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ONU: Las sanciones ilegales de EE.UU. y la UE atentan contra los derechos humanos

Fuentes: CLAE

La relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, reconoció que las acciones coercitivas y unilaterales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela han tenido efectos devastadores en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano.

“La calidad de vida de los venezolanos ha disminuido por causa de las sanciones coercitivas unilaterales”, dijo durante una rueda de prensa para presentar la evaluación preliminar ante la visita realizada al territorio venezolano con el fin de evaluar los efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el país.

El informe concluye en que las medidas coercitivas unilaterales han tenido “un efecto devastador en toda la población de Venezuela” y que fue más marcado en la población de menos ingresos, mujeres, niños, trabajadores médicos, personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.

Douhan enfatizó que las sanciones unilaterales aplicadas violan los derechos humanos y son ilegales, ya que no han sido aprobadas por la ONU.

En Washington, los senadores Elizabeth Warren, Edward Markey y 23 representantes enviaron una carta a Joe Biden en la que le piden que revise las sanciones por los efectos catastróficos en la pandemia, mientras el autoproclamado presidente interino  Juan Guaidó, reiteró que debe mantenerse la estrategia de sanciones acompañada por protestas de calle.

Otro dirigente de la oposición y excandidato presidencial, Henri Falcón, declaró que hay que tomar “una dirección distinta en la oposición” para recuperar los espacios y acumular fuerzas.

En su informe, Douhan instó al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia relativa a Venezuela, revisar y levantar las sanciones a terceros, (y)abstenerse de imponer sanciones para el diésel, expresó Douhan en rueda de prensa.

También exigió a los gobiernos de Reino Unido, Portugal y Estados Unidos, que mantienen retenido ilegalmente fondos de Venezuela, descongelar los activos del Banco Central de Venezuela (BCV) para la compra de medicinas y otros bienes esenciales a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo del país sudamericano.

De igual manera, exhortó al gobierno constitucional de Nicolás Maduro y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a negociar un acuerdo para garantizar la distribución de bienes esenciales sin distinción de edad, sexo, religión ni opiniones políticas.

Recordó que el ingreso del Gobierno ha disminuido en 99% y actualmente el país vive con el 1% del ingreso que tenía antes de las acciones coercitivas y unilaterales. “El 76% del ingreso venezolano se utilizaba para proyectos sociales y solo hay 1% de ingreso, entonces en realidad es una suma de dinero miserable”, puntualizó.

En cuanto a la imposibilidad de Venezuela de adquirir la vacuna contra la COVID-19, recordó que los activos del Banco Centra de Venezuela en el extranjero están bloqueados, por lo que al país se le imposibilita adquirir la vacuna, equipos e insumos médicos.

“Preocupa que las sanciones contra el petróleo, minería, el bloqueo económico a Venezuela, el congelamiento de los activos del BCV, han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructuras y programas sociales”, dijo.

Agregó que estas acciones en contra el país han ocasionado que el salario medio del sector público se ubique entre 2 a 3 dólares, lo que alcanza para adquirir solo el 1% de la canasta básica alimentaria. “La gente depende de la ayuda gubernamental en la forma del CLAP y transferencia de dinero a través del Carnet de la Patria y numerosos subsidios para los empleados”, dijo.

La Relatora instó al Gobierno de EE.UU. “a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, secundarios y terceros y abstenerse de imponer sanciones”.

«Medidas coercitivas han cortado el desarrollo del país, porque han afectado su economía», expresó Douhan en una rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión, donde indicó que las medidas coercitivas consiguió que los ingresos del Gobierno venezolano se hayan reducido en un 99%.

Durante su visita al país — desde el pasado 1 de febrero —, la relatora especial de la ONU señaló que sostuvo reuniones con el presidente Nicolás Maduro, miembros del Gabinete Ejecutivo; así como con representantes de la oposición venezolana, sindicatos y miembros de la Iglesia Católica.

«El endurecimiento de las sanciones ha socavado el potencial impacto de las reformas (económicas) así como la capacidad del Estado para implementar proyectos sociales», puntualizó al tiempo que enfatizó que, producto de las sanciones, no se ha podido brindar una mejor calidad de vida al venezolano, que percibe entre $2 y $3 al mes.

«Me preocupa que las sanciones, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los recursos han exacerbado las calamidades económicas existentes (…) La gente depende de la ayuda gubernamental en la forma del Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), transferencias a través del carnet de la patria y numerosos subsidios como ayuda humanitaria», recalcó.

Ante la situación, manifestó su preocupación por el impacto de las sanciones — que considera que no se puede escatimar en monto — debido a que violan las obligaciones «que se desprenden de los instrumentos universales y regionales como son las garantías procesales y presunción de inocencia».

«Veo con preocupación las amenazas a terceros países, la introducción de cláusulas de confidencialidad en la ley constitucional antibloqueo de Venezuela en cuanto a la identidad de los socios. Veo con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de socios, bancos y compañía de transportes extranjeras a comerciar con sus socios venezolanos ha llevado a la imposibilidad de adquirir recursos», sentenció.

Douhan arribó a Venezuela el pasado 1 de febrero, para examinar si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas. Indicó que el informe final de su visita se presentará el 21 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, y agregó que se planea la visita a Venezuela de otros relatores.

*Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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