Las elecciones de Brasil, que parecían encaminadas a un tranquilo triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pueden sufrir un vuelco y ser definidas por la justicia, desembocando en una crisis política e institucional. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) es ahora acusado de intentar mediante el pago de 1,7 millones de reales […]
Las elecciones de Brasil, que parecían encaminadas a un tranquilo triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pueden sufrir un vuelco y ser definidas por la justicia, desembocando en una crisis política e institucional.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) es ahora acusado de intentar mediante el pago de 1,7 millones de reales (unos 790.000 dólares) una operación ilegal de información para vincular a los principales candidatos del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) con el escándalo de corrupción «de las sanguijuelas», que investiga el parlamento.
Gedimar Pereira Passos, detenido por la Policía Federal en la sureña ciudad de Sao Paulo el viernes, cuando materializaba el pago, trabajaba en el comité de la campaña electoral del PT y confesó haber recibido el dinero de un dirigente partidario.
El suyo es un delito electoral suficientemente grave como para impugnar la candidatura presidencial de Lula ante la justicia, pero no hay condiciones políticas para hacerlo, lo cual vuelve inminente la crisis institucional «porque no hay solución normal para la situación creada», dijo a IPS el politólogo José Luciano Dias, del Instituto Brasileño de Estudios Políticos, con sede en Brasilia.
La situación del presidente podría agravarse si se comprueba que el PT es el origen del dinero, como dijo Passos a la policía, especialmente si salió del fondo de campaña y de alguna institución estatal como el Banco do Brasil, acotó Dias.
Sin embargo, no hay tiempo para concluir un proceso en el Tribunal Superior Electoral antes de la primera vuelta de los comicios, el 1 de octubre, cuando Lula podría triunfar si obtiene más de la mitad de los votos válidos, confirmando las tendencias de las encuestas.
Impugnar más tarde a un presidente electo por más de 50 millones de votos es algo difícil para la justicia, pero su investidura para un segundo gobierno de cuatro años también daría pie a un permanente cuestionamiento y a una crisis de gobernabilidad, observó Dias.
Si prospera la impugnación, según la ley electoral asumiría el segundo candidato más votado, casi seguramente el opositor socialdemócrata José Alckmin, ex gobernador del estado de Sao Paulo. La inevitable ingobernabilidad también en este caso podría degenerar en crisis institucional. Es decir «no hay alternativas», concluyó el analista.
El PSDB y su aliado, el Frente Liberal (PFL), pidieron al Tribunal Superior Electoral que asumiera la investigación sobre el origen del dinero, cuyo resultado podría configurar abuso de poder económico en las elecciones. Si es confirmado ese delito, Lula quedaría inhabilitado electoralmente por tres años.
El nuevo escándalo, como el del soborno de parlamentarios oficialistas que estalló el año pasado, cayó muy cerca al presidente.
Como jefe de la operación de compra de información fue denunciado Freud Godoy, viejo amigo de Lula que ejercía la función de asesor especial de la Secretaría Particular de la Presidencia, a la cual debió renunciar el lunes.
El escándalo estalló el fin de semana, con la divulgación de testimonios de Passos y de Valdebran Padilha da Silva, ambos trabajando para el PT y detenidos el viernes por la Policía Federal, con los billetes en moneda nacional y en dólares que sumaban el equivalente a más de 1,7 millones de reales.
Interrogados nuevamente este martes en Cuiabá, occidental estado de Mato Grosso, los dos confirmaron que el dinero provenía del PT y se destinaría, según ellos, a la familia Vedoin, dueña de la empresa Planam, a cambio de un archivo –con cintas de vídeo, fotografías, agenda y documentos– contra Alckmin y el candidato socialdemócrata al gobierno estadual de Sao Paulo, José Serra.
La empresa Planam hacía negocios fraudulentos desde los años 90 con dineros públicos que diputados y senadores lograban desviar de la compra de ambulancias destinadas a municipalidades.
La sobrefacturación de las ambulancias permitía desviar recursos del presupuesto oficial para parlamentarios y para esa empresa. Más de un centenar de diputados y senadores fueron señalados por Luiz Antonio Vedoin en el escándalo de las sanguijuelas, que está bajo investigación parlamentaria desde junio.
Vedoin llegó a un acuerdo con la justicia para revelar todo lo que sabía a cambio de beneficios judiciales. Pero era evidente que venía manejando la información que entregaba, añadiendo o suprimiendo nombres según sus conveniencias, y despertando sospechas sobre la veracidad de algunas confesiones.
El hecho amplía el misterio sobre la supuesta operación del PT, o de algunos de sus miembros, para dañar la imagen de Alckmin y de Serra.
Lula tenía prácticamente asegurada su reelección, sin problemas en la campaña, y no había interés del PT en crear turbulencias, arguyó el senador Aloizio Mercadante, el único que podía resultar favorecido por la frustrada operación, ya que disputa con Serra el gobierno paulista.
El presidente del PT, Ricardo Berzoini, negó cualquier vínculo de su partido con el caso y aclaró que Passos no es militante partidario, sino que fue contratado para prestar servicios en un área de «procesamiento de informaciones», por uno de los coordinadores de la campaña electoral. El escándalo es una trampa armada por la oposición, acusó.
Estos hechos en vísperas de las elecciones tienden a crear muchas interpretaciones conspirativas, pues constituirían una maniobra muy grosera de un partido ya involucrado en numerosos escándalos desde que empezó a gobernar el país, en 2003.
La crisis del gobierno del PT es permanente desde mayo del año pasado, cuando denuncias de un diputado aliado, Roberto Jefferson, revelaron un sistema de sobornos a parlamentarios oficialistas, y provocaron la caída de varios ministros y de los principales dirigentes del PT. Otras denuncias terminaron este año con la gestión del ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, poderoso conductor de la economía.
Para hacer más confuso el escenario político, se descubrió el viernes que tres jueces del Tribunal Superior Electoral tenían sus teléfonos intervenidos.