padres con una catana.» O «Un payo mata a otro por una discusión de tráfico».
Un verdadero plan integral de lucha contra las discriminaciones y la exclusión de los españoles gitanos, tiene que estar basado en dos elementos fundamentales: Un gran compromiso de todos los medios de comunicación para combatir el descrédito y el estigma que injustamente están sufriendo todos, y la formación de un órgano de representación, cuyos miembros sean elegido por los mismos gitanos mediante sufragio universal, para que impulse, en colaboración con las Administraciones, una autentica política de Estado, dirigida a conseguir la incorporación social, activa y enriquecedora, de cientos de miles de ciudadanos que son tratados como extranjeros en su propio país.
Hoy existe un organismo llamado impropiamente «Consejo Estatal del Pueblo Gitano», que está compuesto por funcionarios de la misma Administración y un puñado de representantes de ONG nombrados a dedos por el Ministerio de Asuntos Sociales. Su absoluta incompetencia y nulidad, solo es comparable con los planes de política social que avala y que para lo único que sirven es para la pura propaganda del gobierno y la humillación de aquellos a los que pretenden ayudar.
* El autor es presidente de Opinión Romaní
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