«Somos claramente perseguidos políticos», dijo el periodista Juan Carlos Calderón, tras ver este lunes la cadena de televisión ordenada por el gobierno de Ecuador, centrada en el caso del libro que escribió con un colega sobre presuntos casos de corrupción que involucran al presidente Rafael Correa.
Correa demandó por daño moral, en condición de ciudadano particular, a Calderón y a Cristian Zurita por el contenido del libro «El Gran Hermano», aparecido en agosto de 2009 y en el cual se recoge y amplía una serie de ocho reportajes que realizaron para el diario guayaquileño Expreso, en sus calidades de editor general y de jefe de investigaciones en Quito.
La serie de Expreso, que empezó a aparecer el 14 de junio de 2009, señaló que Fabricio Correa, hermano mayor del presidente, mantenía varios contratos con el Estado para la realización de obras públicas.
Los trabajos, contratados por el Ministerio de Obras Públicas y la empresa estatal Petroecuador, se hacían a través de una serie de firmas que, a su vez, estaban ligadas a otras domiciliadas en Panamá, propiedad de Fabrico Correa.
El monto de los contratos llegó a «por lo menos» 80 millones de dólares, según las investigaciones iniciales, aunque luego una veeduría ciudadana afirmó que el monto es superior a los 600 millones.
Finalmente la cancelación de los contratos del Estado con las empresas de Fabricio Correa derivó en un fuerte enfrentamiento entre los dos hermanos.
En una entrevista en vivo con la periodista Estefany Espín, en radio FM Mundo, el presidente dijo este lunes que él no podía demandar a su hermano por respeto a la madre de ambos.
«El presidente Correa no solamente ha planteado una demanda en la que nos exige una indemnización de 10 millones de dólares, sino que está empleando los recursos del Estado para atentar en contra de nuestra honra e influenciar en la decisión de los jueces en la causa que nos sigue», señaló Calderón a IPS.
«No es Rafael Correa en defensa de su honor (quien actúa), sino el Presidente de la República, utilizando todo el aparataje del Estado en contra de dos periodistas que cumplieron con ética su trabajo», añadió.
«Tenemos lista nuestra respuesta. Apenas la causa arranque, nosotros vamos a ‘contrademandar’ al presidente», indicó Calderón, a quien aún no le llegó la notificación de la justicia por errores en las direcciones de los demandados.
La querella fue ingresada el pasado 28 de febrero de 2011 en el Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, pero solo se la conoció el 17 de este mes al publicarse en la página web de la Función Judicial.
El propio Fabricio Correa, en una entrevista con los autores de la serie periodística que apareció luego íntegramente en el libro «El Gran Hermano», declaró que su hermano Rafael conocía de tales contratos.
En la querella, el presidente Correa sostiene que «el libro, además de contener hechos falsos, menoscaba, hiere, mancilla mi dignidad y mi buen nombre (…) pretendiendo hacerme ver como una persona corrupta y deshonesta, poniendo en duda hasta mi integridad profesional al insinuar y vincularme con situaciones irreales, inexistentes y falsas, de falsedad absoluta».
Calderón señaló que «la obsesión del presidente es negar que él haya conocido los contratos de su hermano. Esa es su gran preocupación». «Pero no fuimos nosotros quienes lo afirmamos sino que lo hizo y lo sigue haciendo en abundantes declaraciones el propio Fabricio», añadió.
La Presidencia de Ecuador ha apelado reiteradamente a las cadenas de televisión en los últimos años. Algunas interrumpen noticiarios para refutar afirmaciones del entrevistador o de los entrevistados, y otras son empleadas, en horario de mayor audiencia, para promocionar posturas o acciones del gobierno.
«La cadena nacional de este lunes pretende que hemos caído en contradicciones. La producción televisiva empleó fuera de contexto una frase mía de septiembre de 2010. Y citó una sola frase del libro, una cabeza de nota o ‘lead’, sin referirse a la frase completa y textual dicha por Fabricio Correa», afirmó Calderón.
El libro «El Gran Hermano» ha sido «uno de los más leídos en el país, mientras desdibujaba la versión de un mundo limpio y feliz que intentaba, e intenta, ofrecer la Presidencia de la República», dijo Diego Cornejo, secretario ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, al presentar el jueves pasado la segunda edición ampliada del libro.
A los miles de ejemplares vendidos de la primera edición, se añadieron «múltiples copias piratas», confirmó a IPS el editor del libro Xavier Michelena. «Esta segunda edición contiene algunos documentos inéditos».
Cornejo dijo que el libro «se constituyó en un aviso temprano al país de que el ejercicio del poder político seguía sin separarse de los grandes negocios emprendidos por personajes vinculados de mil modos, incluso por lazos de sangre, como en los repudiados tiempos de la llamada larga noche neoliberal y de la llamada partidocracia».
Correa mantiene un fuerte enfrentamiento con varios medios de comunicación privados, a los que llama «prensa corrupta». El 5 de marzo, en su enlace sabatino 211, los acusó de «manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta y golpistas», mientras que a Calderón y Zurita los ha llamado «cucarachitas», «payasos» y «cantinflescos».
La Unión Nacional de Periodistas rechazó los calificativos utilizados por Correa, quien además ha criticado a periodistas y medios de actuar como «legisladores y jueces supremos» al exponer opiniones contrarias a la consulta popular promovida por el gobierno y que se celebrará el 7 de mayo.
El mandatario sostiene que temas de la consulta «afectan los intereses de grandes medios. Esas son las cosas que hay que combatir, esa es una de las preguntas de la consulta para que ya la prensa no se convierta en la Corte Suprema de este país», dijo.
La tercera de las preguntas del referendo introduciría una reforma a la Constitución para prohibir que las instituciones del sistema financiero privado y las empresas de comunicación privadas, así como sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación en paquetes accionarios fuera del ámbito financiero o de las comunicaciones, respectivamente.
De aprobarse una modificación de este tipo haría aún más estricta la prohibición constitucional de que los accionistas de bancos posean medios de comunicación, norma que entró en vigencia en octubre.
Ello obligó a Fidel Egas, principal accionista del Banco Pichincha, el más grande del país, a vender un canal de televisión y una editorial que publica cuatro revistas mensuales.
Aunque hay otros banqueros que poseían medios, nunca se ha hecho público si se desprendieron de ellos ni quiénes sean los nuevos dueños. Por el contrario, Egas hizo pública la transacción.
A su vez, la novena pregunta plantea que la Asamblea legislativa dicte «sin dilaciones» una ley de Comunicación «que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita» y «establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores»