Pablo Fajardo es abogado de la organización ecuatoriana Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT) que agrupa a las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la contaminación de la petrolera durante los 26 años que operó en el país. Nos encontramos con él en la II Conferencia Internacional sobre Transición energética y Democracia organizada por Tradener […]
Pablo Fajardo es abogado de la organización ecuatoriana Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT) que agrupa a las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la contaminación de la petrolera durante los 26 años que operó en el país. Nos encontramos con él en la II Conferencia Internacional sobre Transición energética y Democracia organizada por Tradener en Bilbao en pleno levantamiento popular contra el gobierno de Lenín Moreno.
Fajardo empieza el relato de lo que está sucediendo en Ecuador poniendo la mirada unos años atrás. Lo que hoy está pasando en el país no surge de la nada, sino que es fruto de las políticas de los últimos tres años, que han generado un repunte de la pobreza y el desempleo; así como el endeudamiento del país. Destaca una de las medidas impulsadas por el presidente Moreno para reactivar la economía, que consistió en perdonar deudas a grandes empresas nacionales e internacionales. De esta forma, grandes empresas, entre las que se encontraban algunas españolas como Repsol, se ahorraron el pago de impuestos, con el argumento de la necesidad de incentivar el crecimiento y la creación de empleo.
Las condonaciones de deuda para empresarios, junto a las privatizaciones, profundizaron la crisis económica generada por la caída del precio del petróleo y llevaron al país a la situación actual. De nuevo, Ecuador se encuentra con un plan de ajuste impuesto por el FMI a cambio de créditos para hacer frente a la deuda. Algunas de las medidas del «paquetazo económico» son la supresión de los subsidios a los combustibles, así como fuertes recortes de derechos para trabajadores y trabajadoras públicas. En cuanto a la subida de los precios de los combustibles, Fajardo nos explica cómo, a pesar de ser una medida muy concreta, tiene un alcance social y económico muy fuerte, ya que la economía del país depende de ello. Concretamente plantea las dificultades del campesinado para seguir produciendo y vendiendo sus productos a unos precios por debajo de coste, si además se encarecen los costes de producción por culpa de la eliminación de los subsidios.
Por otra parte, desde la UDAPT también recuerdan que el acuerdo con el FMI contiene otra cláusula, que es la obligación de reservar parte de los créditos para hacer frente al pago de laudos arbitrales. Se trata de un tema crucial ya que Ecuador se encuentra ante varios procesos de arbitraje internacional por demandas de empresas transnacionales. Es decir que el FMI obliga al Estado ecuatoriano a imponer su «paquetazo económico» para garantizar que tiene recursos suficientes para pagar demandas millonarias a empresas extranjeras. Uno de estos arbitrajes es bien conocido por Pablo Fajardo, ya que se trata de la demanda de la empresa Chevron por la sentencia que ganaron los afectados y afectadas.
La sentencia, refrendada por la propia Corte Constitucional de Ecuador en 2018, obligaba a la empresa a pagar 9,5 millones de dólares para reparar el daño ambiental. Sin embargo, Chevron Texaco nunca pagó la indemnización y en lugar de ello puso en marcha todas las estrategias posibles para evitar su responsabilidad. Con este fin interpuso una demanda en la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya en base al Tratado Bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, en la que demandaba al Estado ecuatoriano por «denegación de justicia». En contra de lo que había sentenciado la justicia ecuatoriana, los árbitros dieron la razón a la empresa con un laudo arbitral que obliga a Ecuador a anular la sentencia y pagar las costas judiciales a Chevron-Texaco, además de una indemnización por el daño moral causado.
Según Pablo Fajardo este laudo es inaplicable, ya que la sentencia es firme y los costes pueden ser millonarios. Y en este punto es donde la batalla judicial por el caso Chevron-Texaco se cruza con el levantamiento popular y el «paquetazo económico» impuesto por el FMI, así como con la represión y criminalización contra la UDAPT y el propio Fajardo. En palabras del abogado, se está produciendo un «chantaje internacional» en favor de la empresa.
Por un lado, aún no han fijado la cantidad que Ecuador tendrá que pagar a Chevron, a espera de que el Estado responda favorablemente con la retirada de la sentencia. Y es por ello que la persecución y criminalización de los miembros de la UDAPT vuelve a fortalecerse, ya que necesitan debilitar su resistencia para poder hacer efectiva la anulación de la sentencia. Y, por otro lado, este proceso se cruza con la situación de endeudamiento del país y el chantaje de los mercados internacionales y las instituciones financieras para que demuestren su buena voluntad en el cumplimiento de los tratados internacionales, como condición necesaria para acceder a créditos.
La situación, dice Fajardo, es muy parecida a la de los levantamientos de los años 90, en los que se consiguió echar a tres presidentes. Sin embargo, la diferencia hoy en día es que el presidente Lenín Moreno, con una tasa de rechazo del 85% -equiparable al 85% que conforman las mayorías sociales del país-, es mucho más sanguinario que sus antecesores. Los niveles de represión que se están produciendo hacen difícil conocer cuál será el desenlace de las movilizaciones que están sacudiendo el país. Además, el abogado afirma que se está produciendo una violación de los derechos humanos, como muestran las numerosas víctimas, también niños y niñas, la gente encarcelada injustamente, los hospitales bombardeados, la suspensión de clases, etc. Ante estas violaciones flagrantes de derechos humanos, añade, es lamentable el rol que está cumpliendo la ONU como mediadora, ya que está haciendo la vista gorda, en lugar de condenar las violaciones de derechos.
Júlia Martí Comas es investigadora de OMAL y forma parte de la redacción de Viento Sur.