No resulta fácil señalar a unos políticos como más culpables que otros, pero conforme van apareciendo noticias resulta más claro que debemos situar en el ámbito político a los responsables últimos del desastre, con las colaboraciones intencionadas de quien se quiera, pero son ellos los que, bajo el amparo de sus inmunidades, legales o de […]
No resulta fácil señalar a unos políticos como más culpables que otros, pero conforme van apareciendo noticias resulta más claro que debemos situar en el ámbito político a los responsables últimos del desastre, con las colaboraciones intencionadas de quien se quiera, pero son ellos los que, bajo el amparo de sus inmunidades, legales o de facto por connivencia de las administraciones públicas sobre las que ejercen todo el poder, o las instituciones intermedias, con formas jurídicas que se aprovechan de las debilidades de lo que no es del todo público ni del todo privado, pero que son obedientes y terminan por hacer de depredadores de la producción dentro de un territorio político-administrativo.
El problema de los depredadores es el ecosistema en el que intervienen y el crecimiento de la población depredadora y su voracidad. No se puede negar que la democracia y el haberse sumado al proyecto europeo, han significado un aumento de la riqueza en España, pero también ha generado una ampliación de las instituciones y de los actores influyentes por la vía de la promulgación de leyes y normativa, que ha comportado que los beneficiarios al margen de la producción directa de riqueza, hayan sacado un buen trozo del pastel, por lo que lo que ha quedado para repartir en la sociedad ha disminuido considerablemente.
Y en estas que ha llegado la crisis de 2007 (en EEUU y Europa en 2008) y ha mostrado que todo el entramado del poder público-privado, con los grandes bancos en la base del desarrollo de no sólo la burbuja inmobiliaria sino de la burbuja financiera permitida y animada desde los bancos centrales (Reserva Federal y Banco Central Europeo), ha dado ganancias exageradas a más no poder a aquellos que predicando el mercado libre se benefician de la autoridad política discrecional y de las informaciones privilegiadas, todo ello en medio de un entramado legal que protege a los culpables.
La corrupción ha sido institucionalizada desde el poder político, nos muestren declaraciones de renta o lo que quieran. La protección jurídica del inocente (presunto) la usan para impedir que se pueda denunciar si no hay pruebas tan evidentes que comprometen al denunciante e incluso pueden acabar con su vida o con lo poco que puedan tener, o han de hacerlo desde instancias que «controlan» cuando parar la acusación, pero eso no quita que siendo cada vez más los depredadores y disminuyendo ahora la riqueza del ecosistema, la gente, la pobre buena gente, se pregunte por qué narices tiene que pagar eurodiputados a sueldo de oro, o políticos que se enriquecen, ellos, sus familiares o sus amigos.
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