Esas dos mentes brillantes y valientes que son Julio Anguita y Juan Carlos Monedero protagonizan una conversación de un centenar de páginas recogida por la editorial Icaria bajo el título A la izquierda de lo posible. Hay una parte que me ha parecido de gran interés. Es cuando Anguita plantea que los actuales gobernantes se […]
Esas dos mentes brillantes y valientes que son Julio Anguita y Juan Carlos Monedero protagonizan una conversación de un centenar de páginas recogida por la editorial Icaria bajo el título A la izquierda de lo posible. Hay una parte que me ha parecido de gran interés. Es cuando Anguita plantea que los actuales gobernantes se están situando fuera de la ley en la medida en están ignorando o desmantelando derechos como el del trabajo, la vivienda, la salud, la educación, una pensión digna, la alimentación, puesto que están conculcando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española o la Carta Social Europea ratificada por España en 1985.
Es un enfoque interesante porque ya no necesitamos hablar en nombre del marxismo ni siquiera de la izquierda. Basta con desempolvar esas legislaciones que tienen un predicamento y aprobación universal y, a continuación, mostrar que los gobernantes están vulnerando el Estado de Derecho, están en la ilegalidad. De modo que nosotros estamos dentro y reivindicando la ley, y el gobierno fuera y vulnerándola.
La segunda deducción es que en la tradición de los históricos movimientos de liberación aplaudidos por toda la sociedad, e incluso del cristianismo, se encuentra el derecho a la rebeldía ante un gobierno despótico que no respeta la legalidad. La declaración de independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 plantea el derecho a luchar para que haya un gobierno justo, incluso deponer al que hay si no cumple (Preámbulo: «Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad»). Igualmente la Declaración de Derechos Humanos de 1789, en su artículo 2, establece que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y que uno de tales derechos es la resistencia a la opresión. Por su parte, la Constitución de 1793, elemento clave del racionalismo ilustrado francés, plantea el derecho a la insurrección (Artículo 35: «Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes»).
John Locke, considerado padre del liberalismo moderno, establece que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de legalidad y respeto de los derechos humanos. Esa autoridad deja de ser legítima si deja de asegurar los derechos naturales. En su Tratado sobre el gobierno civil (1690), defiende el derecho a la rebelión señalando que si el pueblo es sometido a la miseria y padece las injusticias del poder arbitrario, entonces «maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima».
Estas ideas tienen su origen en los teólogos cristianos. El dominico Francisco de Vitoria reconoce la licitud de robar cuando el hambre hace peligrar la vida humana o negarse a pagar un tributo en caso de que fuera injusto (Relecciones teológicas). El jesuita Juan de Mariana razonó acerca del derecho a la insubordinación (Del Rey y de la Institución real 1598-1599). El padre Francisco Suárez (Discurso de leyes, 1612) reconocía la posibilidad de desobedecer y derrocar a quien detenta la autoridad cuando, ejerciendo el mando, incumple y vulnera sus funciones.
Pues bien. Hoy nos están arrebatando nuestras viviendas (desahucios), nuestra educación (disminución de profesorados, tasas y fin de las becas), nuestra sanidad (disminución de personal, cierres de hospitales y servicios de urgencias), nuestros derechos sociales (liquidación de la ley de dependencia), nuestras libertades públicas (represión de las manifestaciones, sistemas de vigilancia), nuestros derechos laborales (seis millones de parados, congelaciones y disminuciones salariales, facilidades para los despidos, precariedad laboral).
No hace falta ser Lenin ni Rosa Luxemburgo para llamar a la rebelión. Los inspiradores de la Ilustración, los que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, los sacerdotes del siglo XVI y los filósofos liberales hoy estarían sumándose al levantamiento. Al otro lado están los miserables que se escandalizan cuando nos atrevemos a expropiar dos carritos de supermercados. Es hora de que cada uno decida en qué bando se sitúa.
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