La consulta popular y el referéndum convocados por el presidente Rafael Correa resultaron en un triunfo para el «Sí». Aunque aquellas preguntas más polémicas y que dieron pelea hasta último momento se impusieron por un estrecho margen, un resultado muy distante al reportado por diferentes empresas ecuatorianas, poco después del cierre de las urnas, que […]
La consulta popular y el referéndum convocados por el presidente Rafael Correa resultaron en un triunfo para el «Sí». Aunque aquellas preguntas más polémicas y que dieron pelea hasta último momento se impusieron por un estrecho margen, un resultado muy distante al reportado por diferentes empresas ecuatorianas, poco después del cierre de las urnas, que habían arrojado porcentajes abrumadores a favor de la propuesta del Ejecutivo. Según datos suministrados por el Consejo Nacional Electoral, la cuarta pregunta del referéndum -sobre modificaciones en el actual Consejo de la Judicatura y la reestructuración de la función judicial-, obtuvo un 45,82 por ciento a favor del «Sí» y un 42,87 a favor del «No». Por su parte, la pregunta nueve de la consulta popular, sobre la regulación de las actividades y de la responsabilidad de los medios de comunicación, arrojó un 44,65 para el «Sí y un 42,28 para el «No».
Patricio Barriga, subsecretario de Comunicación Política del gobierno de Ecuador, expone las razones que llevaron al presidente Rafael Correa a convocar el referéndum y la consulta popular. Asimismo, analiza las cuestiones que suscitaron los enfrentamientos más salvajes y explica los motivos por los cuales echa por la borda la idea de que la convocatoria haya sido, en realidad, una excusa esgrimida por la gobernante Alianza País para medir su fuerza.
¿Qué motivó al gobierno a convocar a la ciudadanía a la consulta popular y al referéndum último?
Fundamentalmente, un problema de inseguridad que había sido destacado como uno de los más importantes. Dentro de un mapa de seguridad, no solamente estaba la buena voluntad para mejorar los centros penitenciarios, la buena voluntad de capacitar y contratar nuevos uniformados para que vayan a engrosar las filas de la policía nacional, sino que había además un tema, en alguna medida suelto, como era el tema de la justicia. La administración de la justicia, que ha sido señalada como una administración bastante martirizada, no estaba respondiendo a los intereses de la sociedad, sino a intereses más bien particulares de jueces que habían sido señalados como corruptos dentro de una justicia, además, bastante lenta. Ésas fueron las razones fundamentales que llevaron al presidente a proponer una consulta popular.
En cuanto al monopolio privado de los medios de comunicación, el Artículo 312 de la Constitución ya reglamentaba la separación de las empresas de comunicación y las instituciones del sistema financiero. ¿A qué apunta entonces la creación de un consejo de regulación?
La pregunta apuntaba a si los medios de comunicación nacionales pueden o no participar en negocios ajenos a su área. Esto conlleva a conflictos de intereses, porque pueden utilizar el dinero para beneficios preferenciales de sus otros negocios, y poner en riesgo el capital de los ahorristas, como de hecho ya ocurrió. El país tiene experiencia en este maridaje incestuoso entre la banca y los medios de comunicación. A finales del año 2000, hubo serios problemas en la banca y los medios de comunicación que estaban bajo el paraguas de esa banca; era propietaria de varios medios que transmitían la frecuencia a nivel nacional. De modo que el uso de los medios fue para defender los intereses de esos banqueros que, evidentemente, estaban tratando de proteger su negocio sacando mucho más provecho del mismo. Esa experiencia fue nefasta. Concluyó en una inestabilidad provocada justamente por los negocios que tenían estos propietarios de bancos en otros negocios distintos a los del sistema financiero, lo que provocó una desestabilización económica y culminó en un feriado bancario. Lo que buscamos, justamente, es evitar este conflicto de intereses, que la gente pueda tener una información mucho más independiente, y que sea una información menos comprometida con los intereses particulares de estos consorcios o grupos económicos. La novena pregunta de la consulta al pueblo es si está de acuerdo con un consejo de regulación.
¿Pero acaso no es la Asamblea Nacional la que debe velar porque esto suceda?
Sí, pero debe saberse que la Asamblea Nacional prácticamente dejó congelado el trámite de una ley de comunicación, una ley que no es un capricho, una ley que está prescripta por la propia carta política del Estado, que obliga, justamente, a la creación de esa ley de comunicación. Pero no pudo ser tramitada porque, evidentemente, hubo presiones de medios que no quieren mantener un consejo de regulación, aduciendo que éste podría ser integrado en su mayoría por gente del gobierno y ser utilizado para coartar las libertades de prensa y de expresión; lo cual es falso. La propuesta es que el consejo esté integrado por una mayoría ciudadana, para lo cual el Ejecutivo reclama participación porque, evidentemente, aquí se definen las políticas de Estado, las políticas públicas en términos de educación y cultura. ¿Qué buscamos a partir de este Consejo de regulación? Que haya libertad de expresión, sí, pero con responsabilidad ulterior. Que este Consejo, compuesto por expertos, pueda ejercer un justo control sobre los horarios en los cuales se emitan programas inconvenientes para los niños, por ejemplo, y que además protejan la honra de las personas, obligando a los comunicadores a responder por lo que digan. Esto significa reglar, normar, no censurar. Tiene que ver con una responsabilidad ulterior y con la posibilidad de regular a medios impresos, y de ahí, justamente, reside esta reacción tan enconada que hubo por parte de ciertos medios. Hasta ahora, la ley solamente regulaba a los medios audiovisuales, a la radio y la televisión, y no a los impresos. Con una ley de comunicación y un consejo de regulación se abarcaría también a los medios impresos.
O sea que el resultado es un grito para que la Asamblea Legislativa escuche…
Sí, porque ha congelado el trámite dos años, cuando es una ley que está prescripta, justamente, en la Constitución. Hubo mucha presión por parte de grandes grupos para detener el trámite de esta ley en la Asamblea Nacional. Esto es una de las razones que generaron estas reacciones tan importantes; incluso, llevó a la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador a encarar una campaña que se llamó «Más respeto», en la que se buscó posicionar la idea en el imaginario de la sociedad de que esta ley buscaba censurar y coartar las libertades. Totalmente falso. Muchos países poseen una Ley de Comunicación y un Consejo de Regulación.
Más allá de las encuestas, que en su mayoría daban por ganador al «Sí», la posición de calle estuvo bastante polarizada en torno a la consulta y al referéndum, ¿qué observaron desde el gobierno?
Sí, puede ser. Ocurre que hubo una oposición feroz de parte de ciertos medios de comunicación, hablo de los grandes emporios mediáticos. Se han encargado de posicionar o construir un imaginario, en el sentido de que la consulta popular iba a restringir derechos y que se amenazarían las libertades. En alguna medida, históricamente los medios han tenido poder de legitimación; además, el presidente sabe perfectamente que se ha construido un poder fáctico que, incluso, hasta ha removido ministros, que tenía poder, incluso, en la toma de decisiones de gobierno. Esos mismos medios, ahora, basaron su campaña en la idea de que se iban a coartar las libertades fundamentales. Cosa que no es cierta. El gobierno, proponente de la consulta, ha tenido que librar batallas a su paso, y no han sido sencillas. Hubo una concentración y oposición bastante singular de ciertos líderes políticos que, al margen de su ideología o de sus posturas políticas, se han unido para hacer un solo puño en contra del gobierno para desprestigiar su imagen y llevar adelante un proselitismo político a favor del «No», sin tener siquiera argumentos sólidos. Han utilizado todos los recursos y han sido personas que han tenido espacio libre en los medios para sostener argumentos poco sólidos. Esto ha calado especialmente en los polos urbanos. Sin embargo, la mayor fortaleza que ha tenido el gobierno nacional, y en donde el triunfo era prácticamente de dos a uno y en algunos casos de tres a uno a favor del «Sí», ha estado en las bases sociales, en las organizaciones sociales, y más en la gente que día a día puede testimoniar la gran obra que viene ejecutando el gobierno y que ha desarrollado una plena convicción y confianza en la gestión del presidente Rafael Correa.
Muchos de los que se inclinaron por el «No» han votado a Correa en las últimas elecciones, entre ellos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Cómo explica el gobierno el retiro del apoyo?
Hay que tomar en cuenta que estos grupos tienen su agenda política. Y, por supuesto, el mejor negocio para muchos de ellos ha sido, frente a tiempos electorales, irse del otro lado, es decir, no participar de la gestión del gobierno porque desde la orilla de la oposición se tienen mayores réditos políticos. Creo que ha ocurrido algo así; no digamos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero sí con cierta cúpula que responde a los intereses de un partido político como Pachakuti y de otros como el Movimiento Popular Democrático, que en su momento apoyaron la propuesta del presidente Correa y del Movimiento Alianza País. Evidentemente, las cosas han cambiado. Ahora, están promoviendo su agenda política de cara a las próximas elecciones; tienen que preparar terreno.
Todavía está vivo aquel fatídico 30 de setiembre, intento de golpe de Estado para algunos, crisis institucional para otros. ¿Cuál es la visión del gobierno?
Fue un intento de golpe de Estado clarísimo, disfrazado como una disputa salarial de parte de la fuerza pública. Vimos a la sociedad patriótica, vimos cómo la policía fue mal informada sobre lo que constituía una ley de homologación salarial, que ahora que la están viviendo, se dan cuenta de que tiene muchos más beneficios. Como ya había ocurrido, y tenemos la experiencia de una década nefasta en donde Ecuador tuvo casi un presidente por año, vimos cómo, por ejemplo, grupos y organizaciones sociales fueron utilizados por políticos que estaban interesados en desestabilizar el régimen político democrático de turno. Como señaló el propio presidente, la partidocracia fue la responsable de todos los males hasta ahora en el país. Esto aparejó, un reclamo de ciertos miembros de las fuerzas armadas. De modo que estuvo claro que esto fue un intento de golpe de Estado. Por primera vez, a diferencia de los otros gobiernos que fueron derrocados, el actual tuvo el absoluto apoyo, el amplísimo respaldo de la ciudadanía que se volcó a la calle a defender al presidente Correa, cosa que no sucedió en otros gobiernos de la partidocracia.
Hay quienes consideran que el objetivo de la consulta y el referéndum era medir el respaldo popular al gobierno. ¿Cuál es su respuesta a ello?
No hay que caer en la trampa de una oposición deficitaria de ideas y carente de propuestas, no hay que caer en trampas discursivas. Es una trampa que digan que el presidente ha hecho la convocatoria simplemente para medir su simpatía o popularidad. Es falso. Como nunca, ningún presidente después de cuatro años de ejercicio del poder, que ciertamente desgasta, tiene tanto poder, más del setenta por ciento de apoyo popular. No haría falta una consulta popular porque goza justamente de la confianza del pueblo ecuatoriano. La inmensa obra pública e histórica inversión en el área social es ciertamente reconocida por el pueblo ecuatoriano. De modo que la consulta popular no tiene nada que ver con eso. Al contrario, creo que la consulta popular pone a prueba ciertos desafíos que podrían incluso comprometer a futuro la popularidad del presidente de la república.
¿En qué sentido?
Porque estamos hablando de la posibilidad, en un tiempo pertinente, de reformar la justicia. Ahora todos aquellos que dieron su voto positivo y aquellos que no lo dieron, estarán muy pendientes de las acciones y de la gestión que lleve adelante el gobierno para transformar la justicia. Definitivamente, la consulta popular es un ejercicio de participación de la ciudadanía, y una oportunidad para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la propia Constitución de la república del Ecuador. Se trata de una oportunidad también para mejorar el sistema de justicia; para regular los contenidos de los medios de comunicación; para consagrar el derecho de cada uno de los trabajadores de tener acceso a la seguridad social; a la oportunidad de potenciar un turismo sano, y no precisamente un turismo basado en los juegos de azar; la oportunidad de no permitir ya actos violentos o de crueldad como las corridas de toros, y que va en plena consonancia con lo que la propia Constitución ha establecido al reconocer los derechos de la naturaleza, y al reconocer el territorio de paz. Entonces, ésta no se trató de una consulta popular para el presidente sino de una consulta popular para los ecuatorianos, y para dar un giro sustancial y promover lo que ha sido uno de los ejes fundamentales de la revolución ciudadana que es el buen vivir. De modo que, salvando todas las distancias, evidentemente el presidente no necesitaría de una consulta popular si quisiera reafirmar o apuntalar su legitimidad.
Hay quienes sostienen que el gobierno hizo la convocatoria con el objetivo de fortalecer el Ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado, alegando que, frente a la ausencia de mayoría en la Asamblea Legislativa, se buscaba una salida a las reformas que quiere impulsar y no puede. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?
Nada más democrático que la convocatoria a una consulta popular, que el pueblo ecuatoriano pueda ejercer de manera directa esa democracia. Que sea el soberano, el pueblo ecuatoriano, el que decida sobre una reestructuración de una función judicial, de un sistema de justicia corrompido, obsoleto, e ineficiente, que ha traído muchos más problemas a la hora de restablecer la armonía dentro de la sociedad. Hay casos en los que, después de mucho esfuerzo, se han desbaratado organizaciones criminales, y luego, por una serie de artimañas y artificios de ciertos abogados, han salido libres, o esas prisiones preventivas han sido sustituidas por visitas a un juez cada semana o cada quince días. No lo podemos tolerar. Hay casos patéticos de la mala administración de la justicia.
El país está dolarizado, ¿se barajó en algún momento la idea de consultar por la posibilidad de ir por una moneda propia?
El tema es extremadamente sensible. Ha sido relativamente sencillo entrar en un proceso de dolarización, como ocurrió en 2000, pero es bastante difícil salir de este esquema monetario. Lo que ha hecho este gobierno es apuntalar esa dolarización, aun cuando sea el propio presidente el más crítico respecto de no tener una soberanía en este sentido. Todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno, el trabajo que ha venido haciendo, han sido en ese sentido: procurar una estabilidad económica y un crecimiento económico.
En otro orden de cosas, luego del reciente incidente con Estados Unidos en torno al supuesto cable filtrado por WikiLeaks, ¿cómo están hoy las relaciones entre ambos países?
El propio presidente ha reconocido que esta impasse suscitada con la embajadora Heather Hodges ha sido evidentemente una remoción del representante de Estados Unidos en Ecuador a través de su embajador y del nuestro en ese país, pero no más. El resto, las relaciones comerciales siguen tal cual, no han sido afectadas. Para evitar una afectación mayor, el gobierno ha tomado las previsiones del caso, en el evento específico de que no se renueven las preferencias arancelarias andinas, tener las compensaciones necesarias para la industria local, para los empresarios locales, para que no se vea afectada la economía y el empleo de las personas que están trabajando en esas empresas. La cancillería y el gobierno han intentado que las relaciones comerciales no se vieran afectadas.