Uno de los íconos de la ortodoxia económica fue la independencia de los bancos centrales. Bajo esta bandera se prohibía a estas instituciones que financien a los gobiernos, por ejemplo, mediante la compra de bonos del Estado. El argumento era que se iba a incrementar el gasto e inversión pública y, con esto, la inflación. […]
Uno de los íconos de la ortodoxia económica fue la independencia de los bancos centrales. Bajo esta bandera se prohibía a estas instituciones que financien a los gobiernos, por ejemplo, mediante la compra de bonos del Estado. El argumento era que se iba a incrementar el gasto e inversión pública y, con esto, la inflación. Bajo la lógica de la economía ortodoxa, lo fundamental era mantener el control a ultranza de la inflación, incluso, sacrificando la generación de empleo. Además, se subordinaban los intereses nacionales a los del gran capital financiero, que sacó enormes beneficios de los escudos fiscales y de multiplicidad de medidas de apoyo, que encontraron su clímax en el salvataje bancario.
La tarea que tenemos es clara. Hay que cerrar la puerta a esas aberraciones y fortalecer al Banco Central como un banco público de desarrollo al servicio del país y no de la banca privada. Lamentablemente, en contra de claras disposiciones constitucionales, derivadas de los planteamientos básicos del plan de gobierno de Alianza PAIS, elaborado en el año 2006, con los cambios que ha sufrido la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, se ha abierto la posibilidad para que el Banco Central compre papeles de la banca privada. Sorprende que, con la anuencia del presidente del Banco Central, se quiera trasladar los recursos de la reserva internacional de libre disponibilidad para comprar papeles financieros de la banca privada. Esto, inclusive, podría abrir la posibilidad para futuros salvatajes bancarios, que fueron aupados y tolerados por la partidocracia, como la propia Izquierda Democrática, que llevó a la Asamblea de Montecristi como su candidato al actual presidente del instituto emisor.
También llama la atención la escasa comprensión de la Constitución de la República en lo referente a la parte financiera. La propuesta que el presidente del Banco Central ha defendido en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea, deja afuera a todas las instituciones que conforman el sector financiero popular y solidario. Al parecer solo le interesa la compra de instrumentos financieros del «sector financiero privado». Recuérdese que el artículo 309 de la Constitución señala que «el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario…». Esto, además, da a entender que él ignora todo el debate en el Gobierno sobre la propuesta de Ley de Economía Popular y Solidaria.
Los «acomodaticios y despistados» son claramente identificables. Recordemos que el actual directivo del Banco Central, cuando era presidente de Expoflores, alentaba los tratados de libre comercio. Él, en su calidad de ministro de Economía y Finanzas, durante el gobierno de Alfredo Palacios, con el dinero de la emisión de los Bonos Global 15 y de un préstamo del Fondo Latinoamericano de Reserva, autorizó la recompra de 750 millones de dólares en Bonos Global 12; esto condujo a licuar una deuda ilegítima.
Mis intenciones al preocuparme por el Banco Central, lejos de las que insinúa dicho funcionario en carta pública, con la que responde a mi anterior editorial, por lo demás de forma maliciosa o desinformada, son las de impulsar un legítimo y trasparente debate sobre el tema. Mi interés, una vez más, es defender las tesis de una verdadera revolución económica en favor de los intereses del pueblo ecuatoriano, con el fin de transitar por el camino del Buen Vivir.