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Piratería británica. Venezuela no puede acceder a sus reservas de oro

Fuentes: CLAE

El caso del oro venezolano en Londres se remonta a mayo de 2020, cuando el BCV presentó una demanda contra el Banco de Inglaterra por su negativa a dar acceso a las reservas de oro.

En un insólito fallo de la Justicia británica en contra de Venezuela, cónsono con la historia “pirata” de la expotencia colonial, le negó el acceso al país a las reservas de 31 toneladas de oro del país, valuadas en unos 1.900 millones de dólares, en manos del Banco de Inglaterra.

La corte británica reconoce como legal al inexistente gobierno del opositor Juan Guaidó, respaldado (cada vez con menos ínfulas) por Estados Unidos y algunos países europeos.

Esta parte del proceso se centró en si la justicia británica considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó tras autoproclamarse como mandatario interino. Los directivos nombrados por el opositor –que no tienen injerencia alguna en el BCV- ordenaron al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva del oficialismo.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tachó la decisión de terrible, nefasta, insólita y destemplada, y llamó al gobierno británico a rectificar y no seguir con la payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país, “que no lo es y no lo será nunca porque el pueblo conoce su historial al frente de un grupo criminal que, entre otras cosas, causó mucho daño llamando a invasiones, crímenes y bloqueos económicos”, dijo Rodríguez.

Agregó que Guaidó no goza del afecto del pueblo venezolano y aseguró que en Venezuela se hará justicia con ese grupo criminal. La vicepresidenta dejó claro que el BCV, único facultado para administrar esos activos, dejó esas reservas en custodia en Reino Unido, y la decisión del tribunal viola el derecho internacional.

La vicepresidenta subrayó que el BCV acudió ante los tribunales británicos para que se corrigiera la insólita decisión de las autoridades de Reino Unido de reconocer un gobierno inexistente y recordó que la maniobra para apropiarse del oro venezolano se une a las medidas restrictivas unilaterales impuestas por EEUU y otros países contra Venezuela.

“Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados”, añadió en un comunicado el Banco Central venezolano.

El BCV rechazó el insólito pronunciamiento del tribunal, que violenta el estado de derecho internacional y el orden constitucional y legal del país, según un comunicado en el que indicó que apelará.

Un codicioso botín para la banda de estafadores que, tras haber obtenido de sus padrinos de Washington la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra su propio país, intentaron confiscar sus bienes en el extranjero por cuenta de la administración estadounidense, señala la analista Geraldine Colotti.

Ahora, tras un juicio de cuatro días que finalizó el 18 de julio, la jueza Sara Cockerill ha encontrado que la ley británica no permite validar las sentencias por las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela revocó los nombramientos del consejo del BCV hechos por Guaidó. El fallo de la juez británica, sin embargo, aún no autoriza al autoproclamado a hacerse con el botín. Habrá que esperar a otra audiencia, y al recurso que ha presentado el gobierno bolivariano.

Un caso que sigue

El caso del oro venezolano en Londres se remonta a mayo de 2020, cuando el BCV presentó una demanda contra el Banco de Inglaterra por su negativa a dar acceso a las reservas de oro.

A principios de 2019, el gobierno británico se unió a decenas de países para respaldar a Guaidó y presionar a Maduro, a quien acusan –sin prueba alguna -de haber manipulado las elecciones de 2018.

En mayo de 2020, el presidente de la junta oficial del BCV, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas, que iba a ser destinado a un fondo de la ONU para la lucha contra la covid-19 en Venezuela.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema del Reino Unido dijo que Guaidó debe ser reconocido como el verdadero presidente de Venezuela, marioneta de Washington para derrocar –por las buenas o las malas- al gobierno, y que esto le permitiría el acceso las reservas de su país.

La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, falló que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, respaldado por la presidencia de Nicolás Maduro, destinadas a reducir la injerencia de Guaidó, sobre el oro deben ignorarse.

Festejos con reservas

Por ridícula que parezca la situación a esta altura del descrédito interno y externo de Guaidó, cabeza local visible del plan Trump para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, de cualquier forma hubo festejos de sectores opositores urgidos de anotarse una victoria.

En medio del congelamiento de la estrategia Trump por parte de la administración Biden y la salida del gobierno de la retaguardia Duque en Colombia, el fallo de la justicia británica  es casi el único respiro que le queda a Guaidó para mostrarse al mando de algo.

Aunque eso tampoco es así, la repudiada decisión de la jueza Cockerill no cambia una decisión previa, que impide a Guaidó hacerse de esos fondos, o utilizarlos de alguna manera. De cualquier forma, partidos guaidosistas, como Primero Justicia, abrieron el paraguas y pidieron que “un permanente mecanismo transparente de manejo y rendición de esos activos” y remarcaron que eso “hasta ahora, no ha sucedido”.

“Aprovechamos esta decisión sobre el oro venezolano para ratificar la necesidad urgente (…) de despartidizar el manejo de los activos de la República y crear un fideicomiso independiente, técnico y transparente”.

Queda claro que la piratería en este caso no es solo inglesa, claramente, sino hacia adentro de la oposición. El otro interrogante que queda abierto es hasta cuándo se mantendrá el status quo de no detener a Guaidó, quien sigue en Venezuela, ahora con la potestad (como decíamos, con limitantes) sobre casi 2 mil millones de dólares en oro, rapiñados al Estado venezolano.

 * Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTV en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).