Siguiendo la doctrina que el Banco de España mantiene últimamente, su gobernador acaba de proponer de nuevo que desaparezca el salario mínimo. Es lógico que para justificar su propuesta no reconozca públicamente la verdadera razón que se persigue con ella, que se ahorren aún más dinero las grandes empresas y así obtengan mayores beneficios. Si […]
Siguiendo la doctrina que el Banco de España mantiene últimamente, su gobernador acaba de proponer de nuevo que desaparezca el salario mínimo.
Es lógico que para justificar su propuesta no reconozca públicamente la verdadera razón que se persigue con ella, que se ahorren aún más dinero las grandes empresas y así obtengan mayores beneficios. Si lo hiciera se le echaría la gente encima y por eso lo que hace es recurrir a la justificación que siempre tienen a mano lo mismo para un roto que para un descosido: sin salario mínimo será más fácil crear empleo.
Pero esta afirmación es completamente infundada. Ni el gobernador del Banco de España ni nadie puede aportar evidencia empírica definitiva que muestre que eliminar el salario mínimo o disminuir su cuantía es bueno para crear empleo, o que aumentarla dificulte crearlo.
Hay estudios que muestran resultados positivos provocados por la introducción o aumento de los salarios mínimos y otros que llegan a la conclusión contraria.
Si se analiza lo que ocurre en distintos países europeos es más fácil detectar que no hay prácticamente correlación entre el nivel de los salarios mínimos y las diferentes tasas de desempleo de los trabajadores de baja cualificación. Y en ningún caso se puede deducir de los datos reales que los salarios mínimos más altos provoquen un mayor desempleo. Incluso se podría concluir más bien que hay una cierta relación entre salarios mínimos de mayor cuantía y tasas de empleo más altas (Johannes Schweighofer, Social Dimension Of EMU: Raise Minimum Wages! ). En Estados Unidos los estados que mejor registros de empleo tienen no son precisamente los que mantienen los salarios mínimos a niveles más bajos. Y allí queda también muy claro que salarios mínimos más bajos no tienen por qué ir unidos a más empleo: los de hoy día son un 30% más reducidos en términos reales que los de 1968 y, sin embargo, la tasa de paro es bastante más del doble que la de entonces.
Por eso, en 2007, 650 prestigiosos economistas estadounidenses, entre ellos cinco Premios Nobel, firmaron un documento reclamando subidas del salario mínimo defendiendo que eso apenas tendría efectos negativos sobre el empleo y que, por el contrario, permitiría aumentar el bienestar de los trabajadores con bajo salario.
Contrariamente a lo que sugiere el gobernador, hay multitud de evidencias empíricas que demuestran que la inexistencia de salarios mínimos o de salarios mínimos muy bajos tiene efectos negativos para el conjunto de la economía y, lógicamente, también para los trabajadores que los reciben. Y, por otro lado, que cuando se introducen o se elevan, mejoran su rendimiento general.
De estos inconvenientes y ventajas de los salarios mínimos elevados escribí con más detalle y citando los estudios científicos que los demuestran en mi artículo Más engaños del Banco de España . Ahora, simplemente mencionaré por añadidura que un estudio reciente ha mostrado que salarios mínimos muy reducidos no son, como dicen quienes los defienden, una puerta que permite la entrada al mercado laboral a trabajadores que más tarde recibirán salarios más elevados, sino que quienes entran con ellos suelen permanecer casi siempre en puestos de salarios bajos y empleos muy precarios. Lo que significa que salarios mínimos muy bajos o inexistentes son en realidad un factor de consolidación de la precariedad y la insuficiencia de demanda. Y otro informe demuestra que en Estados Unidos los salarios mínimos muy bajos en grandes empresas (que, en contra de lo que se cree son quienes más los utilizan) lo que hacen es destruir empleo porque acaban con la demanda de la que viven las pequeñas y medianas.
Desde otra perspectiva, nuevos estudios han venido a demostrar que el aumento del salario mínimo aumenta la demanda agregada de modo muy particular porque las personas que los reciben suelen tener mucha más demanda «pendiente» que enseguida materializan cuando aumenta el ingreso que perciben.
También mencioné en dicho artículo que la evidencia empírica tampoco permite afirmar que eliminar el salario mínimo o reducirlo aún más sea o haya sido bueno para la economía española porque hay estudios que demuestran que los efectos negativos de aumentarlo son despreciables y que incluso pueden detectarse algunos positivos cuando ha ocurrido.
En suma, proponer ahora que desaparezcan los salarios mínimos, en toda la economía o en algunos sectores, no asegura que vaya a aumentar en términos netos el empleo porque el mal pagado que pueda generar (si es que lo genera, pues ni siquiera eso es seguro) puede venir acompañado de la destrucción de otro de más calidad.
En una situación de falta de demanda, cuando miles de empresas cierran porque pierden clientes como consecuencia de la caída del consumo, lo que habría que hacer es justo lo contrario de lo que propone el gobernador: en lugar de poner a dieta a quien padece anemia, hay que subir los ingresos de quienes perciben salarios más bajos. Esa es la única medida que puede reactivar la economía mejorando los beneficios de las pequeñas y medianas empresas y permitiendo que éstas generen empleo.
Lo que ocurre es que aunque la propuesta del gobernador es suicida para el conjunto de la economía española es muy beneficiosa para las grandes empresas y bancos que dominan el mercado en España y que operan además en otros mercados. A ellos no les importa que caigan los ingresos porque bajen cada vez más los salarios puesto que tienen cautivos a sus clientes.
Por todas estas razones, la propuesta del gobernador resulta intolerable. Es una verdadera vergüenza, algo realmente bochornoso e inaceptable que una autoridad del estado tome partido tan descaradamente y sin fundamentos sólidos por una medida que lejos de beneficiar al conjunto de la economía solo favorece a los grupos más privilegiados.
El gobernador del Banco de España no tiene derecho a ocultar información a los españoles, ni a presentar como si fuera el resultado de una verdad científica lo que solo expresa su personal opción ideológica. Está en su derecho de tenerla y defenderla, pero tiene la obligación de decirle a los españoles que lo que defiende es una preferencia porque su interés es satisfacer a unos en perjuicio de otros. Los engaña miserablemente cuando hace lo que ha hecho, hacer creer a los españoles que habla con objetividad y con datos que reflejen la realidad en la mano cuando solo usa los que les convienen y oculta los que lo contradicen.
Hay que exigirle explicaciones por su parcialidad, y obligar a todas las autoridades económicas a que hagan siempre un balance objetivo de los pros y los contras de las medidas que proponen y una estimación rigurosa de las consecuencias diferentes que tienen sobre unos y otros.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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