En el año 2000, en el libro Plan Colombia. La Paz Armada, al describir como se comenzó a implementar ese Plan, que a su vez forma parte de un nuevo modelo geoestratégico estadounidense para la región, comentaba que entre los encargados de su defensa ante el Congreso de Estados Unidos estuvo Lawrence Meriage, vicepresidente de […]
En el año 2000, en el libro Plan Colombia. La Paz Armada, al describir como se comenzó a implementar ese Plan, que a su vez forma parte de un nuevo modelo geoestratégico estadounidense para la región, comentaba que entre los encargados de su defensa ante el Congreso de Estados Unidos estuvo Lawrence Meriage, vicepresidente de la transnacional petrolera Occidental Oil and Gas Corporation (OXY), lo que ponía claramente de manifiesto la participación de las transnacionales petroleras en la geopolítica de Washington para América del Sur y el mundo. La invasión a Irak tiempo después sería una muestra aún más contundente a nivel mundial.
En el caso particular de Ecuador, es importante resaltar el papel de la OXY en la implementación del Plan Colombia, porque esa petrolera junto a la Chevron Texaco, han influido en el malabarismo geopolítico de los distintos gobiernos ecuatorianos durante más de veinte años, aunque es en los últimos cinco cuando la evidencia de eso es aún mayor. Para América Latina también es válido el antecedente mencionado porque en el campo petrolero se pone de manifiesto la disputa geopolítica que se está produciendo en América del Sur entre Estados Unidos y Brasil, donde la OXY también juega su papel..
Ecuador es uno de los escenarios destacados de esa disputa, lo que quedó en evidencia en la fase previa a la caída de Lucio Gutiérrez, en el desarrollo de su salida, y en el desenlace de la misma. La Occidental y la empresa estatal brasileña Petrobrás son dos elementos fundamentales dentro del episodio ecuatoriano de la disputa.
Aunque antes y siempre están las contradicciones entre Washington y Brasilia sobre la implementación del Plan Colombia, el control de la Amazonia, y la consolidación de la hegemonía regional (ver artículo de Raúl Zibechi). La caducidad o no del contrato entre el Estado ecuatoriano y la OXY, y la prohibición a Petrobrás de extraer crudo en el Parque Nacional Yasuní son dos conflictos que también se enmarcan dentro del escenario en disputa.
Estados Unidos presiona por OXY
La caducidad del contrato con la OXY, fue pedida por el Procurador General, José María Borja, por los ex presidentes de Petroecuador, Hugo Bonilla (antes del final del gobierno de Gutiérrez) y Carlos Pareja (antes de salir del gobierno de Palacio), basados en un informe similar en el que se establece que la petrolera norteamericana ha violado múltiples disposiciones legales. Las principales serían: haber traspasado derechos y obligaciones del contrato petrolero a la empresa canadiense Encana sin que previamente se cuente con la autorización del Ministro de Energía y Minas; no haber realizado las inversiones mínimas comprometidas y reincidir en infracciones al ordenamiento legal y reglamentario. Entre otras reincidencias, están la de haber sido multada en seis ocasiones por no haber respetado tasas máximas de producción autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH); no notificó a la DNH el inicio de la perforación de pozos; no presentar en catorce ocasiones el reporte final de operaciones de perforación a la DNH; no entregar a la DNH, la información codificada del movimiento de crudo ni sus estados financieros e inventarios, ni la información del plan quinquenal y no cumplir repetidamente la regulación de entregas de petróleo crudo del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Ante la eventualidad de la caducidad, Estados Unidos ha venido presionando, antes al gobierno de Lucio Gutiérrez, que no llegó a definirse a favor de la trasnacional petrolera, y ahora al de Alfredo Palacio. Según diversas fuentes la Embajada norteamericana le ha hecho saber a Palacio que para firmar el TLC, antes debe solucionar el problema de la OXY. La exigencia es que el Estado Ecuatoriano pague a la petrolera 75 millones de dólares por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la base de un laudo arbitral de Londres, cuya nulidad fue planteada por el Procurador Borja; y que desista en su propósito de declarar la nulidad del contrato.
Mencionando fuentes del «frente económico» y de la «Procuraduría», el diario Expreso, informó la semana pasada que el actual gobierno estaría negociando con la OXY algunas condiciones para no declarar la caducidad del contrato como por ejemplo mejorar «el porcentaje de participación que tiene el Estado».
Brasil presiona por Petrobrás
En el caso de Petrobrás diversas organizaciones ambientalistas ecuatorianas e internacionales han denunciado el peligro ecológico y para las comunidades huaoranis que representan las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní, considerado como área protegida, y por lo tanto se ha exigido que la petrolera brasileña se retire de la zona y se le prohíba la actividad en el bloque 31.
El 7 julio del 2005 la Ministra del Ambiente, Ana Albán, envió un oficio a Petrobrás indicándole que el Ministerio no autorizaba el inicio de actividades constructivas para un puente sobre el río Tiputini, un paso temporal por éste y el ingreso al Parque Nacional Yasuní, aduciendo las denuncias nacionales e internacionales sobre posibles irregularidades en el proceso de la emisión de la licencia ambiental.
El 26 de julio, el Presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, envió una carta al Presidente del Ecuador, mostrando su preocupación por la prohibición. En la misma, Lula dice: «Deseo manifestar a vuestra excelencia mi preocupación por la reciente decisión del Gobierno (ecuatoriano) de suspender las actividades de Petrobrás en el bloque 31, hecho que pone en riesgo el propio futuro del proyecto». Acto seguido, se dispone un viaje urgente a Quito del Canciller brasileño Celso Amorín. Versiones de prensa que citaron fuentes de la Embajada de Brasil en Ecuador señalaron que Amorín, venía para firmar «varios convenios», aunque no pudieron precisar claramente las razones de un viaje fuera de agenda, ya que estuvo en el país dos semanas antes durante la reunión de cancilleres de América del Sur.
Fuentes diplomáticas informaron a Tintají que existe un profundo malestar en el gobierno brasileño porque «se ponen trabas a la actividad de Petrobrás». La fuente explicó que si bien el gobierno de Brasil no lo hará público, parte del malestar se debe a que «mientras Petrobrás intenta cumplir todas las disposiciones legales y se le prohíbe trabajar», otras petroleras «violan las leyes y los contratos y no se les pone ninguna prohibición», en clara alusión al caso de la Occidental.
En todo caso, el embajador de Brasil en Ecuador, Sergio Florencio, descartó según un despacho de agencia que la presencia de Amorín intente ejercer presión sobre las autoridades ecuatorianas para la ratificación del permiso ambiental para Petrobrás.
Según diversas informaciones la compañía petrolera estatal brasileña ha invertido 400 millones de dólares en Ecuador, y planea incrementar su presencia en el país.
Los «misterios» de una visita
Todavía algunos analistas se están preguntando a quién fue dirigido el mensaje del canciller ecuatoriano, Antonio Parra Gil, y con qué objetivo, al afirmar enfáticamente «No somos aliados de Lula», pocas horas antes de la llegada al país del canciller brasileño, Celso Amorin. A pesar de calificar a la visita como «importantísima», quedó clara la intención de guardar distancia con el gobierno de Brasil, o por lo menos demostrarlo.
Durante las conversaciones mantenidas este martes en Quito, Amorín estuvo de acuerdo en que su país coopere con Ecuador en el área de la salud y en el campo electoral. También se trató sobre el interés de TAME de establecer rutas desde Ecuador a Manaos, y la venta de aviones de la empresa estatal brasileña EMBRAER a la empresa aérea ecuatoriana.
Pero el más importante, de los temas tratados, es el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), para cuatro grandes proyectos. Dos de los cuales forman parte del estratégico Eje Multimodal Manta-Manaos como la construcción del Aeropuerto Internacional del Tena (con un financiamiento de alrededor de 70 millones de dólares por parte del BNDES), y de la carretera Quito-Guayaquil, a cargo de la empresa brasileña Odebrecht, a un costo aproximado de 350 millones.
Antes de la visita del canciller brasileño, Celso Amorín, el gobierno ecuatoriano se apresuró a informar mediante boletín de prensa que sí se construirá el Aeropuerto Internacional de Tena, y que en los próximos días se suscribiría el «contrato del crédito para la construcción». El boletín de prensa argumentaba que la decisión «fue tomada una vez que un examen realizado por la Contraloría General del Estado recomendó continuar el proceso a fin de no perder estos recursos».
El Eje Multimodal Manta-Manaos, diseñado por Brasil y Ecuador, es uno de los elementos fundamentales de la apuesta geopolítica brasileña para la Amazonia y la región.
Según la información, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, por intermedio del embajador de ese país, envió meses atrás las condiciones y los términos para la entrega de los 70 millones de dólares que financiarán la obra. La terminal aérea contempla la posibilidad de operación de aviones tipo Boeing 727-200 y Boeing 747-400. Además, la pista también serviría para la operación de aviones de las Fuerzas Aéreas ecuatoriana y brasileña.
Sin embargo, para Brasil, la construcción del aeropuerto de Tena no se desligaría de la «solución del conflicto que enfrenta Petrobrás».
Los otros dos proyectos a financiar por el Banco, son la Central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, con una inversión de 170 millones de dólares, y la Central Hidroeléctrica San Francisco, que tiene un costo total de 302 millones, de los cuales el BNDES financia 243. En Quito Amorín aprovechó para reunirse con los miembros del Comité de Calificación de la nueva Corte Suprema de Justicia, y se comprometió que en el plazo de un mes, llegará al país un alto magistrado del Brasil para apoyar el proceso de reinstitucionalización del país. Su visita se realiza tres meses después de que integrara una comisión de la Comunidad Sudamericana de Naciones que llegó al país para informarse sobre las circunstancias del derrocamiento de Lucio Gutiérrez, y casi un año después de la visita oficial a Ecuador del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.
La visita se produce además, semanas antes de la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde se abordará la posibilidad de incluir un nuevo país en el Consejo de Seguridad del organismo. Brasil ha aspirado durante muchos años a ese lugar, y Ecuador le había confirmado su respaldo, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.
Mencionando fuentes de la Cancillería ecuatoriana, algunos medios señalan que «Brasil no quiere que el cambio de régimen afecte sus intereses geopolíticos en el Ecuador… Por el contrario, quiere ampliar su área de influencia en la costa del Pacífico».
El futuro de las relaciones ecuatorianas
Por ahora, el gobierno ecuatoriano parece inclinarse por no declarar la caducidad del contrato con la OXY, pero impone prohibiciones a Petrobrás. Mientras en los últimos meses de su gobierno, Gutiérrez parecía inclinarse en la disputa geopolítica hacia Brasil (ver Tintají Número 68), el gobierno de Palacio parece inclinado hacia Estados Unidos, demostrando que a veces lo que se ve en la superficie no refleja exactamente lo que está ocurriendo en las profundidades. Las declaraciones de Gutiérrez recomendando a Lula que «se cuidara de algún Judas», más que a un llamado de atención sobre traiciones internas parece un mensaje sobre posibles traiciones externas dentro de esa disputa y particularmente en Ecuador, opinión que también habría incidido «en algo» para el viaje de Amorín.
Del tipo de «solución» que tengan los conflictos de Occidental y Petrobrás también depende en parte el rumbo de la disputa geopolítica de Estados Unidos y Brasil en Ecuador y las relaciones ecuatorianas con esos dos países en el futuro inmediato.